Desde hace más de un mes, los habitantes de localidades y fraccionamientos de la zona mantienen bloqueado el acceso a este tiradero en demanda de su clausura definitiva ya que aseguran que representa una amenaza de contaminación al agua, a la tierra y al aire de esa región.
La Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero y por el Agua denunció que al mismo tiempo que esto ocurría a las afueras del relleno sanitario, policías allanaron domicilios particulares de integrantes de este movimiento en la localidad de San Juan Tlautla.
En un comunicado, la organización de vecinos hizo responsable al presidente Andrés Manuel López Obrador, al gobernador sustituto Salomón Céspedes Peregrina y a la alcaldesa San Pedro Cholula, Paola Angón, “de cualquier situación que ponga en peligro a nuestros compañeros y sus familias”.
Desde hace más de un mes, los habitantes de localidades y fraccionamientos de la zona mantienen bloqueado el acceso a este tiradero en demanda de su clausura definitiva ya que aseguran que representa una amenaza de contaminación al agua, a la tierra y al aire de esa región.
Desde la tarde, los integrantes de este movimiento reportaron que sujetos en motocicletas acudieron al lugar en donde mantienen un plantón, para ingresar en repetidas ocasiones al basurero y hacerles señales obscenas y lanzar amenazas como una “clara provocación”.
Luego, llegaron decenas de camiones de basura, en su mayoría vacíos, procedentes de algunos de los 21 municipios de la zona que utilizan ese relleno para depositar sus desechos, los cuales eran escoltados por patrullas de policías estatales y de los municipios de Calpan y San Andrés y San Pedro Cholula.
En reacción a esto, los pobladores cerraron la carretera de Cholula a Huejotzingo con llantas a las que prendieron fuego para impedir el paso de los camiones de basura y las patrullas, a la vez que convocaron a más vecinos para evitar que las autoridades reprimieran el movimiento opositor.
De acuerdo a los manifestantes, al lugar llegaron personas vestidos de civiles que andaban armados e hicieron disparos al tiempo que trataron de “levantar” a activistas que estaban en el plantón, por lo que se reportan tres personas golpeadas.
Hasta esta noche la situación era tensa, pues los pobladores se mantienen en resistencia a la reapertura del basurero, mientras que en las proximidades se reporta la presencia de decenas de policías estatales y municipales que podrían retomar por la fuerza las instalaciones.
El lunes, trabajadores de la empresa Pro Faj Hidro Limpieza, la cual opera este relleno intermunicipal, retiraron los sellos de clausura que colocó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en el basurero, sin que hasta este día la dependencia precise si autorizó esta acción luego de que la empresa cumplió con las condicionantes que le había impuesto.
En sus redes sociales, el gobierno de Puebla dio cuenta de una reunión con alcaldes de los municipios afectados por el cierre este tiradero, en la cual se aseguró que las irregularidades detectadas por la Profepa fueron “atendidas y subsanadas”.
“…por lo que los sellos de la dependencia ya fueron retirados y se permite su operación de manera regular. El depósito cuenta legalmente con los permisos municipales y estatales vigentes para funcionar, además de dictámenes emitidos por la @ConaguaPuebla, SMADSOT y la @BUAPoficial que avalan que no existe contaminación al medio ambiente, por lo que no hay impedimento legal para su operación”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.
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