Según las organizaciones, esos fallecimientos se podrían atribuir a que las internas “no han recibido atención psicológica ni psiquiátrica de manera oportuna estando bajo custodia del Estado”.
Las firmantes recordaron que el pasado 30 de mayo un medio de comunicación expuso el intento de suicidio de una interna identificada como Yadira, así como el testimonio de una mujer que había estado privada de libertad en el Cefereso 16, quien dio que “dentro del centro penitenciario están con sobredosis de medicamento de uso controlado para el sistema nervioso, lo cual ha sido la causa, de por lo menos cuatro suicidios”.
Apuntaron que ante el silencio del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) y de autoridad penitenciaria del Cefereso 16, el Instituto de la Defensoría de Pública Federal informó en sus redes sociales que el 29 de mayo había sido encontrada sin vida una interna de ese penal, por lo que interpuso una demanda de amparo “por actos prohibidos en el artículo 22 constitucional”, que se refiere al impedimento de las penas de muerte y otras excesivas.
Al recordar que la Jueza Segunda de Amparo dio 24 horas a las autoridades para que cesara la incomunicación en el Cefereso 16 así como las penas prohibidas, las organizaciones destacaron la muerte de 14 mujeres privadas de libertad.
Según las organizaciones, esos fallecimientos se podrían atribuir a que las internas “no han recibido atención psicológica ni psiquiátrica de manera oportuna estando bajo custodia del Estado”.
Ante la denuncia del suministro de fármacos, resaltaron que hasta ahora se desconoce “qué tipo de medicamento se les está proporcionando, cuál es su diagnóstico y la dosis que reciben”, aunado a que no se sabe en qué condiciones están las mujeres en el penal.
Tras señalar que 490 mujeres internas, es decir el 40%, están sometidas a prisión preventiva oficiosa, es decir, sin sentencia, las organizaciones y activistas firmantes transmitieron información recabada entre familiares de estas mujeres sobre las malas condiciones en que se encuentran.
De acuerdo a los familiares, “las mujeres están 23 horas del día dentro e la celda, se les permite una llamada máxima de 20 minutos”; tienen permitido tener visitas cada nueve días, y para quienes se trasladan de otros estados, pueden ver a sus internas tres días seguidos.
Sobre las condiciones del penal, los reportes refieren que prevalece la falta de medicamentos, los alimentos son “insalubres, escasos y no equilibrados”, el agua potable es escasa, sin oportunidades laborales dignas.
Las organizaciones denunciaron que las “medidas disciplinarias” que reciben las internas “se traducen en tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y su aislameinto son actos de tortura como política de Estado”.
Aunado a lo anterior, los familiares denunciaron ante las organizaciones que prevalece la corrupción, como “el imponer una tienda con precios inflados para comprar bienes básicos como toallas sanitarias o agua potable”, productos a los que tienen acceso las mujeres que tienen la capacidad de recibir depósitos de 2 mil 300 pesos mensuales.
Bajo el lema de “¡Las mujeres privadas de la libertad merecen vivir!”, las firmantes exigieron “investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas” para esclarecer la 14 muertes de mujeres en custodia del Estado, “para determinar y sancionar a las personas responsables de la violencia y tortura dentro del Cefereso 16, en un plazo razonable y por medio de funcionarias capacitadas en atención a víctimas de discriminación y violencia en razón de género”.
Solicitaron un informe sobre la situación en materia de salud de las mujeres privadas de libertad, así como los diagnósticos y los medicamentos que se les administran; reparación del daño por los actos de “violencia, tortura o malos tratos” tanto a las mujeres como a los familiares, víctimas de violencia institucional; garantizar que las mujeres y sus familiares puedan denunciar el maltrato sin sufrir represalias, tal como lo ordena la Convención Americana de Derechos Humanos, así como brindar asistencia legal mediante el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP).
Asimismo, las organizaciones y activistas sugirieron “implementar una herramienta de información permanente sobre la seguridad e integridad de las mujeres” internas; liberar a las mujeres sometidas a prisión preventiva oficiosa, medida contraria a los estándares internacionales de derechos humanos, así como proporcionar alternativas a la prisión preventiva, y activar una política pública de “reinserción social con perspectiva de género”.
Asimismo exigieron conocer las medidas tomadas para “garantizar condiciones e infraestructura adecuadas”; crear un equipo interdisciplinario de respuesta inmediata y de crisis, “que pueda ingresar a centro, realizar una evaluación inmediata que identifique mujeres que estén en un alto riesgo suicida y poder definir acciones inmediatas para proteger su vida e integridad”; realizar un plan de cierre del Cefereso 16 y que el Estao proporcione todos los productos de primera necesidad a las mujeres privadas de libertad.
Al puntualizar que el sistema de justicia penal actúa “contra quienes carecen de dinero y de redes de apoyo, la mayoría están marginalizadas en función de su raza, etnicidad, orientación sexual e identidad de género”, las organizaciones y defensoras de derechos humanos exigieron el cumplimiento de las “Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad”, conocidas como Reglas de Bangkok.
Firman el manifiesto organizaciones como Mexiro AC; Documenta Análisis y Acción para la Justicia Social; Centro de Estudios de Acción para la Justicia; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero; Unión de Colectivas de Defensoras de Derechos Humanos de niñas y mujeres de Zacatecas; Impunida Cero, Borde Político; Borde Jurídico; Red Nacional de Juventudes Diversas; Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C., y Centro de diversidad y derechos sexuales entre otro.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
No hay comentarios:
Publicar un comentario