La Cocopa plantea la intervención de la Defensoría Pública para que encabece un litigio que destrabe la aprobación de esta ley para atender a la población que es obligada por el narco a abandonar sus hogares, la cual fue aprobada por diputados desde 2020 y que se considera de “emergencia nacional”.
La Comisión Bicamaral reconoce el desplazamiento forzado interno como “una emergencia nacional”, cuya afectación recae principalmente en pueblos y comunidades indígenas.
La ley general fue aprobada desde 2020 por la Cámara de Diputados y se turnó en minuta al Senado; pasó a las Comisiones Unidas de Gobernación, Derechos Humanos y Estudios Legislativos, que desde entonces la mantiene detenida, sin dictaminar un proyecto para que sea votada por las y los senadores en el pleno.
El desplazamiento forzado suma a miles de personas en distintos estados del país, particularmente en zonas sitiadas donde pobladores son expulsados por los grupos criminales y delincuencia organizada. Así lo refleja la investigación “Desterrados por el narco, el invisible desplazamiento forzado interno en México”, realizada por Proceso y Connectas.
La serie incluye testimonios de víctimas de desplazamiento forzado por la acción de grupos criminales en seis estados del país: Chihuahua, Sinaloa, Zacatecas, Guerrero, Michoacán y Chiapas. En 2023 se registraron por lo menos 40 eventos de desplazamiento en éstos y otros estados del país, la mayoría a causa de la violencia, de acuerdo con datos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) recabados para la serie.
Ante la publicación, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció dar a conocer un informe sobre el desplazamiento forzado interno en el país, pero ni él ni la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, han cumplido con el compromiso. https://www.proceso.com.mx/nacional/2024/4/30/ya-termino-mi-turno-respondio-rosa-icela-rodriguez-cuando-se-le-pidio-informe-sobre-desplazados-328138.html.
En marzo último, el grupo de diputados y senadores que integra la Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación, que preside el diputado de Morena Alfredo Torres Hernández, elaboró un acuerdo para solicitar al Instituto de la Defensoría Pública Federal (IFDP) que ejerza su facultad de atracción e impulse los litigios estratégicos necesarios para el avance de la ley, tal como ya lo hizo en Guerrero por la misma problemática.
Según un informe del propio Instituto de la Defensoría (2022-2023), en septiembre de 2022 promovió un amparo indirecto donde reclamó la omisión por parte de la gobernadora Evelyn Salgado y el director general de Derechos Humanos de dicho gobierno para emitir el Reglamento de la Ley para Prevenir y Atender el Desplazamiento Forzado Interno en el estado. Este amparo fue concedido el 18 de mayo de 2023.
En este juicio se reconoció el interés legítimo alegado por la Defensoría respecto a la representación de personas desplazadas de la comunidad de Cacahuatepec, del municipio de Acapulco.
En enero de 2023 fueron promovidos dos amparos indirectos en reclamo por la omisión de contestar a la solicitud de incorporación de desplazamiento forzado interno al Registro Estatal de Víctimas de Guerrero; ambos tuvieron sentencias favorables en abril y mayo de ese año.
Además, la Defensoría ha intervenido también con otro juicio de amparo indirecto presentado en septiembre de 2023 contra la omisión del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, así como del Consejo estatal de atención integral al desplazamiento interno en el estado para emitir el reglamento para la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno.
Antes, esta misma instancia ha tomado cartas por otros casos de desplazamiento forzado interno. En agosto de 2022 un juzgado resolvió una ampliación de la demanda inicial de amparo indirecto en favor de personas víctimas de este fenómeno, originarias de la comunidad indígena El Manzano, en Chihuahua, para reclamar al gobierno estatal la atención y protección a estas personas, elaborar un registro y darles alojamiento, alimentación y vivienda, entre otros apoyos.
Mientras que en Oaxaca, el IFDP intervino en diciembre de 2022 ante otro caso, por el desalojo de aproximadamente 42 personas de la comunidad triqui en San Juan de Copala, por el incumplimiento de la obligación de respetar, proteger y garantizar sus derechos a la libre circulación y residencia, educación, al desarrollo a la familia, alimentación y vivienda adecuada, con base en el principio de igualdad y no discriminación.
Emergencia nacional
Como sustento del punto de acuerdo, la Comisión Bicamaral reconoce que el Estado mexicano tiene obligaciones para realizar las adecuaciones legislativas necesarias para garantizar derechos humanos, en este caso de las personas víctimas de desplazamiento forzado interno, particularmente pueblos y comunidades indígenas.
Los diputados y senadores que respaldan este punto de acuerdo por la Comisión Bicamaral son: Alfredo Vázquez Vázquez, Javier Huerta Jurado, Julia Licet Jiménez Angulo, Yeimi Yazmín Aguilar Cifuentes, Eduardo Zarzosa Sánchez, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Juan Pablo Montes de Oca Avendaño, Pablo Gil Delgado Ventura, Marcelino Castañeda Navarrete, Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, Sasil De León Villard, Raúl Bolaños Cacho, María Graciela Gaitán Díaz, José Erandi Bermúdez Méndez y Ángel García Yáñez, de diversos partidos políticos.
Se contactó al presidente de la comisión, el diputado chiapaneco Alfredo Vázquez, para entrevistarlo sobre dicha iniciativa, pero no atendió la solicitud de Proceso.
Pero en los antecedentes de la propuesta del punto de acuerdo que se pretende llevar al pleno de las cámaras, esta comisión asienta que el desplazamiento forzado interno es una emergencia nacional presente en diversos estados, y cita el informe de la Relatora Especial sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos, Cecilia Jiménez Damary, en su visita a México en 2022, así como una de las recomendaciones contenidas en éste: “adoptar la ley general sobre el desplazamiento interno sin más demora y alentar a otras entidades federativas a seguir adoptando leyes específicas sobre la materia”.
Y añade que, a petición de los diversos desplazados internos (sin que precise qué poblaciones hicieron esta solicitud), ante la inexistencia de la ley en la materia —por la omisión del Senado— “resulta pertinente buscar otras rutas jurídicas en acompañamiento y encauzamiento a su demanda legítima”.
La falta de una ley, señalan, vulnera diversos derechos humanos, “como el derecho a un recurso efectivo que implica obtener una justicia pronta, completa y gratuita en contra de los actos u omisiones de las autoridades del Estado mexicano”.
Aunque en este mismo punto de acuerdo, las y los integrantes de la Comisión Bicamaral apuntan a una responsabilidad del Poder Judicial de la Federación, pues lo acusan de “hacer nugatorios los derechos humanos de las personas desplazadas”; es decir, deja sin efecto esos derechos.
“Ante la inacción del Estado mexicano, en particular del Poder Judicial de la Federación, que hace nugatorio los derechos humanos de las personas desplazadas, y por tratarse de un sector que se encuentra en situación de vulnerabilidad” es que se considera necesaria la intervención del Instituto de la Defensoría Pública Federal.
Este punto de acuerdo se encuentra turnado a la Comisión de Justicia, que preside la diputada panista Lizbeth Mata Lozano, aunque la conforman en su mayoría integrantes de la bancada de Morena. El acuerdo está pendiente de ser votado en el pleno.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.
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