“Hay suficientes evidencias de cada uno de los casos sobre cómo ocurrieron”, dijo la secretaria de Seguridad Pública sobre los presuntos suicidios revelados en un reportaje de Proceso.
Para cada uno de los casos de posibles suicidios en el Cefereso 16 de Morelos “hay suficientes evidencias de cada uno de los casos sobre cómo ocurrieron y la Fiscalía General de la República está siendo muy precisa”, aseguró la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.
“Actualmente, la investigación de todos los casos está a cargo de la Fiscalía General de la República, ellos son los que tienen ahora la investigación de los suicidios.
“Que, hay que decirlo, en las investigaciones de salud mental se ha visto que, así como ocurrió en este penal, también en penales de otros países ha ocurrido el mismo caso, sobre todo cuando se trata de penales de alta seguridad”, expuso.
Rodríguez agregó que “la decisión de cada uno de los casos es diferente y cada uno lleva una investigación por parte de la Fiscalía General de la República. Entonces, estaremos en espera de cuál es el dictamen médico, cuáles son todos los procedimientos que ellos hicieron para llegar a una determinación sobre cada caso”.
Problema latente
Proceso publicó en su edición de mayo: “En los últimos cuatro años han fallecido 15 mujeres dentro del Centro Federal de Readaptación Social 16 (Cefereso 16) CPS Femenil de Morelos, único de su tipo en el país; 11 de ellas sólo en 2023”.
“Las autoridades han catalogado estas muertes como suicidios, por lo que el incremento de estos casos, en un periodo de seis meses, es un problema latente. Por la muerte de las últimas 13, ocurridas entre 2022 y 2023, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación en la que documentó violaciones al derecho a la salud de las internas, a la seguridad jurídica y al derecho a la igualdad, entre otros”, indica el reportaje.
Fue hasta diciembre de 2023 que el Gobierno Federal, ante lo que la secretaria de Seguridad, afirma, son suicidios, “comenzó a operar el 27 de octubre de 2015. Es una serie de problemáticas, es multifactorial, no es solamente una causa la ocurrencia de suicidios”, expuso.
Uno de los elementos es que el penal fue diseñado para albergar a 2 mil 528 personas privadas de la libertad, pero no se consideró que sería ocupado por mujeres y se omitió integrar la perspectiva de género en su internamiento.
Otros estados también han solicitado apoyo para el traslado de mujeres privadas de la libertad consideradas de alta peligrosidad, “lo que ha significado que las internas se sientan abandonadas por sus familias y sus redes de apoyo debido a la distancia”.
La secretaria admitió que con dichos traslados las mujeres se enfrentan a la dificultad de que sus familiares puedan visitarlas, por ejemplo, en casos de Chiapas o Chihuahua.
Otros de los datos que dio es que 60 por ciento de la población está sentenciada y el 40 por ciento restante ha tenido largas estancias en el penal en etapa procesal. De las mil 174 mujeres que actualmente se encuentran recluidas, 450 tienen sentencias superiores a 20 años de prisión, aunque hay casos de 350, 215 y más de 100 años.
Desesperanza
A estos elementos atribuyen los probables suicidios, porque “han desarrollado desesperanza entre las mujeres privadas de la libertad, quienes expresan desaliento ante la falta de un proyecto de vida”.
Retomó que en marzo de 2023 se registró el primero de 11 suicidios. El segundo, cuatro meses después, en julio; en agosto ocurrieron dos sucesos, en septiembre otros dos y uno en octubre; en noviembre fueron tres casos y el último en diciembre.
A partir de esos hechos dijo que se hizo un diagnóstico y se aplicó el plan.
“La intervención interinstitucional ha sido integral, atendiéndose las diversas solicitudes de las mujeres privadas de la libertad, además de que se ha promovido en la medida de lo posible el acercamiento de las familias facilitándoles la comunicación con ellas y con sus redes de apoyo”.
Las autoridades han considerado que dichas acciones “han incidido en su estado emocional y físico, con lo que, con esto, en lo que va del 2024 no se ha registrado ningún deceso en este penal”.
Entre los elementos, dijo, se tiene “la asignación de recursos materiales, humanos, necesarios que permitan la organización y el buen funcionamiento de las áreas en que albergan mujeres, atendiendo a sus necesidades específicas”, así como “la urgencia de implementar acciones junto con la autoridad en materia de salud”.
De diciembre de 2023 al 15 de abril de 2024 se han brindado 59 mil 480 atenciones particulares. De ellas, 13 mil 457 son consultas de medicina general, odontología, optometría, oftalmología y otras especialidades de estudios de rayos X o electrocardiogramas; también urgencias y cirugías.
Registran 4 mil 631 consultas de salud mental, de seguimiento psicológico como psiquiátrico; mil 422 comunicaciones vía televisita y videollamadas; sesiones de las mujeres privadas de la libertad con sus familiares mediante videollamadas, de interconexión también con otros centros y penales federales.
La autoridad federal indica que a este plan integral se le atribuye que en los últimos meses no se registraran más muertes.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DALILA ESCOBAR.
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