viernes, 10 de mayo de 2024

FGR niega investigaciones contra Amílcar Olán, presunto socio de hijos de AMLO, pese a denuncias

A la fecha, la Fiscalía General de la República no ha iniciado una investigación sobre el empresario tabasqueño y amigo de los hijos de AMLO por el caso de presuntos contratos irregulares por 490 mdp con su empresa Romedic.

La Fiscalía General de la República (FGR) niega tener investigaciones abiertas en contra de Jorge Amílcar Olán Aparicio, presunto socio de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, implicado en un caso que involucra supuestas contrataciones irregulares con los gobiernos morenistas de Tabasco y Quintana Roo para la venta de medicamentos y material de curación por 490 millones de pesos.

De acuerdo con expedientes judiciales del caso consultados por Animal Político entre las instituciones que han negado tener alguna investigación en contra de Amílcar Olán por este caso están la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) y la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOR), entre otras. 

Mientras que diversos administradores y jueces de los reclusorios federales Norte, Sur y Oriente de la Ciudad de México niegan haber girado órdenes de aprehensión contra Amílcar Olán.

Desde el pasado 21 de diciembre de 2023, la diputada del PAN, María Elena Pérez-Jaén Zermeño presentó diversas denuncias ante la FGR y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que se investigue a Olán Aparicio y las presuntas irregularidades, que fueron reveladas por el portal de noticias Latinus y la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). 

De acuerdo con la información, Romedic, empresa propiedad de Amílcar Olán ganó contratos entre 2020 y 2022 por más de 490 millones de pesos para surtir de material médico a los gobierno de Mara Lezama en Quintana Roo y Adán Augusto López en Tabasco, pese a ser una empresa de reciente creación y que se encontraba señalada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) por ser un distribuidor irregular de medicamentos. 

A su vez, para contratar a Romedic, tanto los gobiernos de Tabasco como de Quintana Roo supuestamente emplearon recursos públicos que provenían del extinto Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), organismo que nació con la intención de ofrecer atención gratuita y medicamentos a las personas sin seguridad social en el país, pero que desapareció para darle paso a lo que hoy se conoce como IMSS-Bienestar.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MEZA.

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