Sin embargo, Grupo Elektra expresó su confianza en la resolución del Poder Judicial conforme a derecho, y el deber ser en “un proceso imparcial y autónomo, y con el estudio necesario”.
El magnate Ricardo Salinas Pliego acusó este miércoles al Presidente Andrés Manuel López Obrador de presionar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en uno de los cuatro amparos que tiene por adeudos fiscales.
A través de redes sociales, el dueño de Grupo Elektra señaló que han habido “reiteradas presiones” por parte del titular del Poder Ejecutivo y del Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre los casos de adeudos fiscales que se encuentran en los tribunales federales.
“Les recuerdo que la Suprema Corte es la última instancia y contrapeso. Seguiremos defendiendo nuestra causa y jamás consentiremos ni concederemos ante lo que consideramos cobros dobles, improcedentes, erróneos y abusivos. Como ya lo he dicho: si se debe, se paga; si no se debe, no se paga. Mis empresas y yo siempre hemos pagado muchos impuestos y, al final del día, será el Poder Judicial, con autonomía e independencia, el que decida lo correcto”, escribió.
Por su parte, la cuenta oficial de Grupo Elektra compartió un comunicado de prensa y un mensaje similar al de su dueño, aunque añadió que está en su derecho como empresa mexicana a tener acceso a una “justicia pronta, completa e imparcial”, por lo que dijo confiar en el Poder Judicial.
Ante las reiteradas presiones que emanan del ejecutivo federal y en particular del SAT sobre los casos de mis empresas en los tribunales federales, les recuerdo que la Suprema Corte es la última instancia y contra peso; seguiremos defendiendo nuestra causa y jamás consentiremos… https://t.co/i4ziZDwlg5
— Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) June 12, 2024
“Como toda empresa en México, es nuestro derecho humano el tener acceso a una justicia pronta, completa e imparcial; confiamos en que, en este y el resto de nuestros casos, será el Poder Judicial el que decidirá conforme a derecho y sin ceder ante presiones externas”, señaló.
En el comunicado de prensa publicado expresó su “profunda preocupación por la presión permanente y sistemática que se ejerce desde el Poder Ejecutivo” sobre el Poder Judicial y la SCJN, con el objetivo de “afectar su autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones”.
“Es muy peligroso que esto suceda en la víspera de que mañana sesione el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, integrado por los magistrados Fernando Silva García, Martha Llamile Ortiz Brena y Salvador Alvarado López, quienes estarán revisando y dictaminando un caso de Grupo Elektra. La presión ejercida desde la más alta tribuna de este país, es evidente, ha contaminado el efectivo y autónomo proceder de dichos magistrados”, acusó.
“Hacemos de conocimiento público que procederemos a solicitar que los magistrados de dicho Tribunal se recusen del caso, a fin de que se garantice una mirada objetiva y un análisis imparcial por parte de magistrados alternativos a nuestro caso”, agregó.
Ante la permanente y sistemática presión del @GobiernoMX sobre el Poder Judicial Federal y la @SCJN en torno a nuestros casos, seguiremos defendiendo nuestra libertad a discernir con el gobierno y de demandar resoluciones que eliminen los abusos como el doble cobro de impuestos.… pic.twitter.com/LcG7to2muV
— Grupo Salinas (@gruposalinas) June 12, 2024
Asimismo, informó que todos sus procedimientos legales relacionados con el “doble cobro” de impuestos en 2008, 2010, 2011 y 2012, el SAT decidió no reconocer pérdidas fiscales legalmente probadas y auditadas.
“De manera contradictoria, en 2013, el SAT determinó que las mismas pérdidas antes declaradas inexistentes se considerarían existentes en el régimen de desconsolidación fiscal, generando así el cobro doble por la misma operación. No suficiente con este doble cobro, en 2013, el SAT incluyó de manera ilegal en el Recurso de Revocación un nuevo cobro por el año 2009, el cual no había sido previamente auditado”, explicó el Grupo.
Por ello, sostuvo que “debido al prolongado proceso legal en la búsqueda de una resolución de fondo que elimine los abusos en contra nuestra, los montos de los impuestos supuestamente adeudados se han incrementado estratosféricamente vía penalizaciones injustas e improcedentes (actualizaciones, multas y recargos)”.
De esta forma, Grupo Elektra manifestó su confianza en la resolución del PJF conforme a derecho, y el deber ser en “un proceso imparcial y autónomo, y con el estudio necesario”. “Estamos seguros de que [el Poder Judicial] no permitirá que factores y presiones externas determinen su proceder y decisión”, finalizó.
Mañana, 13 de junio, sesionará el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el cual revisará y dictaminará el caso de Grupo Elektra.
El pasado mes de septiembre, la Segunda Sala de la SCJN rechazó atraer los cuatro amparos para resolverlos en conjunto, por ello, ahora están en cuatro tribunales colegiados distintos.
El pasado 21 de febrero, un Tribunal federal le negó otro de los cuatro amparos a Grupo Elektra, con el que buscaba abreviar su litigio contra el mayor crédito fiscal que enfrenta: de 18 mil 455 millones de pesos.
Con dos votos contra uno, el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa rechazó el recurso que amparaba a Elektra, con el fin de que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) analice los argumentos de su demanda contra el Sistema de Administración Tributaria (SAT).
Los magistrados, Salvador Alvarado y Martha Ortiz Brena, quienes rechazaron el proyecto de su colega Fernando Silva, argumentaron que ya cuentan con elementos para solucionar definitivamente este caso, que lleva ocho años en litigio.
La Sala Superior del Tribunal aprobó el crédito en octubre de 2020, porque siete años atrás, cuando salió del régimen de consolidación fiscal, Elektra debió haber reversado pérdidas de sus filiales, pero los aprovechó para pagar menos impuestos en años anteriores.
Ambos magistrados manifestaron estar a favor. Otros tres tribunales tienen pendiente resolver si las pérdidas declaradas por Elektra en los años 2008 a 2012 fueron ilegalmente deducidas, como sostiene el SAT, que por este tema fincó tres créditos a la empresa por un total de ocho mil 351 millones de pesos, pues por una parte ha rechazado la existencia de las pérdidas que declaró en los años mencionados, pero por otra, afirma que tuvo que haberlas tomado en cuenta cuando salió del régimen de consolidación.
No obstante, adelantó que está por conocerse el monto final de las pérdidas del periodo 2008 a 2012, mismas que le serán reconocidas a Elektra como legales, según lo que resuelvan los otros tres tribunales, los cuales no están obligados a sentenciar de manera simultánea ni con el mismo criterio.
Sin embargo, la decisión del Vigésimo Tribunal de mañana será definitiva, de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual rechazó en noviembre pasado la propuesta del Ministro Luis María Aguilar para atraer los cuatro amparos directos de Elektra, y así resolver todo el conflicto de manera global.
TRIBUNAL DA PALO A SALINAS PLIEGO
El pasado 5 de junio, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ganó un juicio contra Grupo Elektra por los adeudos que tiene ante la falta del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), los cuales suman más de dos mil millones de pesos.
El Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito negó, por unanimidad, el amparo a Elektra, por lo que la empresa que pertenece a Ricardo Salinas Pliego tendrá la obligación de pagar el adeudo del ISR del ejercicio fiscal acumulado desde 2008, que asciende a dos mil 011 millones de pesos.
La compañía fundó su alegato en supuestas pérdidas por haber vendido acciones para no pagar. La instancia judicial desechó los argumentos de la demandante y resolvió que ésta debe entregar los saldos por el adeudo fiscal.
El Tribunal recordó que Elektra impugnó la decisión de la autoridad tributaria a través de un juicio en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sin embargo, la sentencia en primera instancia fue favorable para el SAT, por lo que la empresa objetó en una segunda instancia.
Posteriormente, magistrados del Tribunal establecieron que Elektra tiene la obligación de pagar el adeudo, desechando sus argumentos. No obstante, Elektra puede impugnar esta resolución en una tercera instancia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
AUTOR: REDACCIÓN.
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