La violencia estalló en el municipio el 4 de junio, cuando "Los Autónomos" se enfrentaron con un grupo antagónico, con resultado de tres muertos, cuatro heridos y 17 casas y 21 vehículos quemados, lo que provocó el desplazamiento de miles de habitantes el 7 de junio.
Tan pronto como comenzó el retorno, el grupo de “Los Autónomos” fijó su postura: señalan que están amparados por la Constitución mexicana y otras disposiciones legales que por tanto tienen derecho a regular el uso de las tierras ejidales incluso a obtener recursos para financiar las actividades ejidales. Piden no se ignore el reglamento ejidal.
En un documento firmado por todas las autoridades del ejido, la directiva informa que respeta las casas de los pobladores y avecindados que ahora se encuentran desplazados desde el 7 de este mes, que han habitado en esas tierras, pero no permitirán más construcciones ni la compra y venta de solares.
“Les reiteramos a los desplazados que permanecieron y los que quieran regresar, que deben de respetar que tres veces al año se realizan festividades religiosas, y que el uso de las calles está facultado el comisariado ejidal; el acuerdo de la asamblea general es que tenemos el derecho de medir el área de la vía pública que se usa para instalar puestos y vendedores ambulantes”.
Los llamados autónomos manifiestan que la Constitución los avala y como pueblo indígena tienen el derecho a señalar normas para lograr la convivencia en paz. “La Ley Agraria señala que tenemos derecho a regular el uso de las tierras ejidales, y los instrumentos internacionales señalados mencionan y obligan al Estado mexicano a respetar nuestro derecho de obtener recursos para financiar nuestras actividades autonómicas o de ejercicio de nuestro legítimo derecho de autonomía”.
Señalan que como núcleo agrario ejidal tienen un reglamento interno del ejido de Tila, “con el que regulamos la vida interna y la forma en que se usan nuestras tierras. Como lo hemos dicho, todas las personas que han habitado nuestras tierras les respetamos sus casas, pero no más construcciones, compra y venta de solares; sus negocios, sus formas de vida, pero en contrapartida ustedes deben de acatar las reglas que el ejido tiene”.
Los ejidatarios dejan claro que las festividades religiosas la administraran ellos: “aquellos avecindados y pobladores que quieran rentar y cobrar por el uso de calle que queda frente a sus casas, están incurriendo en actos ilegales porque el dueño de las tierras somos el ejido Tila. Vale decir que el fondo recaudado que da cada puesto que se coloca en las calles, se utiliza para limpieza y combustible para los camiones recolectores de basura”.
El ejido Tila que aglutina al grupo de “Los Autónomos”, afirmó “categóricamente, que es falso que nosotros cobramos derecho de piso de 70 mil pesos o más, quienes lo han hecho son parte del crimen organizado y lo comprobamos por los recibos que expedimos por cada pago hecho por ustedes”.
En su documento los ejidatarios afirman ser dueños del territorio: “Muchos de ustedes tienen mucho tiempo de vivir en tierras del ejido de Tila, cuya propiedad de los 836 capacitados está amparada por Resolución Presidencial de fecha 30 de julio de 1934, por lo tanto, conocen, saben y les consta que nos regulamos conforme a la Constitución, la Ley Agraria vigente desde 1992, la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización internacional del Trabajo (OIT)”.
Dirigiéndose a los pobladores y avecindados remarcó: “Ustedes, al asentar sus viviendas, fueron engañados por los tres niveles de gobierno, no pueden alegar ignorar ese reglamento, porque la norma es igual para todas las personas habitantes de las tierras del ejido de Tila. Si ustedes no quieren cumplir esto, entonces lo que piden son privilegios y eso no va a suceder, y no va a suceder porque entonces piden que la norma sea injusta y desigual”.
En Tila estalló la violencia el 4 de junio, cuando los autónomos se enfrentaron con un grupo antagónico, con resultado de tres muertos, cuatro heridos y 17 casas y 21 vehículos quemados, lo que provocó el desplazamiento de miles de habitantes el 7 de junio.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA COUTIÑO.
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