La SCJN, en un reporte interno, también concluye que el cambio podría afectar la resolución oportuna y técnicamente correcta de los casos que conocen los órganos de justicia.
El análisis sobre la propuesta de reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue realizado por el Centro de Estudios Constitucionales (CEC) de la Corte.
En él se advierte también que la sustitución total de los jueces y magistrados especializados en materias específicas por juzgadores electos por voto popular, pone en riesgo la resolución oportuna y técnicamente correcta de los casos que conocen esos órganos.
El documento retomó la opinión sobre el proyecto de reformas constitucionales sobre el sistema electoral dirigida a México en el año 2022 por la Comisión Europea para la Democracia, que indicó que la elección por voto popular de los magistrados electorales es inusual.
“Para dicha comisión, la composición de los tribunales electorales no debe basarse en preferencias y elecciones políticas, sino principalmente en criterios profesionales. Esto, ya que la voluntad de las y los votantes es política. Asimismo, argumentó que, incluso si la nominación de personas candidatas requiriera de una cierta evaluación de su experiencia, el voto directo podría llevar fácilmente a una situación en la que las y los integrantes estén orientados políticamente”, precisó el CEC.
La propuesta del presidente López Obrador establece que la elección de los magistrados electorales será calificada por la Suprema Corte.
En tanto, el TEPJF sería el responsable de resolver las impugnaciones sobre las elecciones de los ministros, magistrados de circuito, jueces de Distrito y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial (que sustituirá al Consejo de la Judicatura Federal).
De igual modo, la elección de los integrantes de la Sala Superior del TEPJF será calificada por la Corte y ésta resolverá las impugnaciones de este ejercicio.
Mientras que los magistrados de sala regional serán electos mediante voto popular, pero por regiones.
Propone que el cargo de los magistrados, tanto de la Sala Superior como de las salas regionales del TEPJF, dure seis años improrrogables y que, para el caso de falta absoluta de alguno de ellos, el Senado será el que elija un sustituto para cubrir el periodo, a propuesta de la Corte.
Los magistrados que actualmente integran las salas regionales y la Sala Superior, deberán renunciar el día que tomen protesta los magistrados que resulten ganadores en la primera elección por voto popular.
De acuerdo con la propuesta, los magistrados de Sala Superior que resulten electos por primera vez en cumplimiento a la reforma, durarán en el cargo cinco y ocho años para que el periodo de cuatro de ellos culmine en 2030 y para los tres restantes, en 2033.
El periodo de los magistrados de salas regionales que sean electos por voto popular en la primera jornada, durará cinco y ocho años; dos de ellos concluirán en 2030 y el resto en 2033.
Igual que con los ministros, los periodos que correspondan a cada magistratura electa serán determinados en función del número de votos que obtengan en la contienda para que quien tenga más votos dure más en el cargo.
Los magistrados electorales que estén en funciones para la entrada en vigor de la reforma, pueden ser candidatos para la modalidad de elección por voto popular.
No ganarían más que el presidente
La propuesta de reforma judicial prevé, además de la renovación total del Poder Judicial de la Federación (PJF), que los juzgadores electos por voto popular inicien sus funciones ganando menos que el mandatario federal.
Según el documento que el Poder Legislativo buscará discutir en septiembre próximo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es una institución altamente onerosa, pues al cierre de 2023 no sólo los ministros ganaban más que el presidente de la República sino otros 241 trabajadores de dicha institución, que en total tiene una nómina de tres mil 772 personas, perciben salarios mayores a los del titular del Ejecutivo federal.
En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 189 trabajadores de los mil 558 que lo conforman ganan más que el presidente; mientras que del resto del PJF, 48 mil 407 servidores públicos, mil 947 también tienen salarios por encima del que tiene López Obrador.
En total, de todo el PJF dos mil 377 personas ganan más que el presidente y en su conjunto suman un excedente de dos mil 167 millones 353 mil 603.
Por ello, prevé modificar los artículos que hasta ahora protegen los salarios de los ministros de la Corte, los magistrados electorales y los jueces y magistrados de Circuito para que no puedan ganar más que el presidente.
También se propone que los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, el órgano de administración judicial y los magistrados electorales sean incluidos en la prohibición de tener un trabajo o desempeñar un cargo público remunerado durante los primeros dos años siguientes a la fecha de su retiro.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.
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