Aunque le fue impuesta la medida de prisión preventiva justificada, Ángel Garduño, rector de la Universidad Autónoma de Chapingo (UACh) no podrá ser detenido porque cuenta con una suspensión definitiva.
Pese a que la juez de control, Diana Morales Benítez le impuso la medida de prisión preventiva justificada, Garduño no será detenido debido a que cuenta con una suspensión definitiva que, por ahora, lo protege contra la orden de aprehensión emitida en su contra desde enero pasado.
Morales Benítez, adscrita a los juzgados de Control del Distrito Judicial de Texcoco, ubicados en el penal "Molino de Flores", concedió a las partes dos meses para realizar la investigación complementaria, durante los cuales tanto la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) como la defensa podrán reunir pruebas.
De acuerdo con Héctor González Barrera, asesor jurídico de Nelly Concepción Soto Mijangos -víctima que desde el 7 de marzo pasado decidió hacer pública su identidad-, la Fiscalía imputó al rector a la UACh de que en octubre de 2022 supuestamente agredió sexualmente a la alumna de la institución al interior de su automóvil.
Proceso informó el pasado 4 de febrero que en su denuncia, presentada en septiembre de 2023, Nelly afirmó que los hechos ocurrieron cuando la Universidad estaba en huelga y Garduño era subdirector de Investigación del Departamento de Ingeniería Mecánica.
Que luego de acudir a una reunión con compañeros el entonces profesor de la Universidad se ofreció a llevarla de regreso al campus donde ella vivía, pero al llegar no la dejó bajar del auto e intentó violarla.
Durante su exposición, la Fiscalía explicó que como parte de las diligencias de investigación se realizaron diversos estudios periciales y dictámenes para completar la carpeta, mismos que la defensa de Garduño intentó refutar bajo el argumento de que los peritos no utilizaron otros dictámenes para apoyarse para rendir sus propios informes.
Luego del debate, la juez concluyó que hay elementos de prueba suficientes para continuar la investigación contra Garduño para, eventualmente, resolver si será sometido a juicio por violación equiparada.
La juez determinó imponerle la medida de prisión preventiva justificada al considerar que Garduño representa un riesgo para la víctima, quien por su condición de mujer es considerada como integrante de un grupo vulnerable, y la comunidad en general.
Esto, debido a que Garduño cuenta con un amparo que lo protege contra la imposición de la medida de prisión preventiva oficiosa, prevista para cuando una persona es imputada de un delito sexual, como en el caso del rector de la UACh.
Dicho amparo le fue concedido por el juez Quinto de Distrito del Estado de México en aplicación del nuevo criterio, informado por Proceso el pasado 16 de abril, que impide ejecutar órdenes de aprehensión por delitos que merecen prisión preventiva de oficio.
El criterio señala que a quienes sean imputados de un delito de este tipo se les imponga otro tipo de medida cautelar, razón por la que la juez decidió imponer a Garduño la prisión preventiva justificada.
Sin embargo, el rector no podrá ser detenido debido a que antes de la audiencia consiguió que el juez Quinto de Distrito le concediera una suspensión definitiva contra cualquier orden para capturarlo.
Por lo que la juez de control señaló que Garduño quedará a disposición del juez Quinto de Distrito quien el próximo 25 de abril celebrará la audiencia constitucional a partir de la cual podrá resolver si le concede o no el amparo para que permanezca en libertad durante el proceso.
Esa sentencia puede ser emitida incluso 90 días después de la audiencia constitucional.
Por lo que hasta ahora no existe ninguna otra medida que garantice que Ángel Garduño no se dará a la fuga ni se acercará a la víctima.
“Para nosotros no queda claro porque la juez de control garantizó que con la prisión preventiva justificada quedaban a salvo los derechos de la víctima, pues dijo que para ella era la única medida idónea, pero sobre el juzgado de Distrito todavía queremos saber cuál será su pronunciamiento”, explicó Héctor González, asesor jurídico.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.
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