“En el documento, la CNDH constata lo que los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) hemos denunciado durante casi 10 años: no sólo la minera ha violado los derechos humanos de las víctimas del derrame; también las instituciones, y de forma persistente a lo largo de casi una década”, señalaron en un comunicado.
Entre las autoridades responsables reconocidas por la CNDH se encuentran el gobierno de Sonora, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduria Federal de Proteccion al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la cual “continúa negando su responsabilidad” y se niega a dar acceso expedito y transparente a documentos oficiales, además de que “ha protegido los intereses de la empresa responsable”.
“Han pasado casi dos sexenios y las autoridades siguen sin tomar medidas efectivas para garantizar nuestros derechos, mientras la empresa responsable sigue en la impunidad”, acusaron los CCRS, quienes recordaron que la población afectada aún tiene metales pesados en la sangre, “que se siguen acumulando por la persistente contaminación en agua, aire y suelo”; un hospital en obra negra; citas médicas en un Hospital de Especialidades sin toxicólogos, especialistas en salud ambiental o laboratorios para análisis de metales pesados; tinacos con agua de pozos contaminados; además de que no hay “planes ni compromisos para que las 36 plantas potabilizadoras operen a largo plazo”.
Entre las recomendaciones de la CNDH se encuentra que la Semarnat, la Profepa, Conagua, la Secretaría de Economía y de Salud, y el gobierno de Sonora deberán coordinarse para el cumplimiento del Programa de Remediación, así como poner en marcha un mecanismo a fin de garantizar atención médica especializada, acceso a agua potable y lograr la remediación y restitución total conforme a los estándares nacionales e internacionales en materia ambiental.
Además, se recomendó que la Semarnat impulse un mecanismo entre instituciones que cuente con la participación de la población afectada, en el que se informen los avances en el proceso de remediación hasta alcanzar un estado óptimo de remediación con base en lo dispuesto en el Programa de Remediación para el Río Sonora.
Finalmente, los Comités destacaron la recomendación para que las autoridades señaladas como responsables realicen “de forma exhaustiva las investigaciones dirigidas a verificar que las actividades extractivas en el Municipio de Cananea por parte del Grupo México no aporten contaminación adicional a cuerpos de agua, suelo y aire en la realización de sus procesos, específicamente en los relacionados a lixiviación, descargas residuales, manejo de residuos peligrosos y operación de presas de jales”.
“Los CCRS consideramos que esta Recomendación de la CNDH, aunque tardía, es un paso importante para la búsqueda de justicia. No solo reconoce la responsabilidad de Grupo México, sino también las omisiones que las autoridades federales y del gobierno de Sonora han tenido todos estos años, las cuales han generado responsabilidad institucional al no remediar y reparar los efectos causados en nuestra salud física y mental, que actualmente persisten”, destacaron los Comités.
Las comunidades de los CCRS aseguraron que se mantendrán atentas al cumplimiento de la Recomendación y llamaron a las autoridades a que se coordinen, asignen funcionarios de alto nivel y establezcan de forma inmediata mesas de trabajo con su participación activa para comenzar las acciones de remediación y reparación “cuanto antes”, pues, precisaron, “llevamos casi 10 años esperando que se cumplan sus promesas”.
AUTOR: REDACCIÓN.
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