lunes, 25 de marzo de 2024

ONGs ven posible abatir la desigualdad (si Claudia-Xóchitl-Máynez se comprometen)

Diversas organizaciones plantean al nuevo Gobierno una reforma fiscal en México que incluya el aumentar los impuestos a los más ricos.

Organizaciones que defienden la rendición de cuentas y la igualdad en materia fiscal, exigieron al próximo Gobierno federal una nueva Reforma Fiscal progresiva que incluya reducir los beneficios fiscales y recuperar el impuesto a las herencias multimillonarias.

Esta demanda de una nueva Reforma Fiscal no es fortuita y se enmarca en un contexto de baja recaudación de impuestos en México. Por ejemplo, los ingresos tributarios recaudados en 2022 fueron el equivalente al 16.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), con lo cual se mantuvo en el último lugar de los 38 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico​s (OCDE), donde el promedio de recaudación es del 34 por ciento.

La Alianza contra la Desigualdad México, un movimiento a nivel global que lucha para desafiar los privilegios y contrarrestar la excesiva concentración de poder y riqueza en manos de una pequeña élite, envió al Instituto Nacional Electoral (INE) dos preguntas para que sean incluidas en el primer debate presidencial el próximo 17 de abril.

“¿Qué política fiscal aplicarías para reducir y reparar las brechas de desigualdad del país que aquejan a todos los grupos vulnerables? y ¿la política fiscal progresiva de impuestos a la riqueza es algo que se retomará como parte de la reparación en tu gobierno?”, son los dos planteamientos dirigidos a las candidatos Claudia Sheinbaum Pardo (Sigamos Haciendo Historia), Xóchitl Gálvez Ruiz (Fuerza y Corazón por México) y Jorge Álvarez Máynez (Movimiento Ciudadano).
Aline Zunzunegui, coordinadora de la Alianza contra la Desigualdad México, adelantó que el día 17 de abril realizarán una manifestación afuera de las instalaciones del INE para plantearle a los candidatos el tema del impuesto a la riqueza.
“Tenemos unas preguntas para las candidatas y el candidato sobre la política fiscal que planean implementar en su sexenio; queremos saber cuál es su postura respecto a las empresas y condonación de impuestos”, explicó en entrevista.
El jueves pasado, la candidata Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre el tema de los impuestos a los empresarios, luego de que el magnate Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, fue señalado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de adeudar al fisco 63 mil millones de pesos.
“Hay que pagar impuestos. Los ciudadanos pagamos impuestos, los empresarios ahora pagan más impuestos. Casi no hay resistencias ya, los empresarios están pagando sus impuestos, hay algunos casos en particular y no debe haber condonaciones de impuestos, se tiene que pagar lo que se tiene que pagar. En México y en todo el mundo así debe ser y así es”, aseguró el pasado 21 de marzo en conferencia de prensa desde Monterrey.
La candidata aseguró que en caso de ganar la presidencia mantendrá la política del actual gobierno de no condonar impuestos e impulsará una mayor digitalización en el SAT para ampliar la base de contribuyentes.

La Alianza contra la Desigualdad México, una de las organizaciones que impulsa estas dos preguntas en materia fiscal para los candidatos, se ha unido al movimiento mundial Fight Inequality (Luchar contra la desigualdad), al cual se han sumado más de 30 países y que busca que los ricos paguen impuestos por su riqueza.

De acuerdo con el informe “Taxing Extreme Wealth”, realizado en 2022 por Fight Inequality, hay 13 multimillonarios mexicanos que aumentaron su riqueza durante la pandemia y si el Gobierno les cobrara impuestos por esa riqueza recaudaría el suficiente dinero para destinarlo a sectores como la salud y educación.

Según los datos, multimillonarios mexicanos como Carlos Slim Helú, Ricardo Salinas Pliego o Germán Larrea Mota Velasco pagan de impuestos menos del 35 por ciento de sus ganancias, pero los ricos de otros países gravan porcentajes más elevados: Nueva Zelanda (36 por ciento), Senegal (40 por ciento); Reino Unido, Sudáfrica, Alemania, Japón (45 por ciento); España (47 por ciento) y Francia (49 por ciento).

A diferencia de otros países, en México las personas que incrementan su riqueza al heredar fortunas multimillonarias no están obligadas a contribuir al gasto público, pues la ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) establece que no se pagará impuesto alguno por la obtención de herencias, una exención que privilegia a las personas de mayores recursos y es una de las explicaciones de la baja recaudación de impuestos que históricamente ha caracterizado al Estado mexicano, destacan organizaciones como Fundar.

Una de las propuestas que han realizado organizaciones como Fundar y Alianza contra la Desigualdad México consiste en sustituir la exención actual —equivalente a todos los bienes heredados— por un límite exento de 8 millones de pesos, lo que sólo impactaría al 1 por ciento de la población más rica del país.

LAS 12 PROPUESTAS PARA REDUCIR LA DESIGUALDAD

Sobre la necesidad de una nueva reforma fiscal en México, el pasado 19 de marzo, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A.C. (CIEP), la Fundación Friedrich Ebert, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, el Instituto de Estudios Sobre la Desigualdad (Indesig), México Evalúa, Oxfam México y el Programa Universitario de Estudios de Desarrollo (PUED) UNAM anunciaron la creación de la Alianza por la Justicia Fiscal.

Entre las propuestas realizadas por las organizaciones destacan las de Fundar, que plantea aumentar las tasas de ISR, reducir los beneficios fiscales y recuperar el impuesto a las herencias multimillonarias.

Enrique Providencio, director del PUED UNAM, refirió la necesidad de una reforma fiscal que reduzca y repare las brechas de desigualdad y aumente el financiamiento disponible para fortalecer a las instituciones públicas, garantizar derechos e impulsar el desarrollo sostenible, de manera progresiva, justa y con perspectiva de género.
En su intervención, Alejandra Macías, directora ejecutiva del CIEP, agregó que una reforma fiscal no solo debe considerar el fortalecimiento de los ingresos federales, también de los gobiernos subnacionales. “La tenencia a nivel estatal y el predial a nivel municipal tienen un alto potencial para fortalecer la recaudación local”, expresó.

Carlos Cabrera, coordinador económico de la FESMEX, destacó que para mantener un gasto público de calidad se requieren recursos provenientes de fuentes estables y sostenibles. Para ello, es necesario implementar una recaudación justa de impuestos donde quien tiene más pague más.

Las 12 propuestas de la de la Alianza por la Justicia Fiscal son:

1. Aumentar la incidencia del ISR sobre los estratos económicos de mayores ingresos. Esto se puede lograr si se incrementa la tasa marginal máxima, se reduce el umbral de ingresos a partir del cual se cobra la actual tasa marginal máxima y se crean nuevos tramos entre la actual tasa marginal máxima y la nueva.

2. Limitar los beneficios fiscales para las personas de ingresos más altos a través de un tope de ingresos para el acceso a estos beneficios, justificar cada uno de ellos de forma robusta, incluir cláusulas de vencimiento y transparentar todos los beneficios fiscales puede reducir la discrecionalidad en su otorgamiento y hacerlos menos regresivos.

3. Equiparar las tasas impositivas entre el trabajo y el capital. En el actual sistema, las tasas reducidas o exenciones generalizadas a determinadas rentas de capital son tratamientos preferenciales que benefician principalmente a los hombres de mayores ingresos. Esto
debe revisarse, pues perpetúa y agrava las desigualdades.

4. Fortalecer la capacidad administrativa de los gobiernos locales para recaudar el predial a través de medios electrónicos, mejorar los registros catastrales por medio de la tecnología y fortalecer su vinculación con los sistemas tributarios, así como homogeneizar los sistemas de cálculo y liquidación de los tributos.
5. Transformar la tenencia en un impuesto verde sobre la propiedad de automóviles. Además, las emisiones contaminantes se deben
incluir en el cálculo del impuesto para los automóviles de valor alto.

6. Explorar la posibilidad de un impuesto especial a los jets privados y los yates, ya que México es el segundo país con más jets privados en el mundo y los ingresos recaudados por medio de un impuesto podrían destinarse, por ejemplo, a la mitigación y adaptación al cambio climático.

7. Reducir las exenciones en el IEPS al carbono y aumentar gradualmente el precio subyacente por tonelada de CO2. Se debe cubrir una mayor cantidad de emisiones y así desincentivar el consumo de combustibles.

8. Etiquetar impuestos. Se propone que la legislación destine una parte significativa de los ingresos fiscales recaudados a través de las propuestas presentadas a sectores o programas específicos relacionados con ellas.

9. Introducir una garantía presupuestaria para el sistema de salud para las personas sin seguridad social.

10. Fortalecer la regulación de los ajustes presupuestarios, del uso de los ingresos excedentes y el endeudamiento. Esto permitirá aumentar el control democrático sobre la asignación de recursos y fortalecer la rendición de cuentas.
11. Robustecer la transparencia y la rendición de cuentas de los fideicomisos. Es necesario hacer más plural la integración de sus comités técnicos, ampliar el contenido de sus informes, llevar a cabo auditorías y evaluaciones obligatorias, crear un registro único y establecer parámetros para su creación y extinción.

12. Medir el impacto presupuestario de las reformas legislativas. Es fundamental que todos los proyectos de ley o decretos incluyan una evaluación de impacto presupuestario. Estas podrían ser elaboradas y verificadas por el Centro de Estudios de Finanzas Públicas (CEFP) y el Instituto Belisario Domínguez (IBD).

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: GUADALUPE FUENTES LÓPEZ.

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