Los pueblos y barrios originarios recordaron que con la construcción del puente vehicular, el Estado mexicano violó los derechos al acceso a la información, a la participación pública, a un medio ambiente sano, a defender los derechos humanos y al acceso a la justicia en materia ambiental, además de que el proceso de las obras “estuvo lleno de deficiencias” y hasta hoy continúan las afectaciones en la flora y fauna de la zona.
“Pese a ser un ecosistema que contaba con un nivel amplio de protección nacional e internacional, el Estado Mexicano lo destruyó con el único propósito de generar una vía de tránsito para vehículos automotores privados”, destacaron los habitantes, que después de cuatro años “de lucha y de agotar los recursos legales nacionales” acudieron a la CIDH para que el Estado mexicano sea declarado responsable de la devastación ambiental en la zona y se emitan medidas para restaurar “el humedal, la vida que habitaba en él y a quienes convivían y soñaban día a día en compañía de este ecosistema”.
Los pueblos y colectivos añadieron que la justicia mexicana “no resultó efectiva para proteger los derechos violentados al humedal, a las especies que forman parte de dicho ecosistema ni tampoco a las personas víctimas en esta petición”, pues a pesar de que pidieron la intervención del Poder judicial, éste “otorgó más importancia a la generación de una vialidad ineficiente y exclusiva para vehículos automotores, por encima de otras formas de movilidad, de la protección y preservación del humedal, de las especies que allí habitan y de los servicios ecosistémicos que brindan a la población, no sólo de Xochimilco, sino de toda la Ciudad de México”.
Frente a la inacción de las autoridades, los pueblos hicieron un llamado a la CIDH para que aplique la política de priorización de casos, admita la petición e investigue todas las violaciones cometidas contra el humedal y la población, así como reiteraron que su lucha por la defensa del territorio y el medio ambiente continuará hasta garantizar su protección y la procuración de justicia.
COMUNICADO:
Después de cuatro años de lucha y de agotar los recursos legales nacionales, habitantes de Xochimilco, Tláhuac, Iztapalapa, así como colectivos y organizaciones de la sociedad civil en la Ciudad de México, presentaron una petición colectiva ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado Mexicano por la violación a los derechos humanos de acceso a la información, participación pública, a un medio ambiente sano, al derecho a defender derechos humanos, así como al derecho al acceso a la justicia en materia ambiental.
Los colectivos buscan se determine la responsabilidad internacional de México por la destrucción del humedal de los carriles centrales de periférico, como consecuencia de la construcción del puente vehicular de nombre “Cielito Lindo”, y con ello se emitan medidas para restaurar al humedal, la vida que habitaba en él y a quienes convivían y soñaban día a día en compañía de este ecosistema.
El humedal de Xochimilco (ubicado en los carriles centrales de periférico sur-oriente, enfrente del Parque Ecológico de Xochimilco) es un elemento vital de interconexión para el conjunto del sistema lacustre de Xochimilco, un sitio de gran importancia socio-ambiental para la Ciudad de México, de relevancia única en la lucha contra el cambio climático a nivel internacional, nacional y local que posee un nivel de protección ambiental internacional como humedal RAMSAR y cultural como patrimonio cultural de la humanidad de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (en adelante UNESCO). Es refugio de aves migratorias y silvestres, zona de alimentación y reproducción de peces, anfibios y reptiles, un importante captador de carbón y un elemento esencial para el ciclo del agua a través de la captación del excedente de agua de lluvia.
Pese a ser un ecosistema que contaba con un nivel amplio de protección nacional e internacional, el Estado Mexicano lo destruyó con el único propósito de generar una vía de tránsito para vehículos automotores privados. El proceso de construcción del puente vehicular estuvo lleno de deficiencias, tales como el nulo acceso a la información, participación ciudadana o consulta a las personas afectadas, así como pueblos y barrios originarios de Xochimilco. Asimismo, México, a través del poder ejecutivo (principalmente mediante la Jefatura de Gobierno de la CDMX y la SEDEMA), movilizó el aparato estatal para la emisión del “Acuerdo de Facilidades” instrumento legal que tuvo como finalidad aprobar y construir este proyecto de la manera más rápida posible, sin importar evadir la evaluación de impacto ambiental y generar vicios en el proceso integral. Con ello incumplió sus obligaciones ambientales y de derechos humanos, pues omitió el proceso que contempla realizar un análisis técnico jurídico respecto a los impactos y daños ambientales que el proyecto contempla, así como el acceso a la información y la participación por parte de la ciudadanía.
La situación del caso evolucionó a una falta de acceso a la justicia una vez que el Poder Judicial de la Federación otorgó más importancia a la generación de una vialidad ineficiente y exclusiva para vehículos automotores, por encima de otras formas de movilidad, de la protección y preservación del humedal, de las especies que allí habitan y de los servicios ecosistémicos que brindan a la población, no solo de Xochimilco, sino de toda la Ciudad de México. La justicia mexicana no resultó efectiva para proteger los derechos violentados al humedal, a las especies que forman parte de dicho ecosistema ni tampoco a las personas víctimas en esta petición.
Ante las violaciones a derechos humanos existentes en este caso, pero también las afectaciones que se siguen generando debido a la destrucción del humedal como la reducción en la conectividad de sus poblaciones de flora y fauna, tales como la rana Hyla plicata, especie que está clasificada como amenazada según la NOM-059-SEMARNAT-2010 y que se prevé que sufrirá un aislamiento significativo que puede conducir a su desaparición, pérdida del hábitat de aves migratorias, de ranas, peces y otras especies; así como la disminución significativa de almacenamiento de carbono, la generación de islas de calor y alteraciones en la provisión de agua, ya que en la zona se llevan a cabo los procesos que permiten la recarga del acuífero.
Las personas defensoras del humedal de Xochimilco y las hoy peticionarias, hacemos un llamado a que la CIDH aplique la política de priorización de casos, que admita la petición e investigue todas las violaciones señaladas, para que hechos semejantes no vuelvan a ocurrir en la zona, ni en ningún otro sitio lacustre de gran valor social y ambiental en Latinoamérica y con ello se repare de manera integral a todas las víctimas, incluido el humedal.
Finalmente, pese a que ante autoridades nacionales las demandas de las personas defensoras no encontraron eco, la búsqueda de protección para el humedal y para los derechos humanos de las y los habitantes de la Zona Lacustre continúa, de forma que esto también es un llamado para todas las habitantes y los habitantes de Xochimilco de que la lucha aún no ha terminado y así como el humedal resiste bajo el concreto, nosotros y nosotras resistiremos y lucharemos para que se haga justicia
¡Antes, Ahora y Siempre #YoProtejoElHumedal!
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AUTOR: REDACCIÓN.
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