El periodista Jaime Barrera Rodríguez -conductor del noticiario nocturno de la cadena Televisa y columnista del diario El Informador, ambos medios locales de Jalisco-, solicitó su incorporación al Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, adscrito a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), según lo reveló, el 19 de marzo de 2024, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez.
“Ya declaró ante la fiscalía y vamos a darle seguimiento al tema, como lo he dicho. Hay que llegar al fondo de la investigación y estamos atentos a cualquier petición que tuviera Jaime para poder apoyar con su seguridad. Entendemos que solicitó este Mecanismo de seguridad a nivel nacional y si nosotros en algo más podemos ayudar, lo haremos con gusto”, dijo el mandatario jalisciense, citado por el diario Milenio.
El 16 de marzo de 2024, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco informó que dos personas fueron imputadas por su probable responsabilidad en el delito de cohecho y encubrimiento por la privación de la libertad de Barrera Rodríguez, ocurrida el día 11 del mismo mes y año.
A través de un comunicado, la institución de procuración de justicia estatal precisó que la indagatoria inició con la denuncia de la desaparición del comunicador, cuando salía de las instalaciones de una radiodifusora ubicada en la colonia Jardines de San Ignacio, del municipio de Zapopan.
La FGE destacó que de manera inmediata se implementaron diversos operativos de búsqueda y derivado de labores de inteligencia se identificó la participación de un vehículo SUV, de la marca Honda, modelo CRV, en color azul.
Al continuar con las indagatorias, los elementos de la Policía de Investigación de la FGE ubicaron dicho automóvil en la colonia Hacienda Del Valle, en Zapopan, y a dos personas que se encontraban lijando la referida camioneta, presuntamente con la intención de cambiarla de color.
Ambos individuos fueron detenidos y puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien, después de realizar diversos actos de investigación, judicializó el caso. Una vez que fueron presentados ante el juez de Control, el agente ministerial los imputó por los delitos de cohecho y encubrimiento.
Debido a que la defensa de las dos personas detenidas solicitó la ampliación del término constitucional de las 144 horas, el órgano jurisdiccional les impuso la prisión preventiva justificada, por lo que el jueves 19 de marzo de 2024, sería cuando se resolvería su situación jurídica.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.
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