El Tribunal recordó que Elektra ya había impugnado la decisión de la autoridad tributaria a través de un juicio en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero que la sentencia en primera instancia también fue favorable para el SAT.
El Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito negó, por unanimidad, el amparo a Elektra, por lo que la empresa que pertenece a Ricardo Salinas Pliego tendrá la obligación de pagar el adeudo del ISR del ejercicio fiscal acumulado desde 2008, que asciende a dos mil 011 millones de pesos.
La compañía fundó su alegato en supuestas pérdidas por haber vendido acciones para no pagar. La instancia judicial desechó los argumentos de la demandante y resolvió que ésta debe entregar los saldos por el adeudo fiscal.
El Tribunal recordó que Elektra impugnó la decisión de la autoridad tributaria a través de un juicio en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sin embargo, la sentencia en primera instancia fue favorable para el SAT, por lo que la empresa objetó en una segunda instancia.
Posteriormente, magistrados del Tribunal establecieron que Elektra tiene la obligación de pagar el adeudo, desechando sus argumentos. No obstante, Elektra puede impugnar esta resolución en una tercera instancia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El pasado septiembre, la Segunda Sala de la SCJN rechazó atraer los cuatro amparos para resolverlos en conjunto, por ello, ahora están en cuatro tribunales colegiados distintos.
El pasado 21 de febrero, un Tribunal federal le negó otro de los cuatro amparos a Grupo Elektra, con el que buscaba abreviar su litigio contra el mayor crédito fiscal que enfrenta: de 18 mil 455 millones de pesos.
Con dos votos contra uno, el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa rechazó el recurso que amparaba a Elektra, con el fin de que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) analice los argumentos de su demanda contra el Sistema de Administración Tributaria (SAT).
Los magistrados, Salvador Alvarado y Martha Ortiz Brena, quienes rechazaron el proyecto de su colega Fernando Silva, argumentaron que ya cuentan con elementos para solucionar definitivamente este caso, que lleva ocho años en litigio.
La Sala Superior del Tribunal aprobó el crédito en octubre de 2020, porque siete años atrás, cuando salió del régimen de consolidación fiscal, Elektra debió haber reversado pérdidas de sus filiales, pero los aprovechó para pagar menos impuestos en años anteriores.
Ambos magistrados manifestaron estar a favor. Otros tres tribunales tienen pendiente resolver si las pérdidas declaradas por Elektra en los años 2008 a 2012 fueron ilegalmente deducidas, como sostiene el SAT, que por este tema fincó tres créditos a la empresa por un total de ocho mil 351 millones de pesos, pues por una parte ha rechazado la existencia de las pérdidas que declaró en los años mencionados, pero por otra, afirma que tuvo que haberlas tomado en cuenta cuando salió del régimen de consolidación.
No obstante, adelantó que está por conocerse el monto final de las pérdidas del periodo 2008 a 2012, mismas que le serán reconocidas a Elektra como legales, según lo que resuelvan los otros tres tribunales, los cuales no están obligados a sentenciar de manera simultánea ni con el mismo criterio.
Sin embargo, la decisión del Vigésimo Tribunal será definitiva, de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual rechazó en noviembre pasado la propuesta del Ministro Luis María Aguilar para atraer los cuatro amparos directos de Elektra, y así resolver todo el conflicto de manera global.
AUTOR: REDACCIÓN.
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