Así lo informó, el 27 de junio de 2024, el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT), el cual cual celebró, a través de un comunicado, el cierre del caso, como un “triunfo en una batalla jurídica en la que prevaleció la razón a favor de la vida, la salud, la naturaleza, la riqueza biocultural y la soberanía alimentaria”.
El CONAHCYT -cuya titular es María Elena Álvarez-Buylla Roces- aseguró que continuaría avanzando en el cumplimiento del decreto presidencial y en cabal coordinación con el resto de las instancias de la Administración Pública Federal, hasta conseguir que los maíces transgénicos y el glifosato quedaran fuera de los alimentos de las familias mexicanas.
El organismo público descentralizado del Gobierno Federal recordó que la publicación del decreto presidencial para la restricción de esos dos productos provocó una gran cantidad de demandas de amparo promovidas por diversas empresas dedicadas a la comercialización de agrotóxicos u otros insumos agropecuarios, como granos y semilla.
Así como de organizaciones que representaban a esas mismas empresas o a productores convencionales, en favor de los intereses de compañías trasnacionales y del oligopolio de la agricultura industrial.
El CONAHCYT expuso que se trataban de más de 30 juicios de amparo, a través de los cuales buscaban que el decreto presidencial fuera declarado inconstitucional y quedara sin efectos. Sin embargo, la gran mayoría de esos juicios estaban ya concluidos con resoluciones que no favorecieron a las empresas y asociaciones civiles.
“Esto llevó a que el decreto presidencial de 2020 se mantuviera firme, hasta que fue abrogado por uno nuevo en 2023 que reafirma lo establecido en el anterior y agrega la instrucción de sustituir gradualmente el maíz transgénico para consumo animal y uso industrial para consumo humano”, apuntó ell organismo público descentralizado del Gobierno Federal.
El CONAHCYT añadió que uno de los procesos judiciales contra el decreto presidencial, fue el originado con la demanda principal y los recursos adhesivos de las empresas Semillas y Agroproductos Monsanto y Monsanto Comercial, filiales de la transnacional alemana Bayer, que, en 2018, concretó la compra de la compañía de agrotóxicos y biotecnología transgénica, Monsanto Company.
“En el litigio, CONAHCYT fue señalado como una de las autoridades responsables, por lo que esta institución ofreció cerca de 250 documentales que exhibían la evidencia científica y jurídica que da sustento a los argumentos plasmados en sendos informes justificados y promociones, en defensa del decreto presidencial”, destacó el organismo público descentralizado del Gobierno Federal.
“CONAHCYT mantiene el apoyo a investigaciones humanísticas, científicas, tecnológicas e innovadoras para indagar presencia de transgenes y glifosato en granos, semillas y harina de maíz, lo que permitirá determinar las posibles rutas de dispersión, así como otras acciones sustantivas y fundamentales que contribuyan a garantizar el derecho humano del pueblo de México a una alimentación saludable”, concluyó el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías.
El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó, el 1 de abril de 2024, que el Gobierno de México permitiría seguir importando el glifosato en la agricultura mexicana, hasta que existiera un sustituto que no fuera dañino para la salud.
Las secretarías de Economía (SE), de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), además de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) informaron, a las 20:33 horas del 26 de marzo de 2024, que, a pesar de que el 1 de abril del presente año era la fecha límite para la sustitución del glifosato en la agricultura mexicana -según un decreto presidencial publicado en el DOF, el 13 de febrero de 2023-, aún no se habían concretado las condiciones para sustituir su uso.
Raquel Buenrostro Sánchez, titular de la Secretaría de Economía (SE) mexicana, previó, el 29 de septiembre de 2023, que el panel de resolución de disputas, con su homólogo de Estados Unidos, en el marco del T-MEC, podría resolverse a mediados de marzo de 2024.
Ello por un decreto emitido, el 13 de febrero del 2023, por el presidente Andrés Manuel López Obrador, por el que se prohíbe adquirir, utilizar, distribuir, promover e importar maíz genéticamente modificado para el consumo humano y para la alimentación animal, además del glifosato.
“Para mediados de marzo, considerando los tiempos legales, podemos estar teniendo una resolución final. Ahorita es trabajo sólo de los panelistas y los abogados hasta tener el resultado final”, afirmó Buenrostro Sánchez, durante un mensaje a medios, en el marco de la tercera edición del Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN), llevado a cabo en Washington, D.C.
Por su parte, Katherine Tai, Representante Comercial del Gobierno de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), dijo que durante la reunión con su homóloga mexicana, no se tocó el tema del panel de solución de controversias del maíz transgénico.
“Hablamos de muchos temas, pero no hablamos del maíz no porque no sea importante, pero porque es algo que se le ha entregado a los abogados. La respuesta vendrá en varios meses, pero se están cumpliendo con los procedimientos ya existentes y nuestros equipos están trabajando el tema”, detalló la titular de la USTR.
La Representante Comercial del Gobierno de Estados Unidos anunció, el 17 de agosto de 2023, que la Administración encabezada por el presidente Joseph Biden, decidió establecer un panel de resolución de disputas, con su homólogo de México, en el marco del T-MEC, tras 75 días de consultas sin llegar a un acuerdo entre ambos países.
“Estados Unidos ha utilizado las herramientas provistas por el USMCA (T-MEC) para intentar resolver las preocupaciones con las medidas biotecnológicas de México. Hoy, Estados Unidos está dando el siguiente paso para hacer cumplir las obligaciones de México bajo el T-MEC”, dijo la representante comercial de EE.UU., citada en un comunicado.
Tai reiteró que a pesar de que en marzo del 2023 se pidió el inicio de consultas al amparo el capítulo 9 de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y de que en junio del mismo año se presentó otra solicitud de consultas, bajo el capítulo 31 de Solución de Diferencias del T-MEC, no se logró resolver el tema ni en la primera ni en las segundas consultas.
La funcionaria federal estadounidense destacó que a través del panel de disputas, buscarían resolver sus preocupaciones y ayudar a garantizar que los consumidores pudieran continuar accediendo a alimentos y productos agrícolas, que, según aseguró, eran seguros y asequibles.
Tai señaló que era fundamental que el Gobierno de México debería eliminar dichas medidas, las cuales, afirmó, eran incompatibles con el T-MEC, para que los agricultores estadounidenses pudieran continuar accediendo al mercado mexicano y utilizar herramientas innovadoras, para responder a los desafíos climáticos y de seguridad alimentaria.
En el comunicado, la representante comercial del Gobierno de EE.UU., que la relación bilateral entre ambos países era muy importante, y que se basaba en la “confianza y la honestidad”, por lo que Tai destacó que había muchas áreas en las que continuarían cooperando y trabajando juntos.
“El enfoque de México hacia la biotecnología no se basa en la ciencia y va en contra de la evidencia de décadas que demuestra su seguridad y el riguroso sistema de revisión regulatoria basado en la ciencia que garantiza que no representa ningún daño para la salud humana y el medio ambiente”, dijo, por su parte, el titular de la Secretaría de Agricultura de EE.UU., Tom Vilsack, citado en el comunicado.
“Las innovaciones en biotecnología agrícola juegan un papel clave en el avance de soluciones a nuestros desafíos globales compartidos, incluida la inseguridad alimentaria y nutricional, la crisis climática y los efectos persistentes de la inflación de los precios de los alimentos”, agregó el titular de la Secretaría de Agricultura estadounidense.
Vilsack también dijo que al solicitar el establecimiento de un panel de resolución de disputas con México, Estados Unidos continuaba ejerciendo sus derechos bajo el T-MEC, y que fue una medida para garantizar que los productores y exportadores estadounidenses tuvieran acceso pleno y justo al mercado mexicano.
“Continuaremos apoyando el comercio justo, abierto, científico y basado en reglas, que sirve como base del T-MEC tal como lo acordaron todas las partes”, concluyó el titular de la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos, citado en el comunicado.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.
No hay comentarios:
Publicar un comentario