Las palabras de ambos sobrevivientes se escucharon en el contexto de la presentación del informe “No nos dejen morir aquí”, una profunda investigación sobre los hechos ocurridos en Ciudad Juárez el 27 de marzo de 2023, así como de la política migratoria militarizada y de contención del gobierno.
“Lo que vivimos fue un calvario una tortura mal gobierno mexicano; antes el muro estaba en Estados Unidos, ahora el muro es México”, declaró Stephan conectado desde su país de origen.
Desde El Salvador, Brayan sostiene:
“Las cicatrices en nuestro cuerpo nos hacen recordar ese trágico día, que México es un destino de muerte y que es el gran obstáculo a pasar, las cicatrices nos recuerdan que las autoridades en México, como chiste, como burla no dan respuesta sobre la reparación el daño y la CEAV no quiere dar la cara.
“Queremos justicia, queremos que Garduño deje su cargo, porque es un acto de corrupción que se esté apoyando a persona que no sabe ejercer su cargo, que quiere evadir el daño que hizo a varias personas, a familias se quedaron sin seres queridos por ir buscando un sueño”.
Brayan recordó que en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que asistió Garduño el 22 de septiembre del año pasado, “fue una burla” que el funcionario se comprometiera a pagar las reparaciones de las instalaciones del INM incendiadas “como reparación del daño, evadiendo su responsabilidad en la muerte de 40 personas, las lesiones a 27 y el daño a nuestras familias”.
Las palabras de ambos sobrevivientes se escucharon en el contexto de la presentación del informe “No nos dejen morir aquí”, una profunda investigación sobre los hechos ocurridos en Ciudad Juárez el 27 de marzo de 2023, así como de la política migratoria militarizada y de contención del gobierno de Andrés Manuel López Obrador
Los testimonios de Stephan y Brayan revelan el horror que vivieron los migrantes encerrados en la estancia migratoria, que permaneció con las puertas cerradas mientras los cuerpos de los migrantes desfallecían carbonizados o ahogados por el humo, siendo su único delito hacer un recorrido de más de 50 días, atravesando la selva de Darien “para alcanzar el sueño americano”.
En representación de los sobrevivientes, Stephan celebró que con el informe “la verdad sale a la luz, gracias a Dios, a los periodistas y a las organizaciones de derechos humanos”.
El documento de 132 páginas se documentaron detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas temporales, tortura, entre otros abusos, como parte de una exhaustiva investigación con base en los testimonios de los sobrevivientes y el litigio en defensa de aquellos que han decidido llevar a juicio al INM y a sus máximas autoridades “por la muerte y afectación a la integridad de las víctimas del incendio Estancia Provisional tipo B de Ciudad Juárez”. Las organizaciones responsables del documento son Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) y Asylum Access México.
Jerónimo del Río, de la FJEDD hizo un recuento de los principales hallazgos, entre ellos que los 67 migrantes víctimas llegaron a la estancia migratoria tras haber sido objeto de “detenciones arbitrarias” por parte del INM, policías y DIF municipales y Guardia Nacional, y que al menos en dos casos tenían documentos para una estancia temporal en México, con permiso de trabajo de por medio.
Al destacar que las autoridades locales y federales no notificaron las detenciones lo que constituye desaparición forzada temporal, Del Río narró que una vez que fueron ingresados a la estancia, los migrantes “se enfrentaban a condiciones atroces”, en un espacio que no contaba con las especificaciones de protección civil “para que los migrantes tuvieran un resguardo mínimo”; no había registros claros de ingresos y egresos, incluso los migrantes “pagaban mordida a los agentes del INM” para que los liberaran.
El defensor contó que la estación no tenía condiciones para recibir a las 67 víctimas, no había literas ni colchonetas suficientes; no se contaba con luz natural, el área estaba iluminada por luz artificial las 24 horas del día; no se le proporcionaba agua ni comida suficiente; no había agua en los sanitarios el trato que les daban los agentes de seguridad privada contratados por el INM era “sumamente degradante y el los agentes del INM estaban “deshumanizados”, y la estancia contaba con “una celda de castigo”.
Sin extintores y sin agua para apagar el incendio, los migrantes rogaron a los agentes porque se les abrieran las puertas, pero lo único que recibieron fueron las palabras de un agente que dijo “suerte” antes de abandonar la estancia.
Jerónimo del Río explicó que por los hechos, las organizaciones sociales que tomaron el caso interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), y una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pero el caso permanece en la impunidad.
Al resaltar que la FGR obstaculizó la defensa de las organizaciones, por cuestionar su “legitimidad”, indicó que la estrategia de la institución ha sido “de impunidad total en las investigaciones, conducidas a culpabilizar a mandos de bajo rango de homicidio y a los de alto rango de delitos menores”.
Ana Lorena Delgadillo, directora de la FJEDD destacó que el caso se ha ido alargando, porque “la FGR integró siete causas penales, y hemos interpuesto seis amparos, ante las actuaciones irregulares”.
Blanca Navarrete de DHIA, apuntó que la impunidad que envuelve al comisionado Francisco Garduño es mayúscula, pues a pesar de la responsabilidad que tiene en el caso, sigue su proceso en libertad “viaja a Ciudad Juárez con recursos del erario para firmar ante el juzgado y acude acompañado de la responsable del Centro de Control y Confianza del INM, Norma Alicia Hernández García, en un claro conflicto de interés, porque la servidora pública es la responsable de certificar si un funcionario tiene las habilidades para desempeñar su cargo, y en el caso de Garduño durante su gestión han ocurrido 14 incendios en estancias migratorias, dos de ellos con pérdida de vidas humanas”, en Tenosique, Tabasco, en 2020, en que falleció una persona y 14 más resultaron afectadas, y el de Ciudad Juárez.
Navarrete recordó que el 22 de septiembre del año pasado que acudieron ante la CIDH, representantes de la sociedad civil y, de manera virtual, el sobreviviente Brayan Eduardo Flamenco, Garduño se comprometió a “pagar cerca de 450 mil pesos por los daños causados a la estancia, dejando fuera de sus consideraciones a las víctimas”.
En el caso de un migrante que por razones humanitarias fue recibido en Estados Unidos para ser tratado médicamente, denunció que “la FGR le ha negado su calidad de víctima, y a pesar de que antes de ser trasladado nombró a las organizaciones sociales como sus representantes legales, exige que venga a México para que ratifique su firma”.
Gretchen Kuhner, de IMUMI, hizo un recuento de tragedias ocurridas en instalaciones del INM desde 1993, y consideró que el trato inhumano que tienen los agentes del INM, transmitido a guardias de seguridad privados que ha contratado la institución, forma parte de “una política y una cultura de estos servidores”.
La defensora reprobó que ese mismo trato inhumano se presente en la responsable de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Martha Yuriria Rodríguez Estrada “se ha negado a recibir a los sobrevivientes y a inscribir a las mujeres y niños que lograron salir de la estancia, a pesar de que sus parejas murieron en el incendio”.
Angélica Montesinos de Assylum Access Mexico, puntualizó que el incendio de la Estación Migratoria en Ciudad Juárez, es evidencia que “convertir a la detención como política migratoria de contención y criminalización, mata, y debe ser suficiente para no aplicarse más”.
Tras recordar el caso de Tenosique, en el que un migrante guatemalteco murió, sigue en impunidad, Montesinos destacó que lo que ha prevalecido en violaciones a derechos humanos contra migrantes es que “no hay justicia, las investigaciones son desviadas, sin entender que la responsabilidad es del Estado que criminaliza a los migrantes, por eso la exigencia de justicia, reparación, verdad y memoria para evitar nuevas víctimas de una política criminalizadora y de contención”.
La presentación del informe, fue también acompañado de la participación de la relatora para México y de Movilidad Humana, Andrea Pochak y Carlos Salazar, del Grupo de Trabajo sobre utilización de Mercenarios de la ONU.
El evento fue acompañado por un performance y la lectura de una dramatización de los hechos, interpretada por un grupo de actores comprometidos con la causa de derechos humanos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
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