La omisión e ineficacia de las autoridades locales y federales en brindar protección a través de investigaciones diligentes y de un esquema de protección adecuado y efectivo para Gustavo conllevaron a que sus agresores lo privaran de su vida el 17 de junio de 2021.
La disculpa pública que hizo hoy el gobierno de Oaxaca por el caso del periodista oaxaqueño Gustavo Sánchez Cabrera se suma al de la periodista Lydia Cacho, quien fue víctima de tortura y el del comunicador de Sonora, Alfredo Jiménez Mota, quien lleva 17 años desaparecido, confirmó la representante de Reporteros Sin Fronteras en México, Balbina Flores Martínez.
En un acto celebrado en el Palacio de Gobierno con la presencia de Marilú Salinas Zarate, esposa de Gustavo Sánchez Cabrera, así como del representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en México (ONU-DH), Ricardo Cancela Neves, el consejero jurídico del gobierno de Oaxaca, Geovany Vásquez Sagrero, reconoció que Norma Reyes Terán, entonces colaboradora del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, “fue trágicamente deficiente” a tal grado que le costó la vida al periodista independiente en abordar temas de seguridad, política y robo de hidrocarburos en la región del Istmo de Tehuantepec.
Luego de reconocer la labor de Balbina Flores Martínez de “Reporteros Sin Fronteras” y de Sara Lidia Mendiola Landeros de Propuesta Cívica por su lucha en aras de la libertad de prensa y por reparaciones para las familias periodistas asesinados, Vásquez Sagrego reconoció que en el gobierno del priista y hoy morenista Alejandro Murat Hinojosa “demostraron nula voluntad política para atender la situación de riesgo extraordinaria del periodista Gustavo Sánchez Cabrera y de su familia”.
Considera que “dichas omisiones se tradujeron en un mensaje de ausencia del Estado a favor de los agresores, quienes decidieron privar de la vida al periodista el 17 de junio de 2021”.
Entonces, “hoy que se conmemora un año más del asesinado del Gustavo Sánchez Cabrera, es necesario recordar que, la libertad de expresión es la piedra angular de la democracia, que permite a las personas y grupos disfrutar de otros derechos humanos y libertades, y que bajo esa premisa los gobiernos tenemos la obligación garantizar que las personas periodistas ejerzan su labor sin el temor de ser silenciadas.
Y agregó que “este acto no solo forma parte de una medida de satisfacción dentro del proceso de reparación integral de las víctimas, sino que, es un compromiso que asume este gobierno de orientar este acto tanto hacia el pasado como hacia el futuro, reconociendo los daños pasados (en el gobierno de Murat) y comprometiéndose a un futuro sin agresiones hacia la libertad de expresión.
En este aspecto, de acuerdo con la información que se encuentra en la Recomendación número 121/2022, reconoció que a pesar de que la Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo de Protección nos notificó - de manera escrita- de los antecedentes sobre las amenazas, agresiones y el atentado de arma de fuego perpetrado en contra de Gustavo, la entonces Coordinación de Atención a los Derechos Humanos fue trágicamente deficiente en el emprendimiento de acciones tendientes al cumplimiento de las medidas de protección”.
Y que aún bajo conocimiento de causa, la Coordinación de Atención a los Derechos Humanos no realizó las acciones tendientes al seguimiento puntual y diligente de las medidas de seguridad a nuestro encargo, como lo eran los números de emergencia y rondines a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública a favor del periodista.
Vásquez Sagrego aceptó que “estas omisiones, por sí mismas impactaron gravemente en los derechos a la integridad, a la seguridad personal y a la vida de Gustavo Sánchez Cabrera (porque) la entonces titular de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos lamentablemente minimizó la situación de riesgo de la familia de Gustavo Sánchez Cabrera, al responsabilizar al Mecanismo de Protección de sus obligaciones de prevención y atención a víctimas”.
“Bajo estas consideraciones, reconocemos en este acto de disculpa pública que la administración anterior (Alejandro Murat Hinojosa) del gobierno del Estado de Oaxaca y la anterior titular de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos demostraron nula voluntad política para atender la situación de riesgo extraordinaria del periodista Gustavo Sánchez Cabrera y de su familia”, puntualizó.
Mientras que la actual titular de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos (CADH), Flor Estela Morales, dijo que el 12 de julio de 2022 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 121/2022, dirigida a la Secretaría de Gobernación y al gobierno de Oaxaca por las negligencias y omisiones que derivaron en el asesinato del periodista, sin embargo, el entonces gobernador Alejandro Murat, no la aceptó.
Por su parte, la titular de Propuesta Cívica reconoció que la indiferencia institucional contribuyó al crimen del periodista Gustavo Sánchez Cabrera y a tres años de su crimen, familiares y organizaciones siguen exigiendo justicia.
“Mi blog busca atraparte con sus palabras. Noticias Minuto a Minuto le ha dado sentido a mi vida”, confió Gustavo Sánchez Cabrera antes de ser asesinado el 17 de junio de 2021.
Las organizaciones Propuesta Cívica y Reporteros Sin Fronteras (RSF) que acompañaron el caso revelaron que “previo a su asesinato, Gustavo recibió múltiples amenazas de muerte, intimidaciones y al menos cuatro atentados en contra de su vida, mismos que fueron denunciados ante la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca (a cargo de Arturo Peimbert Calvo), la cual no fue diligente en investigar estos hechos porque no hubo una sola respuesta por la institución encargada de procurar justicia.
Por otro lado, el periodista solicito´ su ingreso al Mecanismo Federal de Protección el 2 mayo de 2020, solicitud que fue ignorada por la institución y después de ser víctima de un primer ataque con arma de fuego fue incorporado al Mecanismo mediante procedimiento extraordinario el 18 de enero de 2022, es decir 8 meses después.
Sin embargo, el plan de protección que otorgaron a Gustavo Sánchez Cabrera nunca fue implementado, se trato´ solo de medidas de protección que quedaron plasmadas en papel.
La omisión e ineficacia de las autoridades locales y federales en brindar protección a través de investigaciones diligentes y de un esquema de protección adecuado y efectivo para Gustavo conllevaron a que sus agresores lo privaran de su vida el 17 de junio de 2021, crimen que permanece en total impunidad.
Propuesta Cívica y RSF han sumado esfuerzos tanto en el acompañamiento jurídico, como en la incidencia política y visibilización del caso en miras de obtener justicia para Gustavo Sánchez y su familia; gracias a lo cual hemos conseguido que autoridades locales se comprometieran al cumplimiento de tal recomendación.
Como organizaciones acompañantes, saludaron el compromiso demostrado por el gobierno de Oaxaca para aceptar la Recomendación 121/2022 en agosto de 2023, cuando previamente había sido rechazada por la administración del gobernador Alejandro Murat Hinojosa.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
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