CEJIL y el Centro Prodh señalaron que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) “no ha sido capaz de establecer una ruta de rehabilitación efectiva y sensible para atender las necesidades de salud de las mujeres”.
En el contexto de un cambio de gobierno, las organizaciones urgieron a cumplir la sentencia del tribunal regional, emitida en noviembre de 2018, fue una de las primeras que le correspondía la actual administración acatar, sin haber avances sustanciales
En de un comunicado, las organizaciones alertaron que “la impunidad ha imperado debido a múltiples obstáculos y omisiones de distintas autoridades”, incumpliendo los lineamientos fijados por la Corte IDH para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.
Las organizaciones hicieron un recuento de los pendientes, tras exigir al Estado mexicano que “salde la deuda que ya tres administraciones han venido arrastrando, y que aseguren que todos los responsables, incluyendo la cadena de mando involucrada en la planificación e implementación del operativo del 3 y 4 de mayo de 2006, sean debidamente juzgaos y sancionados”.
Indicaron que a más de un año de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México remitiera a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), esta dependencia de orden federal no ha logrado “que se investiguen los hechos en su totalidad, se identifiquen responsabilidades en la cadena de mando y ha limitado a participación de las mujeres y sus representantes”.
CEJIL y el Centro Prodh señalaron que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) “no ha sido capaz de establecer una ruta de rehabilitación efectiva y sensible para atender las necesidades de salud de las mujeres”.
Entre los pendientes enlistaron la falta de creación del “observatorio para monitorear y fiscalizar el uso de la fuerza de la Guardia Nacional”, como una medida de no repetición, en tanto que el Mecanismo de Seguimiento a Casos de Tortura Sexual “no ha sesionado desde la emisión de sus lineamientos en marzo de 2023, sin que a la fecha se conozca qué acciones se están tomando para la implementación de las recomendaciones emitidas en el Diagnóstico en la materia publicado en 2022 por la Segob”.
Las organizaciones destacaron que el incumplimiento de la sentencia en el caso Atenco responde a un “contexto en el que desde el Gobierno Federal se han incrementado las expresiones que cuestionan la legitimidad y autoridad de la Corte IDH, como ocurrió recientemente en la discusión sobre la prisión preventiva oficiosa, lo que en sí mismo implica también un retroceso”.
Ante el próximo cambio de gobierno, las organizaciones recordaron que “el Estado tiene la obligación de cumplir con sus compromisos internacionales, dar cabal cumplimiento a la sentencia de la Corte IDH y asegurar la reparación integral” para las 11 mujeres que llevaron su caso ante el tribunal regional.
“En un país donde la tortura sexual contra mujeres es un práctica que persiste, es indispensable que el Estado actúe para asegurar justicia a las sobrevivientes e implementar medidas para garantizar que hechos como los de Atenco no vuelvan a suceder”, concluyeron CEJIL y el Centro Prodh.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
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