En un comunicado, el sindicato patronal -cuyo presidente nacional es José Medina Mora Icaza- aseguró que el apoyo de la mayoría de los votantes a la ex titular de la Jefatura de Gobierno de la capital de la República no debía verse como justificante para “avasallar” a las minorías, en la reforma judicial que ella impulsaba, porque la “celeridad con la que pretende discutirse, puede minar de forma irreparable la confianza para invertir en México”.
“El respaldo de una gran mayoría equivalente al 59% de los electores a la virtual presidenta Claudia Sheinbaum, no puede entenderse como un cheque en blanco, y mucho menos debe ser asumido como una justificación para avasallar a las minorías. En un país que goza de una democracia electoral con 30 años de avances paulatinos, no puede ni debe haber cabida a una regresión; es indispensable la generación de consensos entre los grupos mayoritarios y las minorías, en aras de la consolidación de acuerdos democráticos”, destacó la COPARMEX.
“El arranque de la siguiente administración será, por factores estructurales, complejo; creemos que debe haber sensatez en los actores políticos para no recrudecer los factores de desaceleración y mucho menos privar al país de su potencial para atraer 35 mil millones de dólares de nuevas inversiones que podrían llegar gracias al fenómeno de relocalización de empresas o nearshoring”, dijo el sindicato patronal.
“La reforma planteada al Poder Judicial y la celeridad con la que pretende discutirse, puede minar de forma irreparable la confianza para invertir en México, pues se advierte como una iniciativa que restaría independencia a ese poder y debilitaría al Estado de derecho. Ningún país miembro de la [Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico] OCDE tiene, por ejemplo, un esquema de elección popular de jueces, magistrados y ministros”, insistió la COPARMEX.
“Lo decimos claro, más que pensar en reducir la independencia del Poder Judicial, se debe optar por materializar y mejorar la reforma referida, para que dé los resultados esperados. La reforma constitucional de 2021 coincide en buena medida con la iniciativa de reforma presentada el pasado 5 de febrero de 2024, en el sentido que se busca que todas las personas tengan acceso pleno a la justicia y se erradique cualquier práctica de corrupción sancionando a los responsables”, enfatizó el sindicato patronal.
“Nuestro llamado es a no perder de vista que México tiene todo para crecer, para generar mayor bienestar para las familias, tenemos frente a nosotros un futuro próspero con esperanza, pero hacerlo posible implica no autosabotear ese potencial debilitando nuestra democracia. Es tiempo para permitir que los cambios y la transformación institucional planteada en 2021 madure para tener una justicia incluyente, es tiempo de que esa sea la base para la cohesión social”, agregó la COPARMEX.
“Insistimos que en esta nueva etapa para México se debe privilegiar la cohesión social, el diálogo, el respeto a las minorías y a la pluralidad, la defensa a la democracia y al Estado de derecho, la sensatez, la visión de largo plazo y el interés superior de la nación. Nuestra total disposición para seguir trabajando con el Gobierno bajo una sola premisa: nadie es mejor que todos juntos”, finalizó el sindicato patronal.
El 13 de junio de 2024, Juan Luis González Alcántara Carrancá, ministro de la Suprema Corte de Justicia de Nación (SCJN) afirmó que el Poder Judicial de la Federación (PJF) estaba dispuesto a dialogar respecto la iniciativa de reforma, con base en evidencia y diagnósticos objetivos.
“Es de todos sabido que el Ejecutivo federal está impulsando una reforma al Poder Judicial de la Federación. Reconocemos que el sistema de justicia federal es perfectible, sabemos y lo reconocemos, y en este punto la autocrítica es indispensable para mejorar”, dijo el ministro, durante un evento llevado a cabo en el Tec de Monterrey Campus Puebla.
“El diálogo que estamos dispuestos a entablar para llegar a formular mejoras estructurales, no podría ser otro diálogo que el basado en la evidencia y en el fruto de un diagnóstico basado en información objetiva y real, en donde se escuche, se intercambien ideas, se dialogue con los operadores y actores involucrados”, abundó González Alcántara Carrancá.
“Nuestra patria y todas sus instituciones, que con tanto esmero hemos construido, es lo que tenemos en común, por ello su defensa nos emplaza a todas y todos más allá de colores, ideologías o banderas […] La independencia judicial se satisface cuando se juzga desde el derecho, no desde las relaciones de poder, no desde los juegos de intereses o desde cualquier concepto ajeno al mismo”, expresó el ministro.
Acompañado por la comisionada relatora para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Andrea Pochak, el jurista inauguró la Décima Sesión del Encuentro Nacional por una Agenda de Seguridad y Justicia, consulta convocada por la Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la SCJN.
El mismo día, Kenneth Lee Salazar, titular de la Embajada de Estados Unidos en México, afirmó que el Gobierno de EE.UU. seguiría “con interés” la discusión para reformar el PJF. Sin embargo, enfatizó que correspondería a los mexicanos decidir la reforma y la manera en la que se iban a designar a jueces, magistrados y ministros.
“Si hay elecciones o no hay elecciones, todo eso es decisión de los mexicanos. Nosotros, los Estados Unidos, no podemos imponer nuestras opiniones ni nuestros sistemas”, explicó el diplomático estadounidense, quien agregó que era importante contar un sistema de justicia fuerte, ya que era indispensable para garantizar la seguridad y la prosperidad.
“La meta, yo creo, de todos, es de tener un Poder Judicial que sea fortalecido, que pueda hacer su trabajo muy bien, porque sin un Poder Judicial bueno, pues no podemos avanzar en muchas de los temas, incluso lo de la seguridad […] Conozco y podría comentar de delincuentes que en parte están ahí sin extradición, en parte por lo que no se ha hecho por el Poder Judicial, pero no me voy a meter en eso”, comentó Salazar.
AUTOR: CARLOS ÁLAREZ ACEVEDO.
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