En jalisco, personal médico de la Secretaría de Salud negó el acceso al aborto a una niña de 12 años que fue violada. Argumentan que no cuentan con el personal para realizarlo.
En Jalisco una niña de 12 años fue violada y quedó embarazada. Su familia, del interior del estado, se trasladó a la capital y pidió apoyo a las autoridades para hacer la interrupción del embarazo, pero la menor lleva once días internada en las instalaciones de la Secretaría de Salud sin acceder al procedimiento.
Mientras pasan los días, la familia tiene más dificultad de poder permanecer en la capital y la niña ha recibido invitaciones del personal médico “para escuchar el sonido del bebé” o “para darlo en adopción”, cuenta Patricia Ortega, integrante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser), una organización que acompaña e impulsa el acceso a la interrupción en la Entidad y que fue notificada del caso.
La menor está en el tercer trimestre del embarazo y la autoridad argumenta que “no tiene personal capacitado para el número de semanas de gestación combinado con la edad de la menor”, dice Ortega.
Sin embargo, desde 2017 en Jalisco existe el Programa de Interrupción del Embarazo (Pile), un programa creado para realizar abortos a niñas, adolescentes y mujeres victimas de violación o solicitantes bajo la causal de riesgo a la salud —fisica o mental—. En dicho programa no hay un límite de semanas de gestación para solicitar la interrupción del embarazo, por lo que las solicitantes pueden acudir en cualquier momento y su atención debe ser inmediata, dice el protocolo oficial publicado por la Secretaría de Salud.
Además, el Código Penal del Estado de Jalisco, en sus artículos 227, 228 y 229, tampoco establece semanas límite para las solicitantes víctimas de violación.
“La autoridad es completamente insensible con el caso de la niña, no solo considerando en cuestiones de salud, porque ellos piensan en terminos de un embarazo o un parto, también tendrían que estar pensando en la salud mental y en cómo se ve afectada al tener un embarazo producto de una violación, luego un parto y una crianza. Esto no tendría porqué haber sucedido, no encontramos a una autoridad no sólo sensible, sino además responsable, que se comprometa con su propia ley, su propia normatividad”, comenta Ortega.
La organización Ddeser apunta que la menor debería acceder al servicio bajo cualquiera de las causales permitidas porque se trata de una víctima de violación, y porque hay riesgo en su salud física y mental.
Ddeser documento un caso en 2017, en el que la autoridad, al no poder realizar alguna interrupción, optaba por trasladar a la solicitante a la Ciudad de México. En esta ocasión la alternativa no ha sido puesta a disposición para la menor.
“Pareciera que está ahí como para parir y entonces ya ni modo, ya se le pasó el tiempo. Váyase así a su casa…. Pareciera que ahora la Secretaría de Salud no quiere dejar un antecedente de una interrupción en el tercer trimestre… porque no creo que sea la única (solicitante) con ese número de semanas”, relata Ortega.
Solicitantes se enfrentan a violencia médica
Animal Político ha documentado que en Jalisco, las autoridades y médicos del servicio de salud se niegan a realizar abortos a víctimas de violación o solicitantes que ven en riesgo su salud fisica o mental y, cuando finalmente acceden, les realizan un legrado, un procedimiento que la Organización Mundial de la Salud no lo recomienda desde hace más de una década.
El servicio de interrupción tiene siete años en activo. En total, la Secretaría de Salud ha atendido a 225 solicitantes. Los años 2022 y 2023, son los que abarcan mayor número de atenciones, con 57 casos y 114 casos respectivamente, de acuerdo con la base de datos pública de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH).
Sin embargo, las autoridades sanitarias están lejos de brindar el servicio a todas las mujeres solicitantes. En nuestro reportaje, documentamos cómo ante la falta de información pública y trabas en el acceso al servicio, las solicitantes optan por trasladarse a la Ciudad de México, con apoyo económico de la organización Fondo María, donde hay un programa de atención pública y privada desde 2007.
En otros casos, donde no hay posibilidades económicas de trasladarse, las solicitantes también optan por acercarse a la colectiva tapatía “Mis Amigas Me Acompañan”, para obtener una interrupción medicamentoso desde casa.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: SIBONEY FLORES.
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