El crimen organizado se ha hecho del control de mercancías, servicios, personas, productos legales e ilegales, así como de la propia vida de la población local, de acuerdo con diversos reportes.
Este lunes, un grupo armado ingresó a la comunidad Nueva Morelia, en esta región fronteriza, para ejecutar a 11 personas, de los cuales la mayoría eran campesinos o civiles. A pesar de que en primera instancia se manejó la cifra de 12 muertos, momentos más tarde la Fiscalía General del Estado confirmó que se trataba de 11 víctimas.
Se trata del más reciente episodio de violencia que ocurre en Chiapas, que tiene por lo menos tres años en medio de los enfrentamientos que sostienen desde el pasado viernes integrantes de los cárteles Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa en los límites de Chicomuselo Frontera Comalapa.
Desde diciembre pasado, reportes de prensa daban cuenta de cómo los habitantes de esta región eran obligados por el crimen organizado para sumarse a sus filas. En ese entonces se consignó que en los municipios de La Grandeza y Bella Vista, el Cartel de Sinaloa cortó los servicios de agua, luz e internet, como una forma de presionar a los habitantes para que se unieran a su filas. Incluso, los afectados aseguraron que esta organización contaba con una lista detallada de las familias que residen ahí con la que los amenazan.
La disputa entre el Cártel de Sinaloa y el CJNG tiene alrededor de tres años, con graves repercusiones entre la población de la frontera sur de Chiapas, quienes a diario sufren amenazas, violencia física, reclutamiento forzado, desplazamiento interno, control de actividades económicas y el miedo, debido al sometimiento de estos grupos del crimen organizado.
En enero, diversas organizaciones civiles que trabajan en la zona publicaron el informe “Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los derechos humanos”, el cual alertaba que “la frontera de Chiapas con Guatemala se encuentra desde aproximadamente desde el año 2021 atravesada por un conflicto armado no reconocido basado en la disputa territorial de estructuras de la delincuencia organizada por el control de mercancías, servicios, personas, productos legales e ilegales, así como de la propia vida de la población local”.
“El control, la interrupción y la anulación de servicios e instituciones sociales funciona además como una medida de presión sobre la población para colaborar con las estructuras criminales, siendo una estrategia persuasiva importante al incluir en ciertas ocasiones la financiación de muchas de estas actividades”, destaca este informe elaborado por el Colectivo de Monitoreo Frontera Sur, la Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género Guatemala – México (MTMG) y la Red TDT.
El documento señala cómo “la delincuencia organizada se ha insertado en los servicios de salud, recolección de basura, unidades administrativas de gobierno, abastecimiento de alimentos, educación en los distintos niveles, construcción y mantenimiento de vías de comunicación, festividades recreativas, religiosas y comunitarias de distinta índole. El control de estas instituciones es no obstante ambivalente, y según el grupo y el estado del conflicto en la zona puede pasar de cooptación, financiación y obligación expresa de que funciones, o de anulación y abandono absoluto”.
El Centro Frayba consignó a su vez en su informe “Chiapas, un desastre” que ya era conocimiento de las autoridades de tres niveles del gobierno, sobre estas agresiones; “asimismo de otros eventos como cortes de los servicios de agua, intentos de expulsión y el despojo territorial”.
Dora Roblero, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, expuso en ese sentido al diario El País que “por lo menos desde 2021 la población de esos pueblos permanece en una situación de secuestro. Lo que nos cuentan las personas con la que logramos hablar es que estas estructuras criminales controlan sus servicios de electricidad, telefonía y hasta de alimentación porque al tener cerradas las vías de acceso, los negocios se están desabasteciendo de alimento”.
“El supermercado Aurrera de Frontera Comalapa cerró porque ya no tiene cómo acceder a alimentos. Por eso, la población tiene que buscar a donde encontrar estos alimentos. Lo tiene que hacer en los momentos que abren el paso, y eso es cuando las estructuras criminales lo deciden”, declaró Roblero.
Desde el pasado mes de septiembre y pese a la presencia del Ejército mexicano en diversas zonas del sur de esa entidad, la violencia en la región se recrudeció, luego de que se registraron bloqueos por parte de presuntos integrantes del crimen organizado, lo que provocó el desabasto de diversos productos de primera necesidad, entre ellos, gasolina y tortillas, en varias comunidades de la frontera y sierra chiapanecas.
Según testimonios consignados por el diario La Jornada, miembros del Cártel de Sinaloa fueron los responsables de mantener los bloqueos, tanto en la carretera Panamericana como en la que se encuentra a la altura del municipio de Motozintla, para evitar que a Comalapa, donde había células del CJNG, llegaran artículos de primera necesidad.
Lo anterior también generó que el municipio de Frontera Comalapa permaneciera incomunicado. En la misma situación se encontraban los municipios de Chicomuselo, Amatenango de la Frontera, Motozintla y Mazapa de Madero, en donde escasearon, por varios días, alimentos de la canasta básica como tortillas, huevo, frijol, además de la gasolina.
Ante los bloqueos y la falta de insumos básicos, autoridades escolares de la región 025, que comprende la Sierra Madre de Chiapas y la frontera sur, también decidieron suspender las clases, como medida para proteger la integridad de estudiantes y profesores, así lo dio a conocer el supervisor escolar Celerino Nolasco Alvarado, mediante un comunicado.
El informe “Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los derechos humanos” destaca en ese sentido cómo estos cárteles han cooptado a transportistas, taxistas y mototaxistas, vendedores del mercado, tortilleros, vendedores ambulantes y autoridades ejidales. “Estos sectores reflejan el interés de las estructuras criminales por controlar los diferentes gremios. De este modo, existe una desmovilización de organizaciones sociales campesinas, comercio formal e informal, sindicatos de trabajadores y grupos de transportistas, al haber sido todos presionados a ser parte de esta homogenización y al haberse acaparado a líderes y voceros por medio de amenazas y presiones”.
AUTOR: NORA NANCY GASPAR RESENDIZ.
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