Investigadores, becarios y académicos entregaron una carta a la Corte para solicitar que discuta la ley que creó el Conahcyt ante la incertidumbre en la que quedaron para recibir financiamiento, principalmente quienes forman parte de universidades privadas.
Debido a que esta ley centra el presupuesto en las instituciones públicas, algunas de las personas que ya habían sido aceptadas para recibir becas o que tenían proyectos en curso en centros privados tuvieron que recurrir a amparos o aliarse con académicos de universidades públicas para poder acreditar la publicación de artículos que les permitieran continuar recibiendo recursos.
Sin embargo, los amparos que fueron presentados contra esta ley después de septiembre de 2023 se encuentran detenidos, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a los tribunales federales frenar la resolución de impugnaciones hasta que se resuelvan las acciones de inconstitucionalidad 126/2023 y su acumulada 120/2023.
En tanto, varios académicos y estudiantes de posgrado que se vieron afectados se mantienen a la espera de tener una resolución temporal o definitiva de su caso, por lo que a través de un documento entregado en la Corte este 1 de mayo los grupos Ciencia Plural Mx, Ciudadanas Uniendo Caminos México, México Haciendo Ciudadanía y Fuerza Ciudadana urgieron a los ministros a resolver de manera urgente las acciones de inconstitucionalidad.
“Algunos artículos de la ley afectan a sectores de la población”
Juan Martínez, investigador que acudió a la SCJN para entregar el llamado para que los ministros discutan esta ley, explica que algunos de sus artículos “afectan a sectores de la población, como los académicos que están en institutos privados”.
Además, señala que entre la comunidad académica hay inconformidad con la conformación del Consejo asociado a la nueva ley “no es un espacio de participación ciudadana, como debería, sino que está conformado por las secretarías de Estado, que representan al Ejecutivo y no a las diversas voces que conforman a las ciencias, que no son monopólicas”.
De acuerdo con el vocero de Ciencia Plural Mx, otro de los puntos que preocupan a la comunidad de investigadores es el hecho de que se establezca en la ley que si una persona ejerce su derecho a la impugnación o revisión de su situación ante un órgano jurisdiccional se le deje fuera de algunas convocatorias, lo que consideran “una violación al derecho a la defensa”.
“Necesitamos una legislación virtuosa para que se incluya el conocimiento, la diversidad del pensamiento y que se respeten los parámetros mínimos establecidos en tratados internacionales, una ley que no sea regresiva, que no afecte derechos”, agrega Martínez.
Por parte de Ciencia Plural MX, Ciudadanas Uniendo Caminos México, México Haciendo Ciudadanía, Fuerza Ciudadana y los despachos jurídicos Firma Jurídica, AC&AC Abogados y Tojil Eek se interpusieron más de 50 amparos desde mayo de 2023 contra la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, de los cuales obtuvieron la suspensión en los efectos de esta norma.
“Tuve que buscar estrategias para que me paguen”
Raúl, investigador en una universidad privada cuyo verdadero nombre se omite por temor a represalias, comentó que ha tenido que buscar alianzas con académicos que laboran en universidades públicas y ha tenido que aceptar la imposición de temas de investigación para poder cumplir con los requisitos que le permitan continuar recibiendo ingresos.
“Al terminar el doctorado, en cuanto acabé la tesis, me postulé al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y como profesor, y me dieron la oportunidad, pero para entonces se dieron las modificaciones a la ley, y entonces me informaron que no me iban a pagar el estímulo, y entonces pensé ‘rayos, ¿ahora cómo voy a pagar mis ponencias?’, porque lo que gano con mis honorarios de docente no es nada, tuve que buscar estrategias para que me paguen”, recuerda Raúl.
Por temor a represalias en caso de buscar un amparo, el investigador decidió recurrir a otra alternativa para no perder su ingreso, por lo que pidió apoyo a una académica que conoció porque fue su asesora de tesis doctoral, para hacer juntos dos artículos que publicaría como adscrito a la universidad pública en la que ella trabaja.
“A ella le convino, porque estaba próxima a ser evaluada para el SNI y unos meses después publicamos, aunque yo hice la investigación aparecí como segundo autor, porque ella apareció como la autora principal, y para mí fue pesado e injusto, pero al menos conseguí que acreditaran mi pago por seis meses”, narra el investigador.
Después de esta experiencia, decidió tomar otra alternativa para conseguir el estímulo de Conahcyt, prestando sus servicios en una institución pública de Zacatecas, aunque tampoco se ha sentido conforme con esta forma de acreditar su trabajo, ya que le han impuesto los temas de investigación para desarrollar en sus artículos académicos.
“Me parece injusto que los académicos que laboramos en escuelas privadas tengamos que pasar por esto para continuar recibiendo ingresos que ya teníamos aprobados, y que las instituciones públicas saquen beneficio pidiéndonos investigaciones que políticamente les interesan”, reclama Raúl.
“Ni siquiera cumplieron con los foros para discutir la ley”
Vicente Espinosa, investigador del Colegio de Postgraduados, indica que a las problemáticas que han tenido algunos académicos y estudiantes se suma la inconformidad de la comunidad académica con el proceso mediante el cual fue discutida y aprobada la Ley General en Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.
“No cumplieron con el número de foros propuestos por la comunidad académica”, lo que los inconformes muestran como evidencia de que la discusión de la ley no ocurrió como es debido, y aun así Morena y sus aliados avalaron la nueva ley.
“Al final, lo que ha ocurrido es que esta reforma ha repercutido en la política pública para la ciencia y tecnología, que de por sí ha tenido siempre muy poco presupuesto, pero ahora está peor, porque se han generado varios problemas que reflejan que no se pensó bien a la hora de la elaboración de la nueva ley”, expresa Vicente.
Presidencia acusa que rechazo a la ley es por “mantener privilegios”
Luego de que se presentaron acciones de inconstitucionalidad por parte de diputados y senadores de oposición contra la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias y Tecnologías e Innovación, la oficina de Presidencia señaló que el rechazo a esta norma por parte de la “oligarquía académica y política” es porque quieren “mantener privilegios”.
A través de un comunicado publicado en agosto pasado, Presidencia afirmó que la ley que buscan invalidar “tiene como propósito recuperar la confianza en la capacidad de los mexicanos y mexicanas para formar científicos de calidad mundial; pretende evitar la fuga de cerebros mediante el apoyo de posgrados nacionales”.
“Al reasignar miles de millones de pesos –que eran dilapidados en empresas privadas, incluso trasnacionales como Monsanto o Coca Cola, o mediante subsidios a pequeñas élites oligárquicas que vivían del erario– se evita el dispendio de recursos públicos, como ocurría en gobiernos anteriores”, remarcó.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ERÉNDIRA AQUINO.
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