La relatora especial de la ONU dijo que las autoridades mexicanas presentan de manera descontextualizada las resoluciones de los magistrados para después decir que actuaron fuera del marco legal aplicable y con la intención de beneficiar a presuntos delincuentes.
En una carta enviada a López Obrador, la relatora también advierte que hay legisladores de su partido Morena, así como funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR), que “habrían agredido y amenazado a jueces que emiten resoluciones con las cuáles estarían aparentemente en desacuerdo”.
En el documento se advierte que las autoridades mexicanas presentan de manera descontextualizada las resoluciones hechas por los magistrados, para después decir que actuaron fuera del marco legal aplicable y con la intención de beneficiar a presuntos delincuentes.
“Al parecer esta práctica se habría vuelto sistémica”.
Esta práctica habría iniciado desde el 2019, cuando el presidente comenzó a emplear “ataques ad hominem” en contra de jueces durante sus conferencias de prensa diarias realizadas en Palacio Nacional, en las que el mandatario habría hecho declaraciones sobre que los jueces son “corruptos”, tienen conflictos de interés o que actúan “bajo intereses criminales, complicidades, cohabitaciones inconfesables, corrupción y despilfarro de recursos”.
Declaraciones similares habrían sido replicadas por funcionarios del poder Ejecutivo y Legislativo, como el subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio, quien presenta de forma quincenal una sección llamada “Jueces que favorecen a delincuentes” y en las que habría compartido información de jueces y magistrados que han emitido resoluciones “adversas”.
La relatora dijo tener información sobre investigaciones a jueces, solicitadas en público por parte de López Obrador, como parte de sus reiteradas denuncias contra ellos, incluso mediante acciones administrativas, penales y disciplinarias, además de peticiones de revocación de la inmunidad judicial en aparente represalia.
“Sin pretender prejuzgar sobre la veracidad de estas denuncias, expreso mi seria preocupación por el presunto uso abusivo de los canales gubernamentales de comunicación masiva por parte del Ejecutivo para estigmatizar y calificar a los operadores de justicia como corruptos o delincuentes, en un contexto en el que las consecuencias de tales declaraciones incluyen previsiblemente hostigamiento y abuso dirigidos a influir en la toma de decisiones públicas. De confirmarse, los hechos dexfritos podrían constituir una violación a diversos estándares internacionales vinculantes para México”, señala la Relatora Especial.
Acusaciones incentivan acoso en línea contra juzgadores
En su escrito, Satterthwaite describe una conferencia de prensa matutina celebrada en marzo de 2021, en la que el presidente López Obrador pidió por primera vez a Arturo Zaldívar, entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que investigara a un juez federal después de que éste adoptara una decisión que suspendía la validez de la reforma eléctrica del mandatario federal.
También describe en su carta la conferencia de prensa matutina en la que el mandatario federal reconoció haber intervenido en la Corte, cuando Arturo Zaldívar era el presidente, para modificar decisiones de jueces.
Satterthwaite señala que la información sugiere que los ataques a jueces y magistrados desde Palacio Nacional buscarían minar la confianza pública en el Poder Judicial Federal, ataques que a su vez serían el origen de acoso en línea y amenazas a la integridad personal de varios jueces, lo que tiene como fin desalentar “a los operadores de justicia a tomar algunos casos, por temor a represalias informales e institucionales”.
“Ante esta situación, es mi responsabilidad, de acuerdo con el mandato que me ha sido otorgado por el Consejo General de Derechos Humanos, intentar clarificar las alegaciones llevadas a mí atención”, señala la carta en la que solicita más información sobre los hechos de los que se le acusa al mandatario federal.
En su escrito, la relatora también detalla el acoso que han sufrido juzgadores como Samuel Ventura Ramos por una resolución en la que ordenó la liberación de 24 acusados que estaban bajo investigación por el caso Ayotzinapa; o el juez Eduardo Alberto Osorio Rosado, señalado en cuatro ocasiones por “favorecer delincuentes”, lo que incluso lo orilló a presentar una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alegando preocupaciones por su seguridad personal.
Finalmente, Margaret Satterthwaite pide al gobierno de López Obrador adoptar medidas para proteger los derechos y las libertades de los jueces antes mencionados así como investigar, proceder e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MAZA.
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