Las acciones en el gobierno de AMLO muestran continuidad de estrategias de sexenios previos: entre 2018 y 2024 Sedena realizó 33 mil aseguramientos de drogas, 40% concentrados en Guanajuato, Baja California y Sonora.
De mantenerla, será cada vez más complejo encontrar condiciones para la reparación, justicia, verdad, garantía de derechos humanos y recomposición del tejido social, alerta la organización Elementa DDHH en su informe Radiografía de la prohibición, que será presentado este martes.
Mientras que el presidente ha sostenido la narrativa de “Abrazos, no balazos”, las acciones muestran, en cambio, la continuidad de estrategias de combate de sexenios anteriores, pues a lo largo de su administración se privilegió contrarrestar el mercado ilícito de drogas mediante aseguramientos, decomisos y enfrentamientos.
De esta manera, entre 2018 y 2024, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reportó haber realizado 33 mil 067 aseguramientos de drogas, el 40.3% de estos concentrados en tres estados: Guanajuato (16%), Baja California (12.17%) y Sonora (12.15%), consigna el informe.
Esto pese a que durante su campaña y posterior triunfo en 2018, López Obrador generó la expectativa de replantear la política de drogas de corte prohibicionista, que tenía al país sumido en violencias y vulneraciones a derechos humanos, tal como documentaron Elementa DDHH y Animal Político en Miedo, castigo y estigma: el fracaso de la política de drogas de AMLO.
Radiografía de la prohibición es el resultado del monitoreo, durante todo el sexenio, de la política de drogas a nivel federal, que ha colocado al mercado ilícito de sustancias psicoactivas como eje central para sustentar políticas de securitización y justificar el poder político del Ejército en la vida pública.
En lugar de una pacificación –subraya la organización–, se modificó el ordenamiento jurídico para continuar la militarización de la seguridad pública y se reforzó el despliegue militar a través de la Guardia Nacional que, para 2023, estaba compuesta en más de un 88.8% por elementos de la Sedena y la Secretaría de Marina (Semar).
Mientras tanto, persiste un estancamiento del proceso de regulación de la mariguana en el Congreso, pese a que se trataba de una iniciativa alineada al plan de gobierno de levantar la prohibición, al mismo tiempo que se perpetúa una criminalización de la población usuaria de drogas y la persecución penal “en contra de los eslabones más expuestos del mercado ilegalizado”, sostiene el informe.
Aunado a ello, durante el sexenio se configuraron nuevos epicentros de la violencia: Guanajuato, Jalisco y Zacatecas han registrado un incremento considerable en desapariciones de personas, masacres y detenciones.
“Particularmente, la desaparición se ha convertido en una práctica de castigo empleada por grupos del crimen organizado coludidos con actores estatales, que se disputan el control del mercado de drogas en el país”, puntualizala organización.
Amnistía, un mecanismo a fortalecer
Pese a la persistencia del prohibicionismo, la amnistía fue un mecanismo que permitió que al 11 de marzo de 2024, 369 personas hayan recuperado su libertad, entre las cuales hay 125 mujeres y población LGBTTTIQ+, y 244 hombres, de acuerdo con la Radiografía de la prohibición.
De ese total, el 98% estaban privadas de la libertad por delitos de drogas, concentradas en tres conductas tipificadas: transporte en un 71.2%, posesión en un 8.2% e introducción al país en un 5.6%.
En la modalidad de transporte, el 64.4% de las personas beneficiadas son hombres, mientras que el 41% son mujeres; en contraste, cuando se trató de posesión, el 58.3% fueron mujeres y el 40% hombres. Además, la cannabis representa el 59% del total de sustancias psicoactivas por las que se encontraban en reclusión, seguida de las metanfetaminas –el consumo más alto actualmente– en un 16%.
De ahí que Elementa DDHH concluya que la amnistía es un mecanismo que debe fortalecerse para que sea más accesible y beneficie a un mayor número de personas.
Sector público, rebasado para tratamiento
En este panorama, el sector público en México está rebasado frente al incremento exponencial en la demanda de tratamientos por consumos problemáticos de metanfetamina, que registraron un aumento del 451% entre el 2013 y el 2022.
Hoy, el sector privado concentra los centros de rehabilitación irregulares conocidos como “anexos”: de 2 mil 129 que existen, solo 438 están registrados ante la Comisión Nacional contra las Adicciones –hoy Comisión Nacional de Salud mental y Adicciones (Conasama)– y solo un 46% de estos últimos opera con licencia vigente.
“Esto es alarmante tomando en cuenta las múltiples violaciones a derechos humanos cometidas en este tipo de centros. La violencia contra personas internadas en centros de rehabilitación irregulares se ha recrudecido durante los últimos años”, señala la Radiografía de la prohibición.
La segregación que viven las personas internadas en centros irregulares –añade– y su falta de fiscalización les hacen más vulnerables frente al contexto de violencia generalizada en el país. Durante 2020, de 13 anexos atacados, 12 eran irregulares y no tenían registro alguno.
Conasama admite incremento en consumo de fentanilo
En días recientes, la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama), que pronto cumplirá un año de haber sido creada –29 de mayo de 2023– dio a conocer un informe específico sobre la demanda y consumo de fentanilo en México, en el que admite que “ha transitado de ser un país de paso, como en el caso de otras sustancias, a ser un país donde se está gestando el consumo, principalmente en un contexto fronterizo”.
La dependencia detalla que mientras que entre 2013 y 2017 solo ocasionalmente se recibieron casos de consumo de fentanilo en centros de tratamiento –principalmente de usuarios que consumían fármacos legales fuera del contexto médico–, a partir de 2018 el número de casos de tratamiento por uso de fentanilo ilícito creció a decenas en 2020 y centenas en 2021.
“De hecho, si tomamos en cuenta que las importaciones de materia prima y producto terminado de fentanilo farmacéutico registradas por la Cofepris entre 2021 y 2024 ascienden a 7 mil 233.25 gramos, es posible inferir que el incremento del uso de la sustancia no se debe a la disponibilidad de fentanilo farmacéutico”, añade la Conasama.
Sin embargo, hasta hace poco el gobierno de México seguía considerándolo como un problema mínimo e incluso publicó una reforma a la Ley Federal para el control de precursores químicos, productos químicos esenciales y máquinas para elaborar cápsulas, tabletas y/o comprimidos con la finalidad de imponer controles más estrictos para la comercialización de fentanilo médico.
“A pesar de las limitaciones en la disponibilidad del fentanilo farmacéutico en nuestro país, el uso excesivo de opioides durante las últimas décadas en los Estados Unidos ha tenido importantes repercusiones en la dinámica de oferta y consumo en México”, reconoce ahora la Conasama.
Incremento en tratamiento, atención a urgencias y defunciones
El informe detalla que luego de que entre 2019 y 2020 los casos de tratamiento por consumo de fentanilo pasaran de 25 a 72, para 2021 crecieron a 184, para 2022 a 333 y finalmente, en 2023 alcanzaron los 430. Estos se han concentrado primordialmente en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora.
La Conasama recupera diversos informes de organizaciones de la sociedad civil que promovieron el análisis de sustancias, como uno de la Red Mexicana de Reducción de Daños (Redumex) en el que se analizó parafernalia –jeringas, “cookers” y envoltorios– de 89 usuarios de heroína con tiras reactivas a fentanilo: 93% de las muestras de “China White” lo contenían en la zona fronteriza.
Consama agrega que de acuerdo con la estadística de salas de urgencias y admisión continua del sistema de salud mexicano, de 2013 a 2014 se atendió a 5 mil 901 personas por urgencias relacionadas con el uso de opioides, pero 2019 (721), 2022 (713) y 2023 (759) fueron los años en los que más se presentaron. En 2023, los estados con más atenciones de este tipo fueron Baja California, Ciudad de México, Sinaloa y Chihuahua.
En tanto, el informe presenta también un análisis de estadística de defunciones, entre las que de 2013 a 2o22 se contabilizaron 114 muertes relacionadas con el uso de opioides, con una posible tendencia al incremento –aunque los máximos fueron de 26 casos en 2020 y 19 en 2021–, principalmente en Baja California, Chihuahua y Sonora.
“Si bien no se puede aseverar que estos casos son secundarios al uso de fentanilo, tomando en cuenta que en la frontera norte se estuvo documentando en los últimos años el uso de ‘China White’, es probable que en algunos de estos casos dicha sustancia estuviera involucrada, sobre todo en estados fronterizos”, precisa el informe.
Aunque admite que “hasta el momento son insuficientes los datos objetivos sobre las defunciones por consumo de fentanilo”, documenta que hay buenas prácticas locales de monitoreo ante este fenómeno, como la del Servicio Médico Forense de Baja California, cuyo laboratorio de toxicología tiene un programa desde 2022 para detectar la presencia de sustancias psicoactivas. De mil 775 análisis que han hecho, 896 han sido positivos, 39% de ellos a fentanilo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MARCELA NOCHEBUENA.
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