Desde 2013 unos 76 ejidatarios de el Bajío demandaron ante un Tribunal Agrario a la minera Grupo Fresnillo plc por la ocupación de sus tierras y ganaron el litigio. Ahora, queda pendiente determinar la reparación del daño que debe pagar la compañía minera a los campesinos por la extracción ilegal de oro, pero los abogados de la empresa pretenden evitar el pago que se calcula en cerca de 300 millones de dólares.
La asamblea se celebró el pasado 21 de mayo y fue presidida por Alejandro Bailléres, presidente del Consejo de Administración de Grupo Fresnillo plc, en la cual se presentaron los estados financieros del año fiscal 2023 del corporativo minero, el más grande de México en la extracción de oro y plata.
Además de accionistas y los principales directivos del corporativo, al evento asistieron representantes de London Mining Network, Transform Trade y Share Action, organizaciones civiles inglesas que supervisan las prácticas de empresas mineras y a sus directivos. También, miembros del Ejido el Bajío que mantienen un litigio con las mineras Penmont y la Herradura, subsidiarias de Fresnillo, debido a que durante varios años explotaron ilegalmente los terrenos de los ejidatarios para extraer oro.
En la sección de preguntas a los directivos, Richard Solly, representante de la London Mining Network, recordó que Penmont construyó la mina Soledad Dipolos en tierras comunales del ejido desde el año 2009. Además que las Cortes en México, confirmaron que las tierras explotadas pertenecen al Ejido, por lo que han ordenado que Penmont pague a la comunidad ejidal por la extracción del oro ilegalmente extraído.
El representante de London Mine Network, preguntó a los directivos el porqué los reportes financieros de Fresnillo plc no mencionan el conflicto legal que mantienen con la comunidad del Ejido el Bajío y si cumplirán con la sentencia de los tribunales que les exigen reparen el daño.
“Confiamos plenamente en las autoridades e independientemente sobre lo qué se determine en la sentencia nosotros cumpliremos como ya lo hicimos en el año 2013 cuando regresamos las tierras a los ejidatarios del Bajío en ese proceso legal”, precisó Octavio Alvídrez.
El director de Fresnillo precisó que anteriormente han cumplido con todos los ordenamientos del Tribunal Agrario y un ejemplo es que tienen muy buenas relaciones con unas 15 comunidades de la región de la Herradura y en el distrito de Fresnillo, en Ciénega y en todas la regiones en donde operan.
“El único lugar donde hemos tenido problemas es en el Ejido el Bajío porque existen dos grupos que continúan peleándose por los intereses que cada uno tienen”, destacó el directivo de Fresnillo.
Alvídrez Ortega destacó los programas que mantienen sus empresas mineras para apoyar y contribuir a las comunidades. “Tenemos programas para la educación y uno de ellos es “Picando Letras”, que es sostenida por nuestra Fundación en México y es un gran proyecto porque contribuye a la educación de los niños en comunidades que se localizan alrededor de donde operamos”.
“Otro ejemplo es el programa mi Primer Robot, y consiste en preparar a las comunidades donde operamos que se capaciten en la robótica. Nosotros participamos con estos grupos en diferentes capacitaciones en México y a nivel internacional. Estamos orgullosos en aumentar la educación y nosotros tenemos una educación continua y apoyamos a diversas instituciones en México”, enfatizó el ejecutivo.
Añadió que Fresnillo patrocina a diversas escuelas en Caborca, Sonora, y también en la ciudad de Fresnillo apoyando a los profesores. “Además contamos con diversos programas para el agua, debido a que el agua es fundamental para la minería pero también para las comunidades”.
Octavio Alvídrez concluyó señalando que existen zonas donde las mujeres tienen que caminar unas tres horas para conseguir agua para sus hogares. En Fresnillo cuentan con tres plantas de agua y apoyamos a las autoridades en estos procesos. “También tenemos proyectos para evitar la contaminación de agua en sus operaciones cumpliendo con estándares internacionales y las regulaciones para tratar el agua”.
Fiona Gooch, representante de Transform Trade, cuestionó a los directivos señalando que el conflicto con los ejidatarios y las sentencias de las Cortes mexicanas no aparecen en los informes a la Bolsa de Valores de Londres, lo que implica que esconden información a los inversionistas.
Jesús Thomas, representante de los ejidatarios, también precisó que es cierto que existe un conflicto entre dos grupos del ejido pero que uno sólo está integrado por 4 personas quienes están apoyados por los abogados de la Mina la Herradura, mientras que el otro grupo cuenta con 70 campesinos que representan a la asamblea ejidal, la máxima autoridad del Ejido el Bajío.
Cuestionó también que la empresa minera no desea cumplir con la reparación de daño que ordenó el Tribunal Agrario, sentencia que implica que devuelva el oro saqueado o un monto determinado por peritos.
Los directivos de Fresnillo aseguraron que hasta ahora no cuentan con un presupuesto para pagar la reparación del daño a los ejidatarios porque sus abogados tienen otra interpretación de la sentencia del tribunal.
El conflicto entre el Ejido el Bajío y las empresas Penmont-Herradura comenzó alrededor del año 2009 cuando las mineras comenzaron a explotar el subsuelo de las tierras ejidales gracias a un permiso que obtuvieron de una familia de 4 ejidatarios, lo cual era ilegal debido a que únicamente la asamblea ejidal puede rentar, vender o otorgar permisos para explotar sus terrenos.
Para 2013 unos 76 ejidatarios del Bajío demandaron ante el Tribunal Agrario a las empresas y ganaron el litigio. Ahora sólo queda pendiente terminar un peritaje para determinar la reparación del daño que debe pagar Fresnillo a los campesinos, pero sus abogados pretenden extender y evitar el pago que se calcula en alrededor de 300 millones de dólares por uno 5 años que estuvieron extrayendo oro de manera ilegal.
Caso Bajío en parlamento inglés
Durante su visita a Londres, los representantes del Ejido el Bajío se reunieron con Fabian Hamilton, miembro del Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento Británico. Hamilton ya presentó una moción ante autoridades mexicanas por el caso del Ejido el Bajío y se comprometió a estar pendiente de su desarrollo.
Los ejidatarios son apoyados en Inglaterra por un conjunto de 68 organizaciones civiles aglutinadas en la Corporate Justice Coalition, la cual trabaja en una nueva ley que se presentará próximamente al parlamento para regular, sancionar y exigir que las empresas inglesas o las que cotizan en los mercados financieros de Londres cumplan con leyes ambientales en los países que operen y que respeten los derechos humanos.
Eleonor Rosenbach, directora de Corporate Justicia Coalition, y Ben Leather, director de Peace Brigades International, explicaron los alcances y el debate que ha generado la propuesta de ley. Mencionaron que ya cuentan con 120 mil firmas de personas que apoyan la propuesta.
Informaron que actualmente existen un conjunto de leyes que pueden sancionar a empresas inglesas por malas prácticas corporativas o las de sus subsidiarias fuera de Reino Unido, lo cual en la práctica no han estado funcionando debido a lo complicado para que las víctimas puedan demostrar con diversas leyes los casos donde se violan derechos humanos o daños al medio ambiente.
La nueva legislación tiene un enfoque diferente ya que se invierte quién debe mostrar las pruebas de que no se violaron derechos humanos o que se provocaron daños ecológicos. “Ahora son las empresas las que deben demostrar que hicieron todo lo posible para evitar esos daños”, concluyó Ben Leather.
Con la actual legislación británica las empresas que realizan malas prácticas corporativas sólo pueden ser denunciadas por demandas civiles. La propuesta de la nueva ley contempla que en casos graves de violaciones de derechos humanos los ejecutivos también puedan ser demandados penalmente.
AUTOR: JUAN ALBERTO CEDILLO.
No hay comentarios:
Publicar un comentario