Legisladores que integran la Comisión de Gobernación del Senado solicitaron más tiempo para analizar la ley General de Operaciones de los Registros Civiles.
Durante una reunión de la Comisión, la senadora por Morena, Rocío Abreu, solicitó más tiempo para analizar la minuta de ley General de Operaciones de los Registros Civiles, al argumentar que se trata de un tema fundamental de derechos humanos, identidad y protección de datos.
“Pediría poder tener un poco más de tiempo para tener un análisis completo para un tema tan delicado”.
En esa misma línea se sumaron los legisladores por Morena Alejandra del Carmen León y Rogelio Zamora, por Encuentro Social Eunice Romo, los panistas José Botello y Damián Zepeda, del Partido Verde María Gaitán.
La presidenta de la Comisión de Gobernación, Mónica Fernández Balboa, determinó que, luego de que siete de nueve legisladores votaron en contra de aprobar el proyecto, se agendaría una nueva fecha para realizar otra sesión y llevar a cabo otra votación.
La reforma busca, según la exposición de motivos, garantizar el derecho a la identidad de las personas y el acceso a los servicios que proporciona el Registro Civil, así como a los documentos y constancias en los que conste su identidad jurídica.
Principales cambios propuestos:
-La inscripción del nacimiento y defunción, las constancias de inexistencia que sean necesarias para llevar a cabo dichas inscripciones, así como la expedición de la primer acta respectiva, serán gratuitas, con independencia de si se trata o no de un registro oportuno.
-El Registro Civil seguirá los principios de publicidad, inscripción, especialidad, consentimiento, tracto sucesivo, rogación, prelación o prioridad, legalidad, legitimación y fe pública registral.
-La Dirección General del Registro Civil ejerce la función de inscripción de los Libros del Registro Civil y sus facultades serán de exclusiva competencia de los gobernadores y gobernadoras.
-Se crea el Consejo Nacional del Registro Civil como el órgano de coordinación interinstitucional para la armonización y homologación de la organización, el funcionamiento y los procedimientos de los Registros Civiles.
-Se instituye el Sistema Nacional de Registro e Identidad como la herramienta administrada por la Segob, que permite la inscripción y la certificación de los Hechos o Actas del Estado Civil susceptible de Registro.
El análisis de R3D
Con esta ley, la Secretaría de Gobernación quedaría a cargo del sistema donde se registran las actas de nacimiento, defunción, matrimonio, adopción o divorcio, así como las anotaciones de rectificación de género. Para inscribir estos registros, se utilizaría un formato único en el que la ciudadanía deberá otorgar sus datos personales (nombre, lugar de nacimiento, domicilio, entre otros), incluyendo datos biométricos de manera obligatoria.
Esta información sería almacenada en el Sistema Nacional de Registro e Identidad, una base de datos centralizada que estaría vinculada con otra, aún inexistente pero referida en la Ley General de Población. Esta base de datos sería, presumiblemente, la que está contemplada en el proyecto de la Cédula Única de Identidad Digital, cuyo dictamen se encuentra en el Senado desde 2021.
La eventual creación del Sistema Nacional de Registro e Identidad hereda los problemas de otros intentos por crear bases de datos biométricas centralizadas, como el fallido Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil ─declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia en 2022─ o la misma propuesta de la Cédula Única de Identidad Digital.
Las bases de datos biométricos centralizadas, con la que pretende el SID, representan un alto riesgo de vulnerabilidad frente a atacantes informáticos, ya que su diseño implica un punto único de ataque. Además, debido a la naturaleza de los datos biométricos ─imposibles de modificar o restituir─, una vulneración o filtración puede tener consecuencias devastadoras para las personas comprometidas.
Preocupa, además, que los datos contenidos en el Sistema Nacional de Registro e Identidad pueden ser transferidos, sin ningún control, a cualquier dependencia ─pública, privada y financiera─ que la Secretaría de Gobernación considere. Esto eleva el riesgo de malversación de los datos personales biométricos e incrementa las posibilidades de que terminen en manos equivocadas.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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