De acuerdo con el INAI, Presidencia incumplió con el procedimiento de búsqueda establecido en la Ley Federal de Transparencia al no consultar a todas las unidades administrativas competentes.
A través de un comunicado, el INAI detalla que se debe transparentar la información de agosto de 2022 y septiembre de 2023, así como sus anexos y cualquier documento de soporte utilizado para su emisión (videos, entrevistas, mensajes entre personas claves, comunicaciones telefónicas, capturas de pantalla, conversaciones, cuestionarios, entre otros).
Razones de la resolución
De acuerdo con el INAI, una persona hizo una solicitud a la Consejería Jurídica sobre los informes del caso Ayotzinapa pero la dependencia indicó que “no había registro o constancia alguna sobre la información requerida“.
Ante la negativa, la persona solicitante presentó un recurso de revisión ante el INAI, argumentando que la dependencia no buscó en otras áreas competentes ni en los archivos de la Presidencia de la República.
Sin embargo, la Consejería Jurídica reiteró su respuesta inicial y señaló que “no está en posibilidades de buscar en los archivos de la Presidencia de la República, ya que se trata de un sujeto obligado distinto”.
El caso fue atraído al Pleno del INAI bajo la ponencia de la comisionada Norma Julieta del Río Venegas, en la que se determinó que la dependencia incumplió con el procedimiento de búsqueda establecido en la Ley Federal de Transparencia al no consultar a todas las unidades administrativas competentes.
“Si bien la Consejería Jurídica no es la responsable de emitir los informes requeridos, al haber ejercido sus atribuciones tanto en juicios de amparo como en la presentación de denuncias relacionadas con el Caso Ayotzinapa, puede conocer la información, sobre todo, porque está inmersa en esos procedimientos“, resalta el comunicado.
Por lo anterior, el INAI revocó la respuesta de la Consejería Jurídica de Presidencia y le instruyó hacer una nueva búsqueda de la información en todas sus unidades administrativas competentes.
La comisionada Norma Julieta del Río Venegas dijo que “el esclarecimiento de los hechos del 26 de septiembre de 2014 fue uno de los compromisos que generó más expectativa al inicio de la actual administración federal y para el cual se creó dicha Comisión”.
Sostuvo que el reclamo social sigue vigente y no parará hasta conocer la verdad de los hechos y lograr la reparación del daño a los afectados, por ello, la importancia de abrir información relacionada con el caso.
“Gracias a la existencia de institutos como el INAI se ha podido abrir información a la sociedad por ser un caso de máximo interés; esa es la importancia del INAI. Entonces, la Consejería Jurídica de Presidencia deberá de atender esta resolución y entregar la información que se solicita del caso Ayotzinapa”, afirmó.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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