Según la investigación, la Guardia Nacional reportó una disminución en su efectividad en comparación con otras fuerzas de seguridad y a pesar de ello continuarán los planes presidenciales de transferirla a la Sedena.
La Guardia Nacional (GN) ha presentado una disminución en su efectividad operativa desde su creación, con reducción en detenciones, incautaciones de armas de fuego y aseguramientos de drogas, revela una investigación del consultor del programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana.
Los datos mostrados en la investigación titulada ‘Descifrando la conferencia de prensa presidencial. ¿Qué hace la Guardia Nacional? Resultados a la baja’, revelan que, en promedio, cada efectivo de la GN desplegado registró apenas 0.071 detenciones por año, contrastando con las 1.6 personas detenidas anualmente por miembros de la Policía Estatal Preventiva.
Además, los aseguramientos de armas de fuego y drogas como cocaína, heroína y metanfetaminas también han sido inferiores a los reportados por otras instituciones de seguridad “a pesar de tener una formación militarizada para enfrentar fenómenos delictivos de alto impacto”.
“(…)lo cual, se supone, mejora las competencias profesionales. Incluso en estas áreas, la GN es superada por los miembros del ejército desplegados en actividades de seguridad pública”, refiere el texto.
La investigación de la Ibero señala inconsistencias en los datos presentados por la GN en sus informes anuales, así como en los datos compartidos con el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal (CNSPF) del INEGI y las solicitudes de acceso a la información pública.
“En teoría, la información obtenida a través de solicitudes de transparencia debería ser más útil para un análisis profundo de las actividades de la GN y más confiable, debido a su mayor nivel de desagregación, lo que permitiría compararla con otras fuentes como las notas de prensa. No obstante, no existe consistencia entre los datos presentados por las tres fuentes principales: las cifras más altas suelen aparecer en los informes anuales, seguidos por los datos proporcionados al INEGI.”
Estas discrepancias plantean dudas sobre la transparencia y fiabilidad de la información presentada por la institución.
En la información presentada por la GN a través de solicitudes de transparencia, se observa la ausencia de entre el 9% y el 85% de los resultados reportados en sus informes anuales.
Además en actividades como personas detenidas, atención de agresiones, aseguramiento de armas, hidrocarburos, la deteción y atención de reportes por tomas clandestinas, y delitos relacionados con aseguramiento de drogas, existen diferencias en las cifras reportadas en los informes anuales de la Guardia Nacional, entre el 15 y el 91% no están contabilizadas en relación con los resultados señalados en respuestas por vía de transparencia.
A pesar de su capacitación militarizada para enfrentar delitos de alto impacto, la GN no ha logrado reemplazar completamente las actividades de las fuerzas armadas en seguridad pública, cuestionando los objetivos originales de su creación.
Según la investigación, a pesar de la militarización de la Guardia Nacional, el Ejército ha incrementado su presencia en labores de seguridad pública, contrario a lo ordenado por la Constitución y ello plantea dudas sobre el enfoque y efectividad de la GN en su función consolidadora.
En las conclusiones de la investigación, Storr señala que los gobiernos federales han preferido la militarización sobre el fortalecimiento de las policías civiles, con iniciativas como la Policía Estatal Acreditable y el Mando Único, reduciendo el estado de fuerza policial, con varios estados teniendo más militares que policías operativos.
Además, señala que a pesar de su objetivo de combatir delitos graves, la Guardia Nacional sigue bajo el mando del Ejército, lo que ha incrementado la participación militar en delitos relacionados con el narcotráfico y “la GN ha mostrado limitaciones en sus resultados y capacidad investigativa, reflejando un rol cada vez más débil en seguridad pública”.
“Considerando la urgente necesidad de fortalecer a las corporaciones policiales, mejorar el funcionamiento del sistema de justicia penal y aumentar la inteligencia y coordinación en seguridad, la falta de evidencia sugiere que priorizar una GN militarizada no debería ser una política de seguridad esencial.“
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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