El Congreso de SLP está por terminar su legislatura, por lo que Sanjuana, sentenciada a 30 años de prisión por un delito que no cometió, tiene menos de dos meses para obtener el indulto que pueden darle 14 legisladores, tras 15 años presa.
Proceso informó el 18 de marzo pasado que en febrero, con apoyo de una organización civil dedicada a la defensa de personas que se encuentran injustamente en prisión, Sanjuana Maldonado entregó formalmente al Congreso estatal una solicitud de indulto para la cual sólo requiere el voto de 14 legisladores.
Los abogados que emprendieron esta lucha legal ahora trabajan con el tiempo encima debido a que, de concluir la actual legislatura sin tener una resolución favorable, el asunto prácticamente tendría que empezar de cero.
Esto implicaría que Sanjuana deberá esperar por lo menos otros tres años para convencer a los nuevos integrantes del Congreso de San Luis Potosí de indultarla.
La legislatura actual, con la que los abogados de la organización Perteneces ha realizado diversos acercamientos para sensibilizarlos sobre el asunto, concluirá en la última semana de junio próximo.
Para septiembre una nueva integración del Congreso local volverá a sesionar y difícilmente los legisladores recién electos asumirán el costo político que implica avalar la libertad de una mujer que legalmente ya fue declarada culpable, aunque no lo sea, de un delito de alto impacto como el secuestro.
“En esta legislatura tenemos que sacarlo, porque si no perdemos todo, es más fácil ahorita asumir ‘el costo político’ para los diputados que ya se van, a decir ‘liberaron a una delincuente’ al día uno que vas entrando, porque el día uno que vas entrando ¿qué incentivo tienes para aventarte una bronca política de estas? No tienes. Estamos contra el reloj”, explicó José Mario de la Garza, presidente fundador de Perteneces.
Posibilidades limitadas
Legalmente el caso de Sanjuana Maldonado se encuentra en un punto sin retorno, pues ya agotó todas las instancias judiciales posibles para impugnar la sentencia por la cual hace 15 años permanece en prisión.
Cuando Sanjuana fue detenida, en mayo de 2009, la joven de entonces 22 años de edad había sido engañada por su pareja para retirar de un cajero el cobro de un rescate, producto de un secuestro.
Por ello se convirtió en una de las estadísticas semanales que el expresidente Felipe Calderón presentaba públicamente para justificar su estrategia contra la delincuencia organizada enmarcada en la llamada guerra contra el narcotráfico.
En esa época no existían los protocolos para juzgar con perspectiva de género ni los lineamientos de las convenciones y tratados internacionales en materia de derechos humanos que actualmente han generado nuevos criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Por ello, ninguno de los recursos que tramitó rindió frutos, pese a que su pareja reconoció ante las autoridades que ella no tenía nada que ver con el secuestro y que no tenía idea de que el dinero que habían depositado en su cuenta era un rescate.
Además, las autoridades que la juzgaron jamás tomaron en cuenta el contexto de pobreza del que provenía ni la violencia de la que era víctima por parte de su pareja.
Aunque el sistema penal establece que al cumplir la mitad de la condena los sentenciados pueden solicitar su preliberación, sin embargo, existe la prohibición expresa a aplicar esta regla cuando la persona fue declarada culpable del delito de secuestro, como Sanjuana Maldonado.
“Ahí la ruta podría ser plantear la solicitud a las autoridades judiciales, que la nieguen y llevar el asunto a la Suprema Corte para intentar abrir un debate parecido al de la prisión preventiva oficiosa en el que se establezca que los jueces no deben limitarse a un catálogo de delitos para conceder preliberaciones sino que, en aplicación de los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), se revise caso por caso para observar las particularidades y determinar por qué sí o por qué no una persona puede ser preliberada”, explicó de la Garza.
El abogado añadió que esto, sin embargo, implica ampliar, por lo menos, tres años más el encarcelamiento de Sanjuana y que intentar llevar el asunto a instancias internacionales como la Corte IDH se traduce en otros ocho o hasta 10 años.
“Lo que buscamos con Sanjuana es su liberación inmediata, porque ella es inocente”, apuntó.
La única ruta viable para que Sanjuana Maldonado recupere su libertad es el indulto que, en el caso de San Luis Potosí, depende de los legisladores locales y no del gobernador, por lo que esta sola circunstancia ya politizó el caso.
De la Garza indicó que San Luis Potosí es uno de los dos estados de la República que dejaron en manos de sus legisladores la facultad de indultar a las personas, pero que en su Constitución local no se estableció más que un párrafo sobre esta figura y no existe ninguna otra regulación sobre el procedimiento y otros detalles que deben observar los diputados cuando resuelvan este tipo de solicitudes.
De hecho, indicó que desde que el Congreso goza de esta facultad, ninguna legislatura ha concedido el indulto, por lo que Sanjuana no sólo depende de los 14 votos que requiere para obtener su libertad, sino de que los diputados tengan la voluntad política de hacer historia por primera vez en su estado.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.
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