De acuerdo con un testimonio recogido por la agencia EFE, “las víctimas fueron sorprendidas en sus domicilios y que no estaban vinculadas a ningún grupo delictivo, que pertenecían a una de las religiones evangélicas que se oponían a los bloqueos y a las extorsiones”.
El Frayba reafirmó que tanto el gobierno federal como el de Chiapas “tienen la obligación urgente de proteger a la población civil”, que enfrenta “la agudización de la violencia en la región frontera y sierra” por la escalada de las disputas entre cárteles para controlar la rutas por el territorio y la extracción de recursos.
La masacre del pasado 13 de mayo sucedió en el marco de los enfrentamientos entre los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Sinaloa (CS) en los límites entre Chicomuselo y Frontera Comalapa, que iniciaron desde el 10 de mayo y que provocaron cortes de energía eléctrica e incomunicación, así como el desplazamiento forzado de las familias.
“Al día de hoy alertamos que esta violencia se extiende a otras comunidades vecinas. Recordamos que el pasado 4 de enero grupos antagónicos de la delincuencia organizada se enfrentaron en Nueva Morelia, lo que dejó como saldo el desplazamiento forzado de mas de 700 personas”, señaló el Frayba.
El ejido Nueva Morelia, explicó el centro de derechos humanos, se encuentra dentro de una región estratégica para el control y extracción de recursos minerales, y en este territorio opera la Mina Ampliación La Revancha, controlada “de acuerdo a testimonios por grupos criminales”.
Los enfrentamientos entre cárteles han provocado un “clima de terror” en Chiapas, que se enfrenta cotidianamente a la quema de vehículos, bloqueos carreteros, desplazamientos forzados, asesinatos, desapariciones, cobro de derecho de piso y reclutamiento forzado.
Frente a la masacre, el Frayba reiteró la urgencia de que las autoridades mexicanas protejan a la población la población civil “que se encuentra rehén de las disputas por el control del territorio por parte de la delincuencia organizada”.
COMUNICADO:
Alerta y preocupación ante los hechos de violencia y la lamentable masacre de 11 personas de la población civil en el ejido Nueva Morelia, Chicomuselo
Desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, junto a organizaciones de la sociedad civil hemos venido denunciando de manera reiterada la situación de violencia que se vive en el estado de Chiapas, e insistido en las graves afectaciones e impactos contra la población civil que se encuentra rehén de las disputas por el control del territorio por parte de la delincuencia organizada en la región frontera y sierra.
Este Centro de Derechos Humanos recibió información referente a los hechos acontecidos el 13 de mayo del 2024 en el ejido Nueva Morelia, del municipio de Chicomuselo; en donde un enfrentamiento entre grupos antagónicos de las estructuras criminales dejó el lamentable saldo de al menos 11 personas de la población civil asesinadas (5 mujeres y 6 hombres), de las cuáles dos eran catequistas de la Iglesia católica.
Los testimonios refieren que los recientes enfrentamientos comenzaron desde el viernes 10 de mayo en las localidades de Lázaro Cárdenas y Nueva Morelia, ambas del municipio de Chicomuselo, lo que habría originado también el corte de la energía eléctrica, e incomunicación, así como el desplazamiento forzado de familias; al día de hoy alertamos que esta violencia se extiende a otras comunidades vecinas.
Recordamos que el pasado 4 de enero grupos antagónicos de la delincuencia organizada se enfrentaron en Nueva Morelia, lo que dejó como saldo el desplazamiento forzado de mas de 700 personas. Este ejido se encuentra dentro de una región estratégica para el control y extraccion de los recursos minerales, en este territorio se localiza la Mina Ampliación La Revancha, operada de acuerdo a testimonios por grupos criminales.
El deber del Estado mexicano no debe reducirse a abrir una carpeta de investigación, sino que tiene que garantizar la debida diligencia de la misma, así como asistirles todos los derechos a las víctimas. Ante los hechos, tanto el Gobierno Federal como el Estatal tienen la obligación urgente de proteger a la población civil en medio de la agudización de la violencia en la región frontera y sierra, que está dejando como saldo graves afectaciones y riesgos a la vida, seguridad e integridad física, mental y emocional.
AUTOR: REDACCIÓN.
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