Grupo de jueces implicados en la denuncia contra el exministro Arturo Zaldívar señalan que un juez, al que acusan de estar involucrado en resoluciones a modo en el AIFA y la cancelación del NAIM, ahora forma parte del órgano que investigará el caso.
La denuncia fue presentada en contra de Juan Carlos Guzmán Rosas, actual secretario ejecutivo del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), señalado por su probable “actuación ilegal y parcial” al resolver los juicios de amparo relativos a ambos aeropuertos y que tiempo después fue nombrado magistrado para ocupar el cargo de secretario ejecutivo de Vigilancia del mismo órgano.
“Todo esto se precisa ya que a diferencia de quienes elaboramos este comunicado y solicitud, Don Juan Carlos no fue mencionado siquiera en la denuncia, ni en las personas a investigar, ni expuesto al escrutinio público; es más, lejos de ello, él es quien integrará la investigación y se pretende sea parte fundamental dentro de la misma, pero no como indiciado o presunto responsable sino como investigador y quien propondrá el resultado de esta”, señala la denuncia a la que tuvo acceso Animal Político.
Esta nueva denuncia anónima fue presentada desde el pasado viernes 10 de mayo de 2024 vía electrónica en los buzones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el CJF, misma que fue ingresada bajo el folio de denuncia BZN-0008402/24 y que se suma a otras cuatro más que han sido presentadas sobre el tema.
Jueces denunciados en caso Zaldívar piden “piso parejo” en investigación
En este nuevo documento, los juzgadores especifican que forman parte del grupo de jueces que fueron denunciados de manera anónima desde el 9 de abril de 2024 por el tema relativo a las presiones ejercidas por parte del exministro Arturo Zaldívar y sus colaboradores más cercanos para supuestamente resolver de manera favorable temas de relevancia para la autoproclamada Cuarta Transformación.
Sin embargo, aseguran, “no estamos en contra de que se nos investigue, pero sí pedimos piso parejo para todos”.
Animal Político buscó al magistrado Juan Carlos Guzmán Rosas para solicitar su versión, a través del propio CJF, pero al cierre de esta edición no se había recibido respuesta.
Caso Zaldívar y los amparos del AIFA y el NAICM
Registros judiciales señalan que Juan Carlos Guzmán Rosas, como juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, admitió a trámite diversas demandas de amparo en las que se reclamaba la cancelación del NAICM, también conocido como Aeropuerto de Texcoco y la construcción del AIFA o Aeropuerto de Santa Lucía, proyecto emblemático de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En un inicio, las resoluciones de Guzmán Rosas fueron en el sentido de suspender ambos actos; “sin embargo, es hecho notorio y público que tiempo después dentro de los incidentes (de suspensión) de los siguientes juicios que continuó integrando, cambió radicalmente su determinación cautelar”, de acuerdo con la denuncia.
“No solo eso, sino que de un día para otro se determinó por la administración del exministro Zaldívar que todos los juicios en los que los actos reclamados versaran respecto a los aeropuertos en cuestión fuesen acumulados en el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa del que era titular el personaje en cuestión”, señala el documento.
En efecto, documentos del CJF en poder de este medio de comunicación refieren que en sesiones del 26 de junio y 7 de agosto de 2019 el Pleno del CJF aprobó las concentraciones SECNO/CE/8/2019 y SECNO/CE/12/2019 respecto a diversos juicios de amparo, cuyo acto reclamado fuera la cancelación del Aeropuerto de Texcoco, para ser estudiados por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa.
Días después, en sesiones del 12 y 22 de agosto del mismo año, el Pleno también aprobó la concentración SECNO/CE/19/2019 para que el mismo juzgado tramitara y resolviera los juicios de amparo referentes a la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía.
“Una vez finiquitados dichos asuntos y habiendo conseguido que se revocaran todas y cada una de las suspensiones en favor de la construcción del NAICM y en contra del AIFA, al poco tiempo fue nombrado Magistrado del Primer Circuito para ocupar primero el cargo de secretario Ejecutivo de Vigilancia, concursar luego para consejero y ahora estando en el Pleno del CJF”, refiere la denuncia.
Por este motivo, los juzgadores federales aseguran que se determinan circunstancias de tiempo, modo y lugar en la denuncia, ya que todo lo narrado ha ocurrido desde los años 2018 hasta el 2024.
Por todo lo anterior y debido a que el CJF tiene entre sus funciones autorizar la investigación y determinación de las responsabilidades y sanciones de los servidores públicos del propio Consejo, tribunales y juzgados que hayan incurrido en faltas administrativas, es que los juzgadores denunciantes solicitaron no solo que el magistrado Guzmán Rosas sea investigado, sino además sea retirado “como participante activo de la investigación, integración y como los demás no tenga acceso privilegiado a la denuncia y resultado de la misma”.
“Resulta imperante que se investigue a dicho funcionario público y que se le desprenda de la integración e investigación de la denuncia ya que de manera ejemplificativa a los magistrados que conocieron de los recursos derivados de los juicios de amparo que él resolvió sí se les está investigando”.
Jueces piden comisión de juzgadores mixta ajenos a denuncia en caso Zaldívar
Además, solicitan que para evitar “influyentismos o presiones” en el caso se conforme una Comisión Mixta de Juzgadores (ajenos a la denuncia) para que sean ellos quienes imparcialmente integren la denuncia y resuelvan el caso para que “nadie tenga el poder de proteger a nadie, piso parejo para todos los investigados”.
“Esta nueva denuncia la hacemos de manera anónima ya que, si bien estuvimos bajo presión en la administración pasada, no queremos volver a estar en esa situación en la actualidad”.
Relacionan presiones de aeropuertos con Morena
Desde la primera denuncia presentada en contra del exministro Arturo Zaldívar y su circulo cercano se mencionó que uno de los temas emblema del Gobierno Federal fueron precisamente el Aeropuerto de Santa Lucía y la cancelación del Aeropuerto de Texcoco, en los que el expresidente de la Suprema Corte supuestamente “ejerció todo su poder para presionar a jueces y magistrados”.
El documento refiere que tanto el magistrado Jorge Camero como la magistrada Amparo Hernández Chong fueron contactados en repetidas ocasiones por Carlos Alpízar, exsecretario general del CJF y mano derecha de Zaldívar, que fueron amenazados telefónica y presencialmente con inicios de procedimientos, readscripciones suspensiones e inhabilitaciones para resolver ambos asuntos a modos.
“Advertencias que al final lograron cumplir, pues por lo que hace al magistrado Camero revivieron un procedimiento disciplinario que ya había sido resuelto, violando claramente sus derechos pues fue juzgado dos veces por los mismos hechos”, lo que incluso provocó estragos en la salud del magistrado quien a la postre perdió la vida.
En el caso de la magistrada se especifica que la re-adscribieron cuando no había cumplido ni un año en el Sexto Tribunal Colegiado Administrativo en la Ciudad de México, cambiándola a uno especializado en materia civil, aunque su experiencia era totalmente administrativa.
Ahora, en la nueva denuncia se señala que al entonces juez Guzmán Rosas también se le presionó tanto vía telefónica como en el Juzgado Quinto de Distrito que representaba mediante visitas de “gente del ministro Zaldívar y del Gobierno Federal”.
Sin embargo, se asegura que las condiciones por las que se coaccionó al juzgador federal fueron asuntos relacionados a su entorno familiar y decisiones del partido Morena.
Según la denuncia, Mirella Guzmán Rosas, hermana del magistrado Guzmán Rosas, fue secretaria de Finanzas del estado de Michoacán en el gobierno del experredista Leonel Godoy, —hoy diputado federal de Morena y personaje cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador— quien fue detenida por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, encubrimiento, entre otros delitos.
La agencia de noticias Notimex reportó que Mirella fue detenida el jueves 6 de noviembre de 2014 por presuntamente haber entregado indebidamente a un particular un inmueble usado como estacionamiento público y por el cual el gobierno del Estado no recibió pago o renta alguna, a pesar de estar valuado en cinco millones de pesos. Por este motivo, tiempo después, la Secretaría de la Función Pública resolvió inhabilitarla hasta el año 2025.
Pese a lo anterior, se le designó como subsecretaria de Finanzas del Congreso local de Guerrero que presidía el entonces diputado local y coordinador de la fracción parlamentaria del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, quien es hermano de Irma Eréndira Sandoval, quien en esas fechas era Secretaria de la Función Pública y Netzaí Sandoval, extitular del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) y actual secretario de Estudio y Cuenta de la ministra Lenia Batres.
“Ahora bien, a inicios de 2019, la Secretaría de la Contraloría del Estado de Guerrero realizó manifestaciones respecto a su sorpresa de que Mirella estuviese ostentando cargos públicos al encontrarse inhabilitada, y precisó que realizaría las investigaciones y acciones conducentes, pero casualmente a mediados de año (el juez) Juan Carlos cambió de parecer respecto a los asuntos de los aeropuertos, derivando en la concentración de los juicios en su órgano jurisdiccional y mágicamente después de ello a la señorita Mirella se le designó como secretaria de administración y finanzas de los programas para el desarrollo de Guerrero, sin importar la inhabilitación en su contra”, señala la denuncia.
Ambas situaciones fueron reportadas por la revista Proceso, que el 23 de octubre de 2018 publicó la nota Exfuncionaria de Michoacán acusada de peculado, maneja las finanzas del Congreso de Guerrero y el 8 de octubre de 2019 publicó Encomiendan a exfuncionaria inhabilitada finanzas de programas sociales en Guerrero, situaciones que se dieron pese a estar sancionada por incurrir en violación de las leyes de normatividad presupuestal y negligencia administrativa”.
“Y no sólo eso, sino que ahora su otro hermano Eliedid (Guzmán Rosas) recientemente fue registrado como aspirante a Coordinador Municipal por parte de MORENA en el municipio de La Unión, Guerrero, de donde es oriundo Juan Carlos. Siendo así, es fácil concluir que todo lo narrado en este inciso se utilizó para presionar a dicho juzgador”, señala la denuncia.
Por tanto, los juzgadores concluyen que “es evidente materializar los beneficios que consiguió Don Juan Carlos a partir de lo narrado, ya que pasó de Juez a Magistrado del Primer Circuito, designado Secretario Ejecutivo de Vigilancia, concursando para Consejero y ahora como secretario ejecutivo del Pleno […] además de que se benefició a su hermana dejándola en cargo público pese a inhabilitación y se benefició a su otro hermano con una candidatura del partido político Morena”.
La investigación contra Zaldívar y aliados
Desde el 21 de febrero de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció haber intervenido en la SCJN y el PJF cuando Arturo Zaldívar era su titular, para modificar decisiones de jueces y magistrados en ciertos casos relevantes para su administración.
“Cuando se daban estos hechos y estaba Zaldívar se hablaba con él y él podía, respetuoso de las autonomías de los jueces, pero pensando en el interés general, pensando en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen, hablaba con el juez y le decía ‘cuidado con esto’”, dijo el mandatario federal desde Palacio Nacional.
Luego de sus declaraciones, la diputada panista María Elena Pérez-Jaén Zermeño presentó una denuncia penal en la Fiscalía General de la República para que se investigara a Zaldívar por las presuntas presiones a personas juzgadoras del Poder Judicial.
Casi dos meses después de las declaraciones del presidente, el 9 de abril de 2024, la ministra Norma Piña recibió la primera denuncia anónima mediante la cual se denunció a diversos funcionarios, entre ellos el exministro Arturo Zaldívar, por supuestos actos de corrupción.
Sin embargo, debido a que el CJF especificó que no tiene competencia para investigar a un exministro, el 10 de abril de 2024, la Secretaría General de Acuerdos de la Corte incorporó la denuncia a otras que se han presentado en casos distintos, como la relativa a las denuncias presentadas contra la ministra Yasmín Esquivel por el presunto plagio de su tesis, razón por la cual se determinó que será el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá el encargado de elaborar un proyecto de sentencia para definir una ruta a seguir.
Por este motivo, el 16 de abril pasado de 2024, el exministro en compañía de la dirigencia nacional de Morena anunció que presentaría una solicitud de juicio político en contra de la ministra Norma Piña por supuesta “intervención indebida en el proceso electoral”.
“Todo este cúmulo de irregularidades, la intervención indebida de Norma Piña en el proceso electoral y el uso faccioso de la Corte y del Poder Judicial de la Federación nos obliga a presentar una denuncia de inicio de juicio político en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, dijo Zaldívar durante una conferencia en la que estuvo acompañado por Mario Delgado, presidente de Morena.
Días después, Animal Político publicó la nota Denuncia contra Zaldívar por corrupción alcanza a colaboradores de la ministra Piña en la que se dio cuenta que en la primera denuncia anónima presentada contra el exministro se mencionan los nombres de Arturo Guerrero Zazueta y Édgar Manuel Bonilla del Ángel, personajes señalados por presuntos actos de corrupción en la anterior administración y que ahora colaboran con la ministra Piña.
En el caso de Guerrero Zazueta los documentos del caso lo señalan por ejercer “presión” contra una magistrada en el caso Lozoya -en conjunto con Carlos Antonio Salazar Alpízar-, mientras que en el caso de Bonilla del Ángel se le relaciona por involucrarse en asuntos relativos a concursos mercantiles de cuantías importantes, como los casos de Unifin, Interjet y Oro Negro, entre otros.
En la nueva denuncia anónima, los juzgadores federales señalan estar seguros que la ministra Norma Piña ignora, hasta el momento, la participación del magistrado Juan Carlos Guzmán Rosas en todo este conglomerado de irregularidades.
“Confiamos totalmente en ella y su gestión, y por lo mismo consideramos que de haber sabido todo esto antes, no lo tendría tan cercano a ella, toda vez que le hace creer que está de su lado cuando realmente sus intereses personales lo acercan más al otro grupo que pretende vulnerar al Poder Judicial de la Federación en la coyuntura que nos encontramos el día de hoy”, señalan los juzgadores.
Desde la primera denuncia ante el PJF se han registrado al menos otras dos denuncias. La segunda de ellas fue presentada por el magistrado Alberto Roldán Olvera que con grabaciones telefónicas y su testimonio probó presiones y castigos del círculo cercano del exministro hacía su persona y en contra de otros jueces y magistrados, según una investigación de N+Focus.
El 10 de mayo de 2024, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y el diario Reforma revelaron que la Sedena, a través de su Jefatura de la Unidad de Asuntos Jurídicos, solicitó resoluciones favorables en temas de interés militar a Alpízar, como el caso del rancho “Las Mesas”, propiedad incautada en Valle de Bravo, Estado de México, a Moisés Mansur Cysneros, presunto prestanombres del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte.
Tres días después, el 13 de mayo de 2024, la Unidad de Investigaciones de N+Focus reveló que Alpízar Salazar recibió una tercera denuncia en su contra, esta vez presentada por la jueza federal Sandra Leticia Robledo Magaña, quien acusó al exsecretario general del CJF precisamente por interferir en la resolución del amparo relacionado al rancho “Las Mesas”.
Ante estas circunstancias, los jueces federales que presentaron la última denuncia aseguraron que esperan “que la justicia se imponga a la politización y que la independencia judicial siga siendo bastión del Poder Judicial de la Federación”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MAZA.
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