Abarca Velázquez promovió un juicio de amparo el año pasado, cuya resolución dictada por el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Edomex, le retiró la prisión preventiva oficiosa en acato a una sentencia de amparo; sin embargo, después le impuso la medida cautelar de prisión justificada.
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito declaró, por unanimidad, que el exedil continúe recluido por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito.
Abarca Velázquez promovió un juicio de amparo el año pasado, cuya resolución dictada por el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, le retiró la prisión preventiva oficiosa en acato a una sentencia de amparo; sin embargo, después le impuso la medida cautelar de prisión justificada.
En su demanda, el expresidente municipal argumentó que el Juez violó la Ley de Amparo al no restituirle el goce de sus derechos fundamentales. Además, de alegar que la prisión preventiva se había excedido injustificadamente por más de dos años, de acuerdo a lo que establece el Artículo 20 de la Constitución.
Fue así que el Juez impuso la nueva medida cautelar de prisión preventiva justificada tras considerar que existía riesgo de que el exalcalde se fugara, por lo que no se acreditó su arraigo domiciliario.
“Contrario a lo sostenido por la parte inconforme en el agravio (a), consideramos que, más allá de la legalidad y constitucionalidad de las consideraciones que fundamentan la determinación con la que se atendió la ejecutoria de amparo, la autoridad responsable efectivamente cumplió con los efectos del fallo protector. Esto se debe a que, en cumplimiento de las obligaciones que le fueron impuestas, tomó en cuenta lo resuelto en los casos Tzompaxtle Tecpile y otros vs. México y García Rodríguez y otro vs. México, y resolvió que debe imponerse como medida cautelar la prisión preventiva justificada”, aseguró.
El Tribunal federal aclaró que la sentencia sostenía que se debía dejar sin efecto la prisión automática, pero que el Juez tenía la libertad de decidir la medida cautelar que correspondía.
“Además, se expusieron los motivos por los cuales se considera que dicha medida está sustentada, lo cual concuerda con lo determinado por este órgano colegiado, en el sentido de que lo prohibido es imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, y no así la prisión preventiva justificada”, indicaron los magistrados.
LOS ABARCA VEN LA PUERTA
Dos magistrados del Tribunal Colegiado en Materia Penal en el Estado de México han sido acusados de favorecer a José Luis Abarca Velázquez, con una sentencia emitida en noviembre pasado para que se diera una medida cautelar distinta a la prisión preventiva oficiosa que le fue girada al exalcalde de Iguala, implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Mientras que otro Magistrado revocó el año pasado la sentencia condenatoria de 10 años a María de los Ángeles Pineda, esposa de abarca e implicada junto con él en el caso Ayotzinapa, en dos ejemplos más de cómo el Poder Judicial ha resuelto medidas que favorecen a presuntos criminales, aún tratándose de investigaciones de alto impacto como la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.
El Subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, explicó que fue el 15 de noviembre del año pasado cuando por mayoría de votos del Magistrado Rubén Arturo Sánchez Valencia y del secretario en funciones de Magistrado Luis Alberto Castro Velázquez, el Tribunal Colegiado le otorgó un amparo a Abarca para que el Juez Tercero de Control de Toluca “cite a las partes a una nueva audiencia en la que con libertad de jurisdicción y previo debate determine otras medidas cautelares distintas a la prisión preventiva oficiosa”.
José Luis Abarca Velázquez cuenta con causas penales por homicidio y delincuencia organizada. En el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa el expresidente municipal fue identificado como “A1”, quien junto a los dirigentes del grupo criminal Guerreros Unidos “en coalición con algunas otras autoridades”, dio la orden de desaparecer a los normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014.
El informe de la Comisión del caso Ayotzinapa identifica que durante la Noche de Iguala “A1”, es decir José Luis Abarca, ordenó en un inicio “darles una ‘chinga’ a los estudiantes porque […] no quería disturbios, además de recuperar el material (el cual aparentemente venía en uno de los autobuses)”.
Ese “material” al que se refieren, de acuerdo con distintos reportes era aparentemente droga, ya que se pensaba que entre los normalistas había supuestamente integrantes de Los Rojos, agrupación criminal en disputa con Guerreros Unidos, el grupo responsable de los hechos de violencia durante la noche del 26 y las primeras horas del 27 de septiembre de 2014, y el cual está ligado a la esposa de Abarca, María de los Ángeles Pineda.
José Luis Abarca, integrante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y exalcalde de Iguala, fue detenido en noviembre de 2014 en la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, en relación con la desaparición de los normalistas. Actualmente se encuentra preso en el penal federal de máxima seguridad El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, una medida que podría cambiar a partir de los resuelto por el Tribunal Colegiado.
AUTOR: REDACCIÓN.
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