Debido a que en este amparo la juez no concedió ninguna suspensión, los jueces federales del país están obligados a aplicar la reforma, es decir, a conceder suspensiones únicamente para favorecer a los quejosos.
La juez Primero de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México , Minerva Herlinda Mendoza Cruz, dio entrada a la demanda del abogado Luis Miguel Cano López quien afirmó que la reforma afecta su derecho al amparo, es decir, el derecho a recibir protección judicial para salvaguardar los derechos humanos que la población considere que se están violando.
El abogado, quien desde hace 20 años se ha dedicado a llevar casos de defensa de derechos humanos, solicitó una suspensión para evitar la entrada en vigor de la reforma, sin embargo, la juez rechazó conceder la medida y será hasta el próximo 27 de junio que analice si concederá o no la suspensión definitiva.
En la demanda fueron señalados como autoridades responsables las cámaras de Diputados y Senadores y el presidente de la República, por ser quienes participan en la aprobación y promulgación de leyes y reformas en el país, como ocurrió con la reforma a la Ley de Amparo.
La juez señaló para el próximo 1º de agosto para realizar la audiencia constitucional en la que definirá si concede o no el amparo.
Precisó que la fecha de esta audiencia fue fijada con mucho tiempo de distancia debido a que la agenda de audiencias de su juzgado está saturada y a que en julio próximo se realizará el primer periodo vacacional para el Poder Judicial de la Federación (PJF).
Mientras tanto, solicitó a todas las autoridades demandadas que remitan sus informes justificados en el plazo de 15 días.
“En términos de los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables sus respectivos informes justificados, las cuales deberán hacerlo dentro del plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído; señalando las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio de amparo y la constitucionalidad y/o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias respectivas”, señaló la juzgadora.“Se apercibe a las citadas autoridades que en caso de que omitan rendir su informe justificado, o bien, no remitan las constancias correspondientes, se les impondrá una multa de cien a mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización”.
Antes de la reforma los jueces de amparo comenzaron a conceder suspensiones con efectos generales, no sólo para beneficiar a quienes tramitaban los juicios, bajo el argumento de que si se permite un trato distinto para unos y otros, se ocasionaría un daño mayor a la sociedad.
La reforma impulsada por los legisladores de Morena en el Congreso de la Unión, prohíbe a los jueces que concedan suspensiones de amparo contra leyes de aplicación general para beneficiar a todos, es decir, para evitar su entrada en vigor.
Debido a que en este amparo la juez no concedió ninguna suspensión, los jueces federales del país están obligados a aplicar la reforma, es decir, a conceder suspensiones únicamente para favorecer a los quejosos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.
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