Esta información la dio a conocer la defensora de Derechos Humanos en una entrevista durante el programa radiofónico de Análisis Feminista, de la periodista Lucía Lagunes Huerta, donde dio detalles de los nulos avances en la investigación a pesar de la sentencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos contra el Estado mexicano por este caso.
En 2006, San Salvador Atenco fue el escenario de la lucha del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, quienes se oponían a la expropiación de sus tierras para la construcción del Aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco. El conflicto escaló.
Fue el 3 de mayo cuando inició una disputa entre vendedores de flores de San Salvador Atenco y policías municipales. El conflicto escaló hasta la ejecución de un operativo conformado por mil 815 policías estatales y 628 elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP), quienes enviados por el entonces gobernador, Enrique Peña Nieto, buscaban ponerle fin al movimiento de protesta. Durante el operativo se detuvieron arbitrariamente a más de 200 personas
De las mujeres aprehendidas declararon haber sido torturadas sexualmente por parte de elementos policiales al momento de su detención y traslado; 11 de ellas iniciaron un proceso ante el Sistema Interamericano que concluyó con la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 28 de noviembre de 2018.
El caso de Atenco, consolida a México como un país que tortura mujeres privadas de su libertad, a través de agentes del Estado, por ejemplo, a nivel internacional, desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se han emitido tres sentencias condenatorias por los casos de: Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México en 2018; Valentina Rosendo Cantú en 2010 e Inés Fernández Ortega en 2010.
Y en el sistema nacional de Derechos Humanos no es la excepción, se reciben denuncias con respecto de este tipo de violación, de acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), de 2014 al 2022 hay más de 607 quejas por tortura ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y esta organización ha conocido más de 110 casos de mujeres sujetas a procesos penales y sobrevivientes de diversas formas de tortura sexual.
El gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), dio a conocer el Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual Cometido contra Mujeres Privadas de Libertad en México. A partir de las mil 280 entrevistas realizadas en el estudio a mujeres privadas de la libertad en 66 penales del país, el documento revela que siete de cada 10 mujeres fueron víctimas de violencia en algún momento de su proceso judicial.
Se debe recalcar que este Diagnóstico forma parte del resolutivo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia emitida el 28 de noviembre de 2018 contra el Estado mexicano por las 11 mujeres sobrevivientes víctimas de tortura sexual en el caso de San Salvador Atenco, estado de México.
En este diagnóstico se informó que 7 de cada 10 mujeres vivieron algún tipo de violencia, incluida la tortura sexual en diferentes etapas de su proceso: ya sea en su arresto, traslado, puesta a disposición ante el ministerio público, arraigo, estancia en centro de reclusión o la etapa de juicio.
¿Con qué más no ha cumplido el Estado mexicano en este caso?
María Luisa Aguilar, coordinadora del Área Internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, también denunció que el Estado mexicano, recalcó que a lo largo de estos 18 años, el Estado mexicano no ha cumplido con la creación del observatorio para monitorear y fiscalizar el uso de la fuerza de la Policía federal, ahora Guardia Nacional, como se estableció en la histórica sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y tampoco avanzó el Mecanismo de Seguimiento a Casos de Tortura Sexual.
Aguilar, resaltó que las autoridades mexicanas han fallado también en incluir a las sobrevivientes en las investigaciones y en llevar a cabo estas investigaciones de acuerdo con las directrices establecidas por la Corte Interamericana.
En este contexto, se reitera la exigencia de las 11 mujeres sobrevivientes para que el Estado mexicano cumpla con sus compromisos y garantice que todos los responsables, incluyendo la cadena de mando involucrada en los eventos de mayo de 2006, sean debidamente juzgados y sancionados.
Ante los resultados del caso, la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas ha limitado su acción y se presume no ha investigado los hechos en su totalidad ni establecido responsabilidades de la cadena de mando, mientras que el Estado no ha otorgado una ruta efectiva de rehabilitación para atender las necesidades de salud de las mujeres.
Las 11 mujeres
En este contexto, María Luisa Aguilar, coordinadora del Área Internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, durante la entrevista recordó que solo fueron 11 mujeres, quienes decidieron emprender acción legal por los hechos y al agotar instancias en el país, llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Ellas son parte de un grupo de alrededor de 50 mujeres quienes fueron detenidas y la mayoría sujetas a prácticas de tortura sexuales, pero se animaron a denunciar estos hechos, en un contexto de mucho estigma por parte de las instituciones, así como del propio movimiento social.
Dijo que cuando vayan desarrollándose los temas pendientes alrededor del cumplimiento de la sentencia de la Corte, también se encontrarán cuáles han sido los grandes temas de decepción para ellas.
Expresó que ellas son muy conscientes de que su lucha ha tenido un significado que no se puede medir alrededor de los temas particulares de una reparación, sino que tiene que ser entendido más desde un nivel estructural.
Abundó, para este erradicar esta estructura se requiere también el fortalecimiento del Mecanismo de seguimiento a casos de tortura sexual, creado justo a petición de las mujeres y que cree un diagnóstico sobre la práctica de torturas sexual en México.
Incluso, precisó que estas mujeres lograron ponerle nombre a algo que muchas mujeres viven en México o en la región que atraviesan un contexto de represión y de protesta, y de decir
“Nuestros cuerpos son utilizados como un arma para socavar movimientos, nuestros cuerpos son utilizados como una propia arma en contra de nosotras mismas en contextos de detención, a eso se llama torturas sexuales y lo practican el Estado mexicano y los estados de la región”.
Cuestionada sobre qué es lo que falta y no ha cumplido el Estado mexicano en estos graves hechos, María Luisa Aguilar precisó la sentencia de la Corte Interamericana, como en muchas otras, ordena una serie de medidas de reparación en distintos niveles, primero es en lo individual, es decir, algunas medidas para cada una de ellas.
Además, detalló que el Estado tiene que garantizar atención médica y psicológica y rehabilitación, porque en algunos de los casos mujeres habían interrumpido sus estudios por los hechos, se deben otorgar becas de educación, para algunas otras las reparaciones pecuniarias.
Mencionó que la otra deuda es la creación de un Observatorio independiente que regule prácticas de la Guardia Nacional y Policía del estado de México, porque de acuerdo con la defensora, en este tema en particular el Estado se ha negado a dar cualquier paso.
Dijo que esto «es muy importante», pues la creación de un observatorio de este tipo permitiría generar controles adicionales a las prácticas de las fuerzas de seguridad, en particular de una fuerza de seguridad recién creada, como es la Guardia Nacional.
Dijo que la actitud del Estado mexicano frente a esta medida en particular ha sido la negación absoluta.
Cabe aquí hacer una acotación por lo interesante, porque precisamente son estos elementos quienes están llevando las tareas de seguridad en el país y la puntera en las encuestas de la próxima elección presidencial, Claudia Sheinbaum, ha señalado que continuará con el proyecto de la Guardia Nacional en labores de seguridad.
En busca de justicia
En julio de 2020, las mujeres sobrevivientes acompañadas por el Centro Prodh iniciaron un proceso legal sin precedentes en el país, contra las autoridades del estado de México para que éstas cumplieran con lo ordenado por el Tribunal interamericano.
Cabe recordar que, durante estos 18 años, las autoridades locales han sido las encargadas de investigar los actos de tortura y represión en Atenco; sin embargo, hasta hoy ningún elemento o funcionario de las diversas corporaciones locales ha sido sancionado por la tortura sexual cometida contra las mujeres.
Por el contrario la FGJEM ha obstaculizado, desde el 2006 e incluso después de la emisión de la Sentencia de la Corte IDH, la posibilidad de que las mujeres sobrevivientes accedan a la justicia.
La exigencia de las mujeres sobrevivientes por alcanzar justicia es de relevancia para el Estado, no solo es poner fin a 18 años de impunidad, sino porque una adecuada investigación y sanción de los responsables puede fungir como una verdadera medida de no repetición, en un país donde la práctica de la tortura sexual persiste.
Al continuar con las observaciones sobre las reparaciones, la coordinadora del Área Internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, expresó que «es una gran oportunidad perdida por parte del Estado mexicano», porque podría construir de la mano de las organizaciones civiles y de otros expertos, y cumplir las medidas ordenadas por la Corte Interamericana.
Enfatizó que esas son oportunidades que se abren para resolver lo estructural, pero solo cuando este tipo de litigios son bien recibidos por el Estado, no obstante, en ese tema no se ha avanzado.
Recordó que se creó una campaña llamada Rompiendo el Silencio Todas Juntas contra la Tortura Sexual, que acompañaron desde algunas organizaciones y tiene el objetivo de decir que esta práctica no fue un tema aislado y ponerle rostros a las mujeres que son víctimas de esto.
AUTOR: /RITA MAGAÑA TORRES.
No hay comentarios:
Publicar un comentario