Este miércoles el gobierno informó del hallazgo de restos humanos en un sector de la mina de Pasta de Conchos que le permitió dar un anticipo oficial en el sentido de que los trabajadores de ese sector no murieron calcinados, como se afirmó al principio.
El Gobierno de la República, a través de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, informó que se encontraron restos humanos y, aunque por ahora es imposible determinar cuántas personas murieron en el lugar del hallazgo, la distribución de los trabajadores la noche del accidente ubicaba ahí a 13 mineros.
El @GobiernoMX informa a viudas y familiares de las víctimas de la tragedia en la mina de Pasta de Conchos sobre el hallazgo de restos humanos. pic.twitter.com/S6K3iAtNV2
— Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) June 12, 2024
El anuncio fue detenido por las autoridades desde el fin de semana hasta la mañana del miércoles 12, cuando se confirmó el hallazgo a las familias de deudos y luego a la opinión pública.
La profundidad de la galería en la que se encontraron los restos es de 146 metros y las cuadrillas llegaron ahí a través de un tiro vertical, es decir, uno de los túneles construido ex profeso para conseguir el rescate.
Por ahora, Luisa María Alcalde ha desestimado la versión de la calcinación total que se empleó por empresa y autoridades para dar a conocer primero, la muerte de los trabajadores (“no hay sustento de vida”) y, segundo, para argumentar la suspensión de los trabajos de rescate y búsqueda de cuerpos (“fueron calcinados ya no queda nada”, se dijo).
La explicación de la funcionaria, en todo caso, permite advertir que, en ese sector de la mina, cuya extensión se estima en 2.6 kilómetros, no hubo explosión. También que encontraron restos humanos (al parecer dos huesos y una bota) debajo de un derrumbe grande en el que deberán realizarse trabajos periciales para finalmente saber cuántas personas había en el lugar.
La Mina 8 Unidad Pasta de Conchos está localizada en San Juan de Sabinas, Coahuila, un municipio de la Región Carbonífera de esa entidad y que por 2006, era uno de los beneficios minero carboníferos más grandes de la región y, por lo tanto, del país pues sólo en Coahuila hay minería de carbón.
La mina era propiedad de Industrial Minera México (IMMSA), una subsidiaria del gigantesco Grupo México, cuyo presidente y accionista mayoritario es el magnate Germán Larrea Mota Velasco, quien en ese tiempo era considerado el segundo hombre más rico del país y también uno de los financieros de la Fundación Vamos México, que dirigía la entonces primera dama, Martha Sahagún.
El siniestro que dejó sepultados a los 65 trabajadores motivó un movimiento de viudas y familias de deudos de ese y otros accidentes en las minas de carbón, la Organización Familia de Pasta de Conchos (OFPC), que a lo largo de 13 años litigó por conseguir que se recuperaran los cuerpos de los trabajadores, una acción que el gobierno de Felipe Calderón y el de Enrique Peña Nieto rechazaron con tenacidad.
Con el reclamo de libertad religiosa, del que se deriva el derecho a sepultar a sus muertos, la OFPC llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su reclamación que, si bien pretendía el objetivo mencionado, también podía conseguir que los trabajos devinieran en un peritaje para deslindar responsabilidades, lo que el gobierno desde 2006 y hasta 2019, así como Grupo México, evitaron a toda costa.
El caso presentado ante la CIDH permitió llevar otros siniestros carboneros pues el Estado Mexicano no ha implementado medidas de no repetición y los siniestros en minas han continuado.
El 19 de febrero de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador, a pregunta expresa de este reportero, descartó que fuera a litigar contra las pretensiones de los deudos de Pasta de Conchos en el Sistema Interamericano. Luego, el 1 de mayo del mismo año anunció que no sólo dejaría de litigar en la Comisión Interamericana sino que impulsaría un plan de rescate que quedaría a cargo de la entonces secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján.
La asfixia que se quiso ocultar
El 23 de febrero de 2006, luego de cuatro días de espera en el rescate de los trabajadores, el entonces secretario del Trabajo del gobierno de Vicente Fox, Francisco Javier Salazar Sáenz, informó que habían realizado un procedimiento de medición de temperatura a partir del sellado de barrenos con gota de agua, por lo que fue posible determinar que en el interior de la mina la temperatura había subido de entre 900 y hasta mil 200 grados, de manera similar a lo que se alcanza en un horno crematorio.
Acompañado de Xavier García de Quevedo, presidente de IMMSA, así como de autoridades locales y el entonces comandante de la región militar, el general Roberto Miranda Sánchez –quien había desplegado un cerco militar en el perímetro para contener inconformidades--, Salazar Sáenz declaró la noche del 23 de febrero de 2006 que en la mina “no hay sustento de vida”.
Desde ese momento las declaraciones oficiales se mantuvieron en esa explicación, inclusive, después de que en diciembre de 2006 y en marzo de 2007, fueron recuperados los cuerpos de dos trabajadores que, sin embargo, el forense declaró que habían muerto por estallamiento de vísceras y no por fuego.
En la Semana Santa de 2007, la búsqueda de cuerpos dio un giro. A partir de la difusión de un informe denominado Wooton, cuyas conclusiones eran por demás dudosas ya que alertaban sobre el riesgo de “epidemias de salmonela, tuberculosis y sida” si se continuaban los trabajos, el Grupo México, con aval de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), entonces a cargo de Javier Lozano Alarcón, decidieron cerrar las operaciones y dejar de buscar los cuerpos.
Para la primera semana transcurrida desde el siniestro, Proceso había publicado tanto en sus ediciones impresas como digitales, las numerosas inconsistencias en las versiones oficiales. El semanario dio a conocer el Acta de Inspección en el que se acreditaban los desperfectos y las primeras imágenes del interior obtenidas con una cámara de esta publicación confiada a los rescatistas.
Del Acta de Inspección así como de las fotografías, fue posible advertir que los ademes, esto es, la estructura de pilotes que soporta a los túneles, no contaba con separadores ni tacones, lo que en términos no técnicos, evidenciaba que los pilotes estaban sobrepuestos.
Al contraste, los rescatistas y tres ingenieros en minas de la región, alertaron sobre la indebida realización del procedimiento de sellado con gota de agua en los barrenos porque, con esa medida, Grupo México y la STPS, habrían cortado el oxígeno a los trabajadores que no hubieran sido alcanzados por la onda expansiva.
También advertían que era imposible que la onda expansiva lo hubiera calcinado todo, pues en las imágenes del interior se lograba ver que había aparatos intactos que no hubieran resistido el estallido.
El área donde se encontraron los restos humanos, precisamente, no tiene rastros de explosión sino de derrumbe, como ocurrió con los dos primeros cuerpos recuperados en 2007 y, en todo caso, la explosión pudo registrarse en otra área de la mina.
Carpetazos persistentes
A través de 18 años, la OFPC resistió en múltiples vías de exigencia para la recuperación de los restos bajo la consigna “A una voz ¡rescate ya!”. Durante todos esos años topó con pared en los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Cada uno de esos gobiernos, así como los gobernantes de Coahuila, hicieron una apuesta por el clientelismo que posibilitó fragmentar a las familias en diferentes grupos y que, en los últimos años, se han destacado por la proximidad con el dirigente minero y senador por Morena, Napoleón Gómez Urrutia.
Entre las decenas de casos abiertos por denuncias o demandas de la OFPC, en distintas materias jurídicas, destacan por su relación con los restos encontrados el miércoles las siguientes:
El escándalo de la doble acta de defunción, que hoy podría devenir en una tercera. La historia se remonta a las semanas que siguieron al colapso cuando el entonces gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, ofreció emitir actas de defunción para agilizar las pensiones. El acto devino en un cálculo inferior a lo que les correspondía a los trabajadores.
Y es que, durante los días del rescate, antes de que Salazar Sáenz anunciara que no había sustento de vida, se anunció que a las familias (que no recibían el último pago de nómina porque sus hombres estaban dentro) se les pagaría el salario de triple jornada, una acción que duró hasta la suspensión del rescate 14 meses después. El cálculo que reclamaba la OFPC era con el salario integrado del último año y ante la inexistencia de cuerpos una rectificación de las actas de defunción.
Entonces surgió una segunda acta de defunción y una realidad que pocos conocían, aunque se había dado a conocer en diferentes publicaciones periodísticas y en esta casa editora: al menos la mitad de los trabajadores estaban registrados ante el IMSS con salario mínimo y no había reportes del complemento. La conclusión fue que quedaron con pensiones bajísimas y actas de defunción especulativas sobre la causa de muerte.
Otra ruta jurídica que siguió la OFPC fue la intervención del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Cuando finalmente consiguió la intervención de la entidad, esta determinó que, para conseguir la recuperación de cuerpos no había condiciones de seguridad por lo que estas debían reponerse. Sin embargo, Javier Lozano Alarcón, como titular de la STPS, mantuvo la posición hasta la afirmación “no hay condiciones de seguridad” y con eso le evitó a Grupo México continuar con el rescate a su cargo.
Una ruta jurídica más inició con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Al ser nombrado subprocurador de Derechos Humanos, Ricardo García Cervantes, de la entonces Procuraduría General de la República. Veterano panista doctrinario, la OFPC encontró posibilidades de avanzar en el caso penal. Cuando finalmente se habían integrado las documentales necesarias para la consignación, al asunto se le dio carpetazo y García Cervantes fue cesado de manera fulminante argumentando un problema de salud.
Además, estaban las vías de derecho internacional, en especial el caso ante la Organización Internacional del Trabajo que resolvió dar la razón a las familias. El expediente concluido en 2009 consignaba que el Estado Mexicano había faltado a su deber en las tareas de inspección y verificación, precisando que el siniestro de la mina era imputable a IMMSA, la subsidiaria de Grupo México. Pero Javier Lozano, una vez más, leyó que no había responsabilidad para el Estado Mexicano, según dijo a este reportero en entrevista por los días del informe, y fue omiso ante la posición del organismo.
La OFPC siguió luego la ruta del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En la substanciación del expediente, el gobierno de Enrique Peña Nieto solicitó en diversas oportunidades el sobreseimiento del asunto y el caso trascendió al sexenio de López Obrador quien se comprometió a no litigar contra los deudos y el ya mencionado rescate que ayer tuvo su primer resultado.
Los altibajos del rescate
A finales de 2021 fue cuando se planteó un plan y se realizaron las primeras contrataciones, la más importante, para trabajos muy especializados de lumbreras y perforaciones que se le asignaron a Prodemex-Proacon, la firma de Olegario Vázquez Raña sin experiencia en minería del carbón.
La OFPC denunció la maniobra y la falta de experiencia de Prodemex en minería de carbón que es muy especializada. En tanto, Proceso dio seguimiento al caso: el 31 de enero de 2022, en el sitio web se informó que Prodemex-Proacon no había logrado ganar la licitación que se declaró desierta, pero días después, la propia CFE otorgó una asignación directa en la que prácticamente le pidió a la empresa poner el monto.
El trabajo fue un desastre y Prodemex-Proacon terminó retirándose de la obra que fue reasignada a otra empresa. Por su parte, la OFPC, en voz de su coordinadora Cristina Auerbach Benavides, denunciaba la opacidad del caso y, muy señaladamente, las deficiencias en el plan de rescate que, a decir de Manuel Bartlett, sería financiado por el carbón que se recuperara en el lugar para abastecer carboeléctricas.
Las críticas de Auerbach Benavides y viudas como Elvira Martínez, hicieron que la interlocución con el gobierno se restringiera al grupo de viudas cercano a Napoleón Gómez Urrutia. Luisa Alcalde no quiso reconocer al colectivo y citó a familias de deudos en diversas oportunidades sin permitirles la compañía de abogados y defensores de derechos humanos.
Con retraso de meses, finalmente el primer resultado del Plan de Rescate se alcanzó el pasado fin de semana. La mañana del miércoles se comunicó oficialmente a las familias que en varios casos reclamaron la retención de informes. De hecho, desde el lunes se programó una visita al lugar para el próximo viernes del presidente Andrés Manuel López Obrador acompañado por la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, en una gira que incluirá la mina siniestrada en 2022 conocida como El Pinabete, donde murieron 10 trabajadores.
La recuperación de los restos donde se supone había 13 cuerpos está prevista mediante un trabajo coordinado por la Fiscalía General de Justicia de Coahuila, la Comisión Nacional de Búsqueda y el Instituto Nacional de Medicina Genómica quienes determinarán los peritajes a seguir, según informó hoy la secretaria de Gobernación.
En tanto, la OFPC a través de Cristina Auerbach hizo un reconocimiento a la larga lucha de exigencia de los deudos por el rescate de cuerpos, así como a la voluntad de la actual administración.
También hizo un llamado a continuar con el rescate de los cuerpos de trabajadores y que las labores se realicen con seguridad para los trabajadores que participan en las obras, que se realice con medidas de protección y seguridad forense de los cuerpos y su pronta identificación.
Auerbach Benavides recordó al presidente López Obrador su compromiso de lograr el rescate y en caso de no conseguirlo, establecer por decreto un fondo para que pueda continuar. Además, reiteró que mantienen abierto el litigio en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la responsabilidad del Estado Mexicano en la violación de los derechos a la vida, la integridad, a la justicia y protección de la ley, así como por los derechos económicos, sociales y culturales violentados.
Finalmente, la OFPC insistió en la urgencia de cumplir el derecho a la justicia, la verdad y la no repetición. Esto es que, además de recuperar los cuerpos se realicen los peritajes necesarios para establecer qué fue lo que sucedió como también, por su parte, comprometió este miércoles la secretaria de Gobernación.
En tanto, las medidas de no repetición se relacionan con las condiciones de la minería del carbón que persiste en la Región Carbonífera de Coahuila que, desde el 19 de febrero de 2006 a la fecha, suma más de 150 mineros fallecidos en explotaciones regulares e irregulares.
Al respecto, Proceso ha documentado que durante este sexenio la atención a la zona se ha caracterizado por solicitar una alta demanda de carbón para abastecer carboeléctricas, así como por la escasa labor de la Inspección Federal del Trabajo, lo que ha resultado en nuevos accidentes y perdida de vidas humanas cuyo caso emblemático es el de la mina El Pinabete.
El próximo viernes, las familias agrupadas en la OFPC le pedirán al presidente López Obrador que, además del decreto para que los trabajos continúen cuando acabe su gestión, se atienda a las viudas de la mina de Rancherías. La petición concreta de Elvira Martínez, viuda del minero Jorge Vladimir Muñoz, es que las viudas de todas las minas reciban el mismo trato que las de Pasta de Conchos. Y, finalmente, le pedirán que dentro de la mina Pasta de Conchos, donde se realizará el rescate y recuperación de restos humanos, haya familiares que representen a las familias.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
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