María Guadalupe dirige una carta a López Obrador en la que lamenta que haya sido olvidada su causa y le reprocha las promesas incumplidas que le hizo de encontrar a su hijo Orlando Muñoz. Esto, en vísperas de la movilización de madres de desaparecidos el 10 de mayo en el Monumento a la Madre.
Buscando al hombre que le ofreció encontrar a su hijo si llegaba la Presidencia, que la abrazó para consolarla y le confió ser sensible a las injusticias, Guadalupe halló seis años de impunidad y protección a los militares que estarían involucrados en la desaparición forzada de Miguel Orlando.
En una severa carta dirigida a López Obrador, Guzmán Romo, integrante desde 1993 del Comité ¡Eureka!, recuerda ese pasaje y reprocha al presidente el incumplimiento de su promesa, la protección al Ejército, el aumento de las desapariciones y de la violencia.
Desde el 8 de mayo de 1993, María Guadalupe y su familia no volvieron a saber de Miguel Orlando, quien se encontraba destacamentado en el 26 Batallón de Infantería, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua.
La familia Muñoz Guzmán no ha tenido verdad ni justicia, a pesar que desde junio de 2019 la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua declinó su competencia para investigar la desaparición del teniente, a favor de la Fiscalía General de la República (FGR), al concluir que se trataba de una desaparición forzada atribuida a militares.
En la carta, sin precisar la fecha en que María Guadalupe acudió a las oficinas que López Obrador tenía en la colonia Roma, describe la escena en la que intentó acercarse al entonces candidato electo, celebrado por sus seguidores, sin lograrlo.
A 31 años de la desaparición de Miguel Orlando, su madre, que llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que emitió recomendaciones al Estado mexicano en 2006 y que no han sido acatadas, reprocha al presidente que “hay una consigna de dejar el caso impune para no sancionar a los militares, a miembros del Ejército mexicano, el cual ha cobijado al amparo de la impunidad”.
A tres meses de que el presidente, con el aval del Senado de la República, envió a 20 soldados y 60 marinos a Panamá para buscar los restos del general Catarino Erasmo Garza, opositor al régimen de Porfirio Díaz que murió en Boca del Toro, Panamá en 1895, María Guadalupe no ha encontrado el respaldo de la FGR, encabezada por Alejandro Gertz Manero, para esclarecer la desaparición de su hijo.
De acuerdo con la madre del militar, desde 2019, el caso de su hijo ha sido revisado por cinco agentes del Ministerio Público, sin que hasta el momento se haya procesado a militares por la desaparición forzada del teniente, y jamás se llamó a declarar a uno de los presuntos implicados, al entonces comandante de la V Zona Militar en Chihuahua, Luis Montiel López, “quien, se nos dijo, falleció en enero de este 2024”. De lo anterior, Proceso ha dado seguimiento en varias notas publicadas.
El reclamo de María Guadalupe ocurre a cinco meses de que el presidente deje el poder, cuando suman 116 mil 250 personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales más de 46 mil habrían sido víctimas durante el gobierno de López Obrador.
La madre del militar desaparecido alza la voz en vísperas de que el 10 de mayo, madres de personas desaparecidas ocupen el Monumento a la Madre para realizar una velada en honor de las madres de víctimas que han fallecido en la búsqueda de sus hijos.
La llamada Acción por la Memoria antecede a la movilización que cada año, desde 2011, realizan madres de personas desaparecidas del país y de Centroamérica, que marchan hacia el Ángel de la Independencia encabezadas por el obispo emérito Raúl Vera.
CARTA DE MARÍA GUADALUPEZ GUZMÁN ROMO:
Carta dirigida al señor presidente Andrés Manuel López Obrador
Señor presidente:
Desde que tomó posesión he visto con gran tristeza cómo el caso de mi hijo se va estancando. Usted conoce mi lucha incansable en la búsqueda de verdad y justicia en la desaparición forzada de mi hijo, el teniente de infantería Miguel Orlando Muñoz Guzmán. Usted prometió apoyarme. Sin embargo, pese a mi súplica, siempre imperó la burla abyecta de las autoridades dentro de su administración.
La Fiscalía General de la República (FGR), habiendo aceptado la declinación de competencia de la Fiscalía del Estado de Chihuahua en septiembre de 2019, la cual determinó involucramiento de elementos del Ejército mexicano en la desaparición forzada de mi Miguel Orlando, nunca estableció un protocolo de investigación de desaparición forzada, sino que a la fecha su enfoque es de persona desaparecida y no localizada y está ignorando la línea de investigación de la Fiscalía de Chihuahua.
Parece que hay una consigna de dejar el caso impune para no sancionar a los militares, a miembros del Ejército mexicano, el cual usted ha cobijado al amparo de la impunidad.
¿Dónde quedó la Cuarta Transformación? Yo no he visto la trasformación del país como usted prometió. Sólo he visto que continúan las desapariciones, las violaciones a los derechos humanos y que la impunidad y corrupción imperan. Veo un México bañado en sangre y muy dolido; hay muchas víctimas, pero no castigo a los responsables.
Me queda claro que cada administración que ha pasado, desde Salinas de Gortari a la fecha, son unos encubridores que protegen a los culpables y abandonan a las víctimas junto a sus familiares. Pero no dejaré de luchar, ni me rendiré jamás, porque una madre jamás se rinde de exigir justicia ante la desaparición forzada de un hijo. Les ha quedado grande el cargo, incluyéndolo a usted.
Yo confié en el cambio al igual que muchos, creí en Andrés Manuel López Obrador como persona, como candidato presidencial le di mi voto y lo apoyé en su campaña cuando usted fue a mi estado en Jalisco y en Ciudad de México; siempre que lo veía me decía que, cuando fuera presidente, me ayudaría, ya que estaba en contra de las injusticias.
Sin embargo, cuando obtuvo el triunfo en las elecciones presidenciales fui a su casa de campaña en la Ciudad de México con la intención de felicitarlo antes de que tomara posesión. Al verlo llegar en su vehículo, y al irse cerrando el portón me acerqué a través de las rejas, mientras saludaba a otras personas que también se aglomeraron para acercarse a usted, le supliqué me diera un espacio para hablar con usted por el caso de mi hijo Miguel Orlando, usted me vio, me ignoró y me dio la espalda.
Desde ese momento ya no hubo el abrazo de consuelo que siempre me daba. Usted ya no me escuchó, no reconoció a una de las madres que luchan por sus hijos desaparecidos y que forma parte del Comité ¡Eureka!, presidido por doña Rosario Ibarra de Piedra, a quienes nos hizo tantas promesas y nos dio esperanza de justicia y verdad de los hechos.
Desde ese momento mi corazón de madre me dijo que su dureza y desprecio se convertirían en seis años más de impunidad durante su administración. Fui una ilusa en confiar en usted. Usted no se dignó en darme audiencia, la que solicité en varias ocasiones desde el primer momento en que tomó posesión, al igual que el señor Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, quien tampoco se dignó en recibirme.
Señor presidente, a casi finalizar su administración le reprocho que no haya resuelto la desaparición forzada de mi hijo Miguel Orlando. En el año 2006 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resolvió, dentro del Informe de Fondo Nº 2/06, que el Estado mexicano no había llevado a cabo una investigación efectiva para esclarecer lo ocurrido con Miguel Orlando.
Usted dijo en su campaña presidencial que iba a trasformar a México en un país libre de corrupción y de violencia, erradicar la impunidad sería su misión principal… incluso en su discurso de victoria volvió a enfatizar que “bajo ninguna circunstancia permitirá la corrupción ni la impunidad”, que castigaría a los responsables, incluidos los expresidentes que lo precedieron. Usted dijo que habría justicia para todas las víctimas de violación a los derechos humanos y sancionaría incluso a miembros de las Fuerzas Armadas involucrados, que nadie quedaría fuera del alcance de la ley… Puras promesas incumplidas.
El caso de mi Miguel Orlando presentó un avance en junio de 2019, antes de que usted tomara posesión, cuando la Fiscalía Estatal del Estado de Chihuahua concluyó en su investigación ministerial la participación de miembros del Ejército en la comisión del delito de desaparición forzada contra mi hijo, señalando que el propio Ejército ha ocultado la verdad.
Sin embargo, durante su administración, la FGR ha ignorado las conclusiones de la Fiscalía Estatal y no ha querido realizar investigaciones contra militares. Desde que el caso fue declinado a la FGR en 2019 han sido nombrados cinco fiscales en un lapso de cinco años para realizar la investigación, cada que se concretaba el cambio de nombramiento, el fiscal que dejaba le caso no llegó a presentar un plan de investigación estructurado con cadena de mando, o programa metodológico, herramientas fundamentales para abordar investigaciones de violaciones a los derechos humanos, como es el caso de la desaparición forzada, que conlleva formular hipótesis, delimitar objetivos, calcular resultados, todo lo que como fiscales deben hacer en una investigación, siendo omisos en sus obligaciones. Iniciaban la averiguación previa desde cero, la historia se repetía una y otra vez con cada fiscal.
Me he enfrentado a autoridades sin escrúpulos, sin ética moral ni profesional que ven mi exigencia como una molestia, como si lo que les pido no estuviera dentro de sus obligaciones.
Mi hijo ha sufrido todo este tiempo la impunidad cada vez que le han dado carpetazo a la investigación dentro de las distintas entidades de gobierno en las que se ha llevado a cabo la averiguación previa, desde la Fiscalía de Justicia Militar, Fiscalía Estatal del Estado de Chihuahua y la Procuraduría General de la República y la ahora Fiscalía General de la República. Mi hijo tiene derecho al acceso a la justicia pronta, efectiva e imparcial, y se reconozca el involucramiento de elementos del Ejército en su desaparición.
Son 31 años de incertidumbre y de injusticia, y conforme va pasando el tiempo hay militares que no han sido enjuiciados ni llegarán a recibir su castigo, como el comandante de la 5ta. Zona Militar en Chihuahua, general Luis Montiel López, quien se nos dijo falleció en enero de este 2024, de acuerdo a lo informado por el actual fiscal a cargo del caso, en respuesta a que le exigí que incluyera a este militar corrupto en su plan de investigación, ya que en las reuniones de trabajo de seguimiento en el cumplimiento de informe de fondo que se llevan mediante la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, que se encarga de dar seguimiento a las determinaciones de organismos internacionales, no se había contemplado investigar al general Montiel López ni al general Pedro Gutiérrez López, comandante del 26 Batallón de Infantería al que estaba destacamentado mi hijo Miguel Orlando y lugar donde fue visto por última vez el 8 de mayo de 1993. Ambos militares, involucrados en la desaparición forzada.
Está claro que hay una instrucción hacia la FGR para no investigar a militares, porque la fiscalía no debe ignorar incluir en su investigación a quienes han fabricado y falsificado documentos para aparentar una deserción y no una desaparición forzada.
La propia FGR tiene conocimiento de por lo menos una causa penal contra el general Montiel López por brindar protección a narcotraficantes, según consta en la causa penal 26/2006 de la entonces Procuraduría General de la República.
También, dentro de la indagatoria SC/139/93/V, comprobó que miembros del Ejército falsificaron y manipularon documentos y evidencias para construir la hipótesis de deserción.
Entre las evidencias manipuladas se determinó que miembros del Ejército mexicano fabricaron un documento y falsificaron la firma de mi hijo Miguel Orlando, donde supuestamente solicitaba la suspensión de su trámite de ingreso a la Escuela Superior de Guerra de México, y un documento de inexistencia de su portafolio que, probablemente, contenía elementos de prueba sobre los vínculos con el narcotráfico de altos mandos.
El comandante del 26 Batallón, teniente coronel Pedro Gutiérrez López, donde estaba adscrito Miguel Orlando, como el general de división Luis Montiel López estuvieron involucrados junto a otros militares.
Al respecto, en mayo de 1999, dentro de la averiguación previa SC/003/99-E, se ejerció acción penal contra el capitán primero de Infantería José de Jesús Morales García y capitán segundo de la misma arma David Hernández Martínez, como probables responsables en la comisión de delitos contra la salud, y contra el capitán primero de Infantería Víctor Gallegos Bernardino y teniente de la misma arma Filiberto Ortiz Ibáñez, como probables responsables por la falsificación de documentos en general. Sin embargo, las autoridades ministeriales nunca han reconocido y relacionado esos hechos ilícitos con la desaparición forzada.
Son 31 años de no desistir en la lucha por encontrarte con vida, hijo mío, de exigir justicia y que se sancione a los responsables; 31 años difíciles en los que me he enfrentado a la burla abyecta de aquellos que se suponen están ahí para impartir justicia, para realizar investigaciones serias e imparciales. Seguiré luchando ¡hasta encontrarte!
María Guadalupe Guzmán Romo
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
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