Un juez federal aplazó, por tiempo indefinido, la audiencia en la que se tenía previsto acusar formalmente a Emilio Lozoya de lavado de dinero, luego de que la FGR, Pemex y la UIF impugnaran al juzgador.
El juez de control Gerardo Alarcón López, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, tuvo que levantar la audiencia a la que Lozoya compareció esta mañana debido a que la FGR solicitó que el juzgador renunciara a continuar conociendo del caso al considerar que ha mostrado falta de imparcialidad.
Aunque el juez rechazó la solicitud de la Fiscalía, señaló que podrá llevar a cabo la audiencia intermedia en el caso sólo si un tribunal de apelación confirmaba que él no está impedido para continuar conociendo del caso.
La FGR, Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) intentaron que el juez Alarcón deje de conocer del caso porque, en octubre pasado, el fiscal federal, Kristian Javier Jiménez Hernández, lo denunció a él y a los magistrados del Primer Tribunal Colegiado de Apelación, por supuestamente dictar resoluciones para favorecer a Lozoya.
Esto, luego de que el juez Alarcón eliminó los documentos bancarios que la FGR quería presentar como prueba contra Lozoya en el caso Odebrecht.
"Es un hecho notorio que existe una denuncia por el desarrollo de la diversa causa penal (por Odebrecht), su imparcialidad estaría un poquito cuestionada", dijo Antonio López, representante de la UIF.
El juez dijo que la solicitud de las dependencias era infundada porque carece de justificación jurídica, razón por la que rechazó tener un impedimento para seguir conociendo del caso.
"Cuando protesté el cargo de juez ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue para hacer valer la ley y la Constitución, no hay una circunstancia que nuble mi discernimiento”, refirió el juzgador.
“No tengo ningún ánimo de aversión o animadversión de quien me denunció, porque no lo conozco, ni aunque lo conociera. Si resuelvo en favor de la Fiscalía, de la UIF, Pemex o la defensa no puede ser motivo de excusa porque esa es mi función (…) entonces la Fiscalía tendría que buscar jueces que tengan criterios para que le favorezcan".
Recordó a la FGR, la UIF y Pemex que, en todo caso, la ley prevé diversos recursos de impugnación que pueden tramitar en caso de no estar de acuerdo con sus resoluciones.
Antes de levantar la diligencia, el juez ordenó reanudar las medidas cautelares que tenía Lozoya en 2021 antes de su encarcelamiento, es decir, el uso de brazalete electrónico, la prohibición de salir del país y acudir a firmar cada 15 días a la Unidad de Medidas Cautelares.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANBA LASTIRI.
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