“Fue muy difícil, porque aparte de empezar por ver las escuelas, las colegiaturas, los uniformes, útiles, todo, pues había que atenderlos, y no era solo atender un Niño por atender, sino atender a los niños que traen un problema de que su mamá murió, no es fácil. Entonces también tenía que pensar en los psicólogos”, contó.
El caso de Margarita es una de las 188 historias de niñas, niños y adolescentes que se han quedado bajo resguardo de su abuela o algún otro familiar, como consecuencia del feminicidio de su madre en la Ciudad de México; pero que el gobierno capitalino solamente brinda apoyo psicológico a 30 de ellas y ellos.
Dos años después de haber perdido a su hija, la señora Alanís fue notificada por la Fiscalía General de Justicia de la capital del país para reconocerlos como víctimas indirectas de feminicidio, sin embargo, la atención que le brindaron solo duró dos años y no volvieron a saber de psicólogos.
“Me citaron en la fiscalía para firmar unos documentos, que hasta después me enteré de que se trataba de mis derechos, yo no los entendí. Luego me citaron en para hacerme un estudio socioeconómico y un estudio psicológico para ver qué tanto me había dañado y a los niños. Esa fue la primera violación de sus derechos humanos”, explicó.
El Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en condición de orfandad por feminicidio, publicado el cuatro de agosto de 2021 en el Diario Oficial de la Federación, delinea que en el momento del registro del delito las dependencias, locales como federales, deberán brindar apoyo psicológico, económico, médico y acompañamiento judicial.
Los primeros respondientes son las autoridades estatales y en segunda instancia el gobierno federal, a través del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) la Secretaría de la Mujer, Fiscalías, Comisiones de Víctimas y de Derechos Humanos en colaboración asociaciones civiles y universidades.
De acuerdo con respuestas a solicitudes de información al SNDIF y sus homólogos en las tres entidades con mayor número de feminicidios a nivel nacional —Estado de México, Nuevo León y Ciudad de México— y a las fiscalías locales para saber el número de víctimas indirectas menores de edad; todas respondieron que no había un registro actualizado.
Incluso el jueves 11 de abril el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) emitió un llamado a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) para que informe la cifra de población infantil en situación de orfandad por feminicidio en México.
Que, de acuerdo con la última cifra oficial proporcionados por las fiscalías de los estados, desde abril de 2018 a marzo de 2021, se documentaron cinco mil cincuenta y siete niñas, niños y adolescentes huérfanos por feminicidios en México; sin embargo, la cifra de atención a dichas víctimas de menos del 2% a nivel federal, el SNDIF solo reportó atención a tres menores, de acuerdo con las respuestas a las solicitudes de información.
En Nuevo León, la segunda entidad con mayor número de víctimas de feminicidio en todo el país, contabilizó 160 víctimas, solo en el año pasado; mientras que la Comisión Estatal de Víctimas registró 222 niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por el asesinato de su madre por razón de género; pero no hay registro de que reciban algún apoyo.
Para Lida Arteaga, activista por los derechos de las víctimas indirectas de feminicidio en Nuevo León, esta situación deja en mayor vulnerabilidad a las infancias en este contexto, a cargo de las abuelas que tiene que reactivarse económicamente y proveer a sus nietos ante la falta de sus padres y del apoyo gubernamental.
“Aquí en Nuevo León las víctimas son totalmente invisibilizadas, cuando pasa el delito de feminicidio, se supone que hay protocolos, que van a hacer cuidados y resguardados, pero la realidad es otra, cuando pasa el feminicidio, las abuelas quedan totalmente impactadas por la pérdida de su hija y lo que pasa es que la comisión de víctimas su papel es resguardar a las víctimas indirectas, reparación de daños inclusive con gastos funerarios”, comentó.
La organización que encabeza Lidia calcula que en los últimos cuatro años se encuentran alrededor de 900 niños en este contexto, usando una metodología de multiplicar el número de feminicidios por 2.7, que es el promedio de hijos entre las víctimas de este delito; de las cuales asegura la mayoría no sabe que hay programas.
“Las víctimas, en su mayoría, viven en lugares de clase baja, son revictimizadas por las autoridades, no hay un seguimiento al caso, ni acompañamiento empático y, al final, terminan siendo ignoradas y marginadas”, agregó la activista de la asociación cristiana “Futuro con Derechos”.
Conforme a los datos proporcionados por Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la entidad con mayor número de víctimas de feminicidios es el Estado de México; tan solo en 2023 se registraron 86 feminicidios; de los cuales solo hay registro de la atención a siete niños, niñas y adolescentes que quedaron en la orfandad por el asesinato de su madre, sin un dato del número de total de víctimas indirectas.
A María, una mujer de la tercera edad, pensionada y que ahora se hace cargo de sus dos nietos, tras el feminicidio de su hija hace dos años en el Estado de México contó cómo fue el apoyo que recibió de parte del gobierno estatal y el giro de 360 grados que dio su vida, cuando se encontraba en su primer año de jubilación y volver a trabajar para los niños.
“Son dos, una niña de diez años y un adolescente de 19. En el momento en el que fallece mi hija fue muy difícil, porque yo ya pensaba en descansar, en llevar un proyecto de vida, en dedicarme a mí a mi esposo, a mi compañero, nunca me imaginé que fuera a tener que cuidar otra vez niños y lo más difícil, salir de la depresión y que los chamacos no se vinieran abajo”, contó.
Agregó, que en este tiempo, no ha recibido ayuda económica o terapéutica para los menores, porque cuando falleció su hija, la señora María no sabía que tenía esos derechos y nunca se lo dijeron, “dicen que me deben dar una pensión para ellos, no me han dado nada, a veces dicen que tengo derecho, a veces no”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ALEJANDRO ARTURO VILLA.
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