De acuerdo con Alicia Bárcena Ibarra, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), México tiene derecho a que le entreguen a Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador, a través de un salvoconducto, por lo que las autoridades siguen “haciendo las gestiones para ello”.
La Canciller Alicia Bárcena dijo el lunes en la conferencia presidencial matutina que el Gobierno mexicano pidió apoyo a la Embajada de Suiza y la Nunciatura Apostólica en Quito para visitar a Glas en su centro de reclusión e “interceder ante las autoridades para que nos lo entreguen”.
El exvicepresidente ecuatoriano, quien fue sentenciado por corrupción y requerido por la justicia en otro caso por el mismo delito, permanece detenido en una cárcel de máxima seguridad de la ciudad de Guayaquil tras ser apresado el 5 de abril dentro de la embajada de México en Quito.
Poco antes de ser detenido Glas, de 54 años, había recibido asilo del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador tras refugiarse en la Embajada mexicana en diciembre.
Bárcena confirmó que México recibió una misiva de Glas e indicó que siguen haciendo gestiones para que Ecuador entregue al exvicepresidente con un salvoconducto. “En este momento (estamos) preocupados sobre todo por su estado de salud”, agregó la Canciller.
Glas fue trasladado el 8 de abril a un hospital tras sufrir una descompensación porque se negó a ingerir alimentos, según la Secretaría Nacional de Atención a Privados de la Libertad de Ecuador. Sin embargo, su abogado defensor Andrés Villegas señaló que su cliente ingresó por una sobredosis de medicinas.
La semana pasada el expresidente colombiano Ernesto Samper dio a conocer una carta que Glas envió a López Obrador, en la que le agradecía el asilo y pedía ayuda internacional. “Estoy en la peor prisión de Ecuador y en huelga de hambre. Ayúdeme. Aquí hay una persecución brutal contra todos los progresistas”, señalaba la misiva.
Samper y otros líderes progresistas que conforman el Grupo de Puebla propusieron una misión humanitaria que verifique el estado de salud del exfuncionario ecuatoriano.
El Grupo de Puebla abogó para que se reconozca la figura del “habeas corpus restaurativo”, es decir, que al ser declarada la ilegalidad de la captura del exvicepresidente “se debe reconocer el derecho de asilo que ya había sido reconocido por México”.
El grupo reúne a decenas de líderes latinoamericanos, entre ellos a los expresidentes Rafael Correa, de Ecuador; José Mujica, de Uruguay; Alberto Fernández, de Argentina y Samper.
La irrupción de las fuerzas policiales ecuatorianas en la Embajada de México en Quito ha sido condenada por una treintena de países y ocho organismos internacionales, entre ellos la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
En protesta por la medida del Gobierno de Daniel Noboa, Venezuela cerró su Embajada en Quito y Honduras llamó a consultas a su encargada de negocios en Ecuador.
México denunció a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el principal órgano judicial de las Naciones Unidas con sede en La Haya, por el allanamiento de su Embajada. La Corte celebrará audiencias públicas los próximos 30 de abril y 1 de mayo para revisar la denuncia.
Como parte de su reclamo, el Gobierno mexicano solicitó ante la Corte la suspensión del país andino de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hasta que emita una disculpa por sus actos, que considera una “violación flagrante” al derecho internacional.
Las tensiones entre México y Ecuador comenzaron días antes del allanamiento de la sede diplomática por unas declaraciones que hizo el Presidente mexicano sobre las últimas elecciones de Ecuador, celebradas en octubre y en las que ganó Noboa. Tras los comentarios de López Obrador, el Gobierno de Noboa declaró persona no grata a la Embajadora mexicana.
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