La Corte determinó que fueron violentados procesos legislativos y la autonomía municipal de Bahía de Banderas con la aprobación de leyes y decretos.
La resolución refiere diversas impugnaciones a los actos y decretos legislativos del estado de Nayarit, específicamente los relacionados con la urbanización.
El Municipio de Bahía de Banderas, representado por el síndico municipal, Julio César Robles Lima, presentó una demanda el 23 de mayo de 2023 en la que se impugnó la validez de varios decretos publicados el 4 de abril de 2023 en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit.
Estos decretos incluían la Ley de Fraccionamientos y Acciones de Urbanización del Estado de Nayarit, reformas a la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Nayarit.
Además de diversas modificaciones a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, la Ley de Planeación del Estado de Nayarit, el Código Penal para el Estado de Nayarit y la Ley de Movilidad del Estado de Nayarit.
El Municipio de Bahía de Banderas argumentó que durante el proceso legislativo se cometieron varias irregularidades que violaron los artículos 14, 16, 39, 40, 41 y 116 de la Constitución Federal.
Entre las irregularidades señaladas se menciona que la iniciativa no se promovió con carácter preferente y se aprobó de manera apresurada sin justificación adecuada para la dispensa de trámites legislativos.
Además, el Ayuntamiento dijo que se vulneró el requisito de deliberación informada, ya que todo el proceso, desde la elaboración del dictamen hasta su aprobación, se realizó en menos de 24 horas, impidiendo un debate real y adecuado entre los legisladores.
El Tribunal Pleno de la Suprema Corte resolvió que era competente para conocer del caso y reconoció la legitimación activa del Municipio de Bahía de Banderas para promover la controversia, así como la legitimación pasiva de los Poderes Legislativo y Ejecutivo locales.
La demanda fue presentada de manera oportuna y procedente, lo que permitió al Tribunal analizar las impugnaciones relacionadas con las facultades del Ejecutivo local y la autonomía municipal.
Durante el análisis de fondo al proyecto presentado por el ministro Alberto Pérez Dayán, la Suprema Corte concluyó que hubo violaciones al proceso legislativo.
Se determinó que algunos de los decretos impugnados invadían la esfera competencial del municipio y violaban la autonomía municipal en la gestión de fraccionamientos y urbanización.
La sentencia de la Suprema Corte, no solo reconoció la validez del procedimiento legislativo en general, sino que también destacó la importancia de respetar la autonomía municipal, y subrayó que el proceso legislativo debe garantizar un debate adecuado y una deliberación informada, lo cual no se cumplió en este caso.
La resolución tiene implicaciones más amplias para la gobernanza urbana en Nayarit y otros estados, ya que refuerza el principio de que los municipios deben tener un control significativo sobre las políticas de urbanización que afectan directamente a sus comunidades.
La decisión también evidencia la necesidad de seguir “procedimientos legislativos adecuados y transparentes” para evitar futuros conflictos legales y asegurar que todas las partes interesadas tengan la oportunidad de participar en el proceso legislativo.
Este conflicto inició en mayo de 2023, cuando al frente del municipio se encontraba Mirtha Villalvazo, alcaldesa con licencia, amparo y prófuga de la justicia.
Villalvazo Anaya expresó su intención de reelegirse este año, pero fue señalada por el gobierno de Nayarit y la fiscalía estatal, por los presuntos ilícitos de ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias, fraccionamiento ilegal de inmuebles, enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos ilícitos y otros, relacionados con su administración.
La denuncia fue promovida por el Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA) en octubre de 2023, mientras seguía su curso el llamado Mega operativo “Nuevo Nayarit” encabezado por Miguel Ángel Navarro Quintero”, de Morena, que persigue presuntos delitos relacionados con la compraventa ilegal de terrenos en la zona turística de Compostela y Bahía de Banderas.
Villalvazo Anaya recibió autorización del cabildo de Bahía de Banderas, el primero de marzo, de una licencia para buscar la candidatura de Morena y reelegirse, pero debido a estos señalamientos no siguió y se encuentra en calidad de prófuga de la justicia, aunque mantiene un amparo para conservar sus derechos políticos.
En medio de estas cuestiones territoriales, el gobernador del estado también propuso la modificación del Registro Público de la Propiedad, para restarle accesibilidad; además de crear una alerta registral que advertiría la consulta de los datos.
Esta medida también ha sido impugnada por la consejería jurídica del Gobierno de México, y el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) por considerarla inconstitucional por violentar los principios de máxima publicidad, accesibilidad, transparencia y protección de datos personales.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: KARINA CANCINO.
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