El presidente menciona posible omisión y vínculos con la delincuencia organizada, pero defendió que no se ha encontrado absolutamente nada sobre participación directa de soldados en el crimen de Iguala.
El documento, con fecha del 8 de julio de 2024, fue entregado en medio de reclamos en contra del Ejército por ocultar información relacionada con el caso.
En el texto, AMLO reconoce que el Estado tuvo responsabilidad en el crimen; no obstante, defendió que hasta ahora no se ha encontrado “absolutamente nada” sobre la participación directa de integrantes del Ejército en el crimen de Iguala.
Además, advirtió que los señalamientos podrían tratarse de un intento por debilitar a la institución.
En el informe, AMLO garantiza que se han procesado 20 militares, incluidos generales y oficiales de rango medio, por por presunta omisión y vínculos con la delincuencia organizada.
“El señalamiento al Ejército, sin pruebas, me produce mucha desconfianza y sostengo que podría obedecer a un afán de venganza de personas o instancias del extranjero para debilitar a una institución fundamental del Estado mexicano, como quisieron hacerlo en el caso del general Salvador Cienfuegos o como lo están haciendo ahora en mi contra con una campaña de desprestigio, sin pruebas, tratándome de vincular con la delincuencia organizada, básicamente por motivos políticos e ideológicos”.
Sobre la participación de defensores de derechos humanos, AMLO cuestionó que defendieran y celebraran la aprobación de la resolución que permitió la liberación de al menos 60 personas que presuntamente estaban implicadas en la desaparición.
Esto en relación a lo aprobado por Tribunal Colegiado de Circuito de Tamaulipas bajo el supuesto de haber sido torturadas.
De manera inexplicable, o cuando menos contradictoria, los defensores de los padres y madres de los jóvenes de Ayotzinapa y los directivos del Centro Prodh, actuaron consciente o inconscientemente a favor de los presuntos responsables de la desaparición de los jóvenes, pues como se puede probar, no todos habían sido torturados y varios de ellos sí estaban involucrados en la desaparición de los jóvenes.
Antes de concluir su comunicación, López Obrador resaltó que espera que en su último informe de gobierno, pueda cumplir el compromiso de encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa y saber con mayor precisión lo sucedido, la irrefutable y auténtica verdad de los hechos.
“Espero que antes de mi último informe podamos, para satisfacción de las madres, padres y familiares y del pueblo de México, cumplir el compromiso de encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa y saber con mayor precisión lo sucedido; es decir, la irrefutable y auténtica verdad de los hechos”
DOCUMENTO DEL INFORME AYOTZINAPA DE AMLO:
Primer reporte del Presidente de México sobre los jóvenes desaparecidos en Iguala de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero
Ciudad de México, a 8 de julio de 2024
Presentes
Estimadas y estimados familiares de los jóvenes desaparecidos en Iguala, Guerrero, la noche del 26 de septiembre de 2014, madres y padres. Con mucho respeto por su dolor y sufrimiento, y también con apego a mis ideales de hablar con la verdad y actuar con honestidad y justicia, deseo informarles lo siguiente:
Como es sabido, desde el principio de este lamentable caso, las autoridades de ese entonces buscaron, por diversos motivos, ocultar la verdad de los hechos, inventaron la llamada verdad histórica; posteriormente, con la complacencia o confabulación de supuestos defensores de derechos humanos de la llamada sociedad civil y de organismos internaciones como la OEA y agencias del gobierno de Estados Unidos, se involucró a quienes no participaron en la desaparición de los jóvenes, se dejó en libertad a quienes sí son responsables y al paso del tiempo empezaron a sostener sin pruebas que los culpables de esta infame tragedia no fueron las autoridades locales, estatales y municipales de Guerrero, ni la banda de delincuentes que operaba en esa región, totalmente coludidos con dichos funcionarios, sino que en este crimen, la culpa mayor recae en los soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional, con el manejo de la consigna de que fue el Estado y específicamente fue el Ejército Mexicano.
Ciertamente, no hay duda de la responsabilidad del Estado, ya sea por omisión, ocultamiento y fabricación de la llamada verdad histórica de los funcionarios federales, estatales y municipales involucrados, pero el señalamiento al Ejército, sin pruebas, me produce mucha desconfianza y sostengo que podría obedecer a un afán de venganza de personas o instancias del extranjero para debilitar a una institución fundamental del Estado mexicano, como quisieron hacerlo en el caso del general Salvador Cienfuegos o como lo están haciendo ahora en mi contra con una campaña de desprestigio, sin pruebas, tratándome de vincular con la delincuencia organizada, básicamente por motivos políticos e ideológicos.
En el caso de Ayotzinapa, aprovechan la actitud sectaria de organizaciones independientes o no gubernamentales, que respeto, aun cuando no a todas les tengo confianza, porque hay quienes fingen defender al pueblo, pero en realidad forman parte del entramado de poder oligárquico nacional y, sobre todo, extranjero.
Mi hipótesis la sostengo en los siguientes hechos:
1. A partir de la desaparición de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa los abogados defensores por parte de los padres y madres de las víctimas, acudieron a la Comisión interamericana de Derechos Humanos de la OEA, siendo en ese entonces secretario ejecutivo Emilio Álvarez lcaza; para solicitar medidas cautelares y en ninguna parte hablaron de la participación del Ejército; inclusive, el día 3 de octubre de 2014, en la resolución en la cual conceden esta medida cautelar sostienen textualmente: “En el marco de los presuntos hechos, los solicitantes afirman que las autoridades estatales habrían actuado con un uso excesivo de fuerza y se habría permitido que ‘un grupo de particulares’ actuaran ‘persiguiendo los mismos intereses que los policías adscritos a la dirección municipal de Iguala, en vista que habrían disparado de la misma forma en contra de los estudiantes. En tal sentido, los solicitantes alegan que la manera en que habrían ocurrido los supuestos hechos sugiere que los particulares armados actuaron de manera coordinada con las autoridades estatales’” (Anexo 1, resolución 28/2014).
2. El 29 de octubre de 2014, los abogados o representantes de las madres y padres de los jóvenes de Ayotzinapa se entrevistan con el Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente de la República, y como resultado de esa reunión la Secretaría de Gobernación, la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos de la OEA y la organización Agustín Pro Juárez, firman, el 12 y 18 de noviembre, un documento de trabajo conjunto y se propone la participación del Grupo interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para la incorporación de la asistencia técnica internacional desde la perspectiva de los derechos humanos en la investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Cabe señalar que estos escritos los suscribieron, entre otros, Lía Limón García, en ese entonces subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; Mario Patrón Sánchez, del Centro Agustín Pro Juárez, y Emilio Álvarez lcaza Longoria, secretario ejecutivo de la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos de la OEA (Anexo 2, Acuerdo para la incorporación de Asistencia Técnica Internacional).
3. Considero importante dejar de manifiesto que la entonces subsecretaria de Gobernación, Lía Limón, fue posteriormente postulada por el Partido Acción Nacional como alcaldesa de Álvaro Obregón, en la Ciudad de México y en los últimos tiempos es militante del bloque conservador manejado por el seudoempresario Claudio X. González, integrado por los partidos PRI, PAN y PRD, así como destacados traficantes de influencias del antiguo régimen. De la misma forma, es pertinente subrayar la actitud hipócrita y reaccionaria de Emilio Álvarez lcaza, un gran farsante con disfraz de defensor de derechos humanos, un acérrimo adversario nuestro que siempre se ha opuesto a la transformación del país.
4. Mientras estos acuerdos se establecían en la cúpula del gobierno y de las organizaciones de derechos humanos, nacionales y extranjeros, la Procuraduría General de la República y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), como responsables de la investigación, llevaron a cabo detenciones de autoridades locales, policías municipales e integrantes de la banda llamada Guerreros Unidos y se sostiene que mediante tortura, si no de todos, sí de varios, fueron obteniendo declaraciones para construir la llamada verdad histórica, según la cual los jóvenes fueron asesinados, quemados en un basurero de Cocula y sus restos tirados al río San Juan.
5. Como resultado del acuerdo entre el gobierno federal y la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos de la OEA, el Grupo lnterdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, en su informe de septiembre de 2015, llega a la conclusión de que es falsa la llamada verdad histórica; es decir, que los jóvenes no fueron quemados en el basurero y que todo fue producto de declaraciones obtenidas mediante tortura.
6. Casi al mismo tiempo, con la participación de los abogados de los padres y madres de los jóvenes desaparecidos y de la organización Agustín Pro Juárez, se tramita una sentencia a favor de los encarcelados, con el argumento de que habían sido víctimas de tortura y se resuelve dejar en libertad a 14 de los detenidos por la supuesta causa de haber sido torturados; posteriormente, a 51 personas más, las cuales usaron esta sentencia como precedente para también ampararse y quedar en libertad.
7. De manera inexplicable, o cuando menos contradictoria, los defensores de los padres y madres de los jóvenes de Ayotzinapa y los directivos del Centro Prodh, actuaron consciente o inconscientemente a favor de los presuntos responsables de la desaparición de los jóvenes, pues como se puede probar, no todos habían sido torturados y varios de ellos sí estaban involucrados en la desaparición de los jóvenes.
8. Esto queda de manifiesto cuando uno de los supuestamente torturados, poco después de ser liberado, afirmó en calidad de testigo colaborador que, en efecto, como lo declaró la primera vez, él formaba parte de Guerreros Unidos y participó en la desaparición de los jóvenes, como consta en documentos oficiales de la investigación (Anexo 3, declaración).
9. Además, era también extraño que, si se había demostrado que no era cierta la llamada verdad histórica, y el procurador Jesús Murillo Karam se había atribuido la responsabilidad de todo el proceso de aplicación de la ley en nombre del gobierno federal, al igual que Tomás Zerón y otros, no se hubiese abierto investigación alguna y, mucho menos, girado orden de aprehensión en su contra.
10. Más aún, al decidirse que se procediera legalmente contra el procurador y otros implicados, se produjo una rebelión en la Fiscalía Especial que llevó a renunciar a su titular, Omar Gómez Trejo, quien fue propuesto por integrantes del GIEI a través de la Comisión interamericana de Derechos Humanos de la OEA, con el aval de los abogados de los padres y madres de los jóvenes de Ayotzinapa; y al mismo tiempo, en vez de celebrar la detención del inventor de la llamada verdad histórica, los miembros del GIEI se inconformaron y optaron por irse, pretextando que había estado mal meter a la cárcel a este funcionario, así como a 20 militares y a 64 personas más.
11. A partir de entonces, los abogados de los padres y algunos de ellos, a los cuales siempre les aceptamos cualquier señalamiento y hasta insultos, porque se trata de la pérdida de sus hijos, empezaron, con el apoyo de las organizaciones de derechos humanos de la llamada sociedad civil, de la OEA y de la ONU, a enfocar todas las baterías en contra del Ejército.
12. Todo se centró en demandar reportes y folios, que nunca se les ha negado, porque el general secretario de la Defensa Nacional tiene orden del Presidente, en su carácter de comandante supremo de las fuerzas armadas, de entregar toda la información requerida; incluso se les propuso a los familiares de los jóvenes que buscaran especialistas en archivos para que pudieran revisar todo lo existente en cuarteles, zonas, regiones y en las oficinas centrales de la Secretaría de la Defensa Nacional; y se han entregado 121 mil fojas a la Comisión para la Verdad del Caso Ayotzinapa (Covaj), mismas que también fueron enviadas a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA); al parecer, todo lo disponible sobre ese tiempo que pudiera estar relacionado con la desaparición de los jóvenes (Anexo 4, cartas que se enviaron al Gral. Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional).
Todo esto incluye diversas preguntas y cuestionamientos que han formulado las madres y los padres de los estudiantes durante las pesquisas. Por ejemplo, señalan la existencia de un video sobre la presencia de elementos de la Marina en el basurero de Cocula el 26 de septiembre; video que, cabe aclarar, fue entregado por la propia Marina a la Covaj y al GIEI como parte de la investigación, y que efectivamente acredita su presencia en el basurero, pero un mes después de los lamentables hechos, y limitándose a brindar seguridad perimetral en apoyo a las labores de investigación y búsqueda de la PGR. De hecho, fue el GIEI quien, de manera irresponsable, difundió este video, restándole validez como elemento probatorio.
También se ha mencionado al supuesto militar infiltrado en la Escuela Normal, el soldado Julio César López Patolzin que, si bien integraba el 50º Batallón de Infantería, no contaba con adiestramiento en materia de inteligencia militar ni mucho menos era un infiltrado, sino que se trataba de un joven que había recibido autorización de su comandancia para estudiar en la Escuela Normal para el ciclo escolar 2014-2018 como parte de su deseo de superarse y convertirse en maestro rural. Lamentablemente, fueron sus familiares quienes tres días después de los hechos advirtieron a la Sedena que López Patolzin podría estar entre los estudiantes desaparecidos, y a partir de ese momento iniciaron las acciones para su localización.
Sobre la presencia del Ejército en el C4 de Iguala, es necesario aclarar que, como ocurre en todo el país, estos centros están bajo la responsabilidad de los gobiernos estatales, no de la Sedena, y que cuentan con la participación de integrantes de las fuerzas armadas, como de muchas otras autoridades federales y locales en materia de seguridad y protección ciudadana. Al momento de los hechos, los militares asignados al C4 transmitieron los reportes a su batallón, lo que motivó el despliegue de dos órganos de búsqueda de información (OBI) y tres fuerzas de reacción que salieron a territorio a corroborar esta información y a reportarla a su base, como consta en las bitácoras que forman parte de la carpeta de investigación.
13. No obstante, los representantes de los padres y madres de los jóvenes y algunos de ellos, se niegan a casi todo; han llegado incluso a sostener que queremos proteger al Ejército y que pretendemos crear otra verdad histórica, y han recurrido a la violencia con propósitos propagandísticos, como sucedió el día 6 de marzo que destruyeron una de las puertas de Palacio Nacional, misma fecha en que el abogado Vidulfo Rosales amenazó con irrumpir en los actos de campaña de Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena.
14. Ahora bien, ¿en qué basan su afirmación de que fue el Ejército? Sostienen, al igual que la seudoperiodista Anabel Hernández, el dicho de Ulises Bernabé García, juez de barandilla de Iguala, según el cual los jóvenes de Ayotzinapa nunca fueron llevados a la comandancia de la policía de Iguala esa noche y que hasta fue un grupo de soldados a buscarlos, pero no los encontraron porque supuestamente nunca estuvieron allí, aun cuando existen otros testimonios que sostienen lo contrario.
Hoy sabemos también que Felipe Flores, director de seguridad pública del municipio de Iguala, acudió en compañía del capitán Martínez Crespo al juzgado cívico de dicho municipio donde fue atendido por Ulises Bernabé, juez de barandilla responsable del turno, y que, al conversar con el referido juez, éste le comentó que durante la noche habían llevado al patio del juzgado un grupo de entre 15 y 17 jóvenes, quienes sólo permanecieron unos minutos. Le precisó también que no les había recabado sus datos porque cuando lo iba a hacer, Francisco Salgado Valladares, subdirector de la policía municipal, le dijo que había un cambio de instrucción y que se los llevarían en las mismas patrullas en las que los habían trasladado, sin saber qué pasó después con los jóvenes.
Inclusive, el mismo director de seguridad pública de Iguala, Felipe Flores, narra que la noche del 26 de septiembre intentó localizar por radio y teléfono a Francisco Salgado Valladares y a otros elementos de la policía municipal sin lograrlo. Fue hasta tres horas después que sostuvo comunicación con ellos y que al regresar a la comandancia las patrullas venían llenas de lodo al igual que la vestimenta y calzado de los policías.
15. Cabe subrayar que la declaración que da el juez de barandilla acerca de que no estuvieron los jóvenes en la comandancia es lo que sostiene Anabel Hernández como prueba de que el Ejército sí salió a las calles todo ese día; inclusive, el Departamento de Justicia del gobierno de Estados Unidos le otorgó a dicho juez el derecho de asilo que supuestamente solicitó en 2015 y se le concedió en 2020; bajo los criterios siguientes:
A) La Corte de Inmigración del Departamento de Justicia de Estados Unidos considera verídico el testimonio de Ulises Bernabé y el de la señora Anabel Hernández de que el Ejército Mexicano estuvo presente durante los ataques y desaparición de los estudiantes.
B) Dichas autoridades estadunidenses llegan a sostener textualmente lo siguiente: resulta inverosímil que un departamento de policía municipal tenga la influencia política y los recursos necesarios para organizar un intrincado encubrimiento y la desaparición de 43 estudiantes mexicanos. Es mucho más plausible que el gobierno federal mexicano y la Policía Federal fueran los responsables de este horrible incidente (Anexo 5, sentencia Corte de Arizona, p. 114).
C) Otro elemento que se usa para culpar al Ejército es una serie de escuchas de la DEA, en las que algunos miembros de Guerreros Unidos sostienen, de manera no muy convincente, que ellos le entregaban sobornos al coronel Rafael Hernández Nieto, encargado de la comandancia militar de Iguala; aun cuando la conversación telefónica se produjo en abril, cinco meses antes de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, la noche del 26 de septiembre de 2014. Con esta prueba, de ser cierta, podría sostenerse la vinculación de la delincuencia con un mando militar, pero no la participación de esta institución en la infamia cometida contra los jóvenes.
D) Inclusive podría acusarse de omisión a los militares que estaban enterados de actos de violencia ocurridos en Iguala y, sin embargo, no actuaron para evitar abusos de autoridad y salvar la vida de los jóvenes; pero sobre su participación directa en este crimen, hasta ahora no se ha encontrado absolutamente nada; agrego que por los casos de posible omisión y vínculos con la delincuencia organizada se ha procesado a 20 militares, incluidos dos generales y dos oficiales de rango medio.
E) Además, sin ninguna prueba convincente, y recurriendo a dichos de informantes anónimos, la seudoperiodista Anabel Hernández, en su libro, La verdadera noche de Iguala, publicado en 2016, sostiene que los estudiantes habían secuestrado sin proponérselo un camión con heroína con destino a Estados Unidos, y en un apartado de su libro titulado, precisamente, fue el Ejército, cuenta así su historia:
“La noche del 26 de septiembre de 2014 le informaron a un narcotraficante con un importante nivel de operaciones en Guerrero, quien se encontraba en Iguala, que estudiantes de la Normal de Ayotzinapa iban a bordo de dos autobuses en los que se ocultaba un cargamento de heroína con un valor de al menos 2 millones de dólares; los normalistas ignoraban que viajaban con la preciada carga y que su destino estaba ligado a ella.
“Aunque el capo estaba acostumbrado a traficar varias toneladas de heroína, la cantidad que transportaban los autobuses no era menor y no se podía permitir ese robo aunque fuera accidental; si lo toleraban, se perdería el orden en la plaza.
“‘Si se mata por 20 mil dólares, ¿por 2 millones? Es una manera de operar. La recuperación de la mercancía era un tema de dinero y un tema de autoridad, si se permitía ese robo después habría más’, explicó un informante de credibilidad comprobada, con quien se sostuvieron varias reuniones a lo largo de 15 meses durante esta investigación.
“El narcotraficante en cuestión tenía al menos ocho años trabajando en la entidad; primero como colaborador de Arturo Beltrán Leyva, con el que traficaba droga a Estados Unidos –no como un subalterno sino como un socio minoritario que con el tiempo adquirió más poder, aunque logró mantener un perfil discreto–, pero su nombre nunca se ha mencionado en las causas penales de otros integrantes de ese cártel, como Édgar Valdez Villarreal, Gerardo Álvarez Vázquez o Sergio Villarreal Barragán. En2009, cuando ultimaron a Arturo Beltrán Leyva, en Cuernavaca, el capo decidió seguir con sus propias operaciones usando Guerrero como base: para el control de la zona tenía en su nómina a militares del 27 y 41 Batallones de Infantería, policías federales, policías ministeriales de Guerrero, policías federales ministeriales, policías municipales de Iguala y diversas autoridades de los municipios cercanos, así como en la sierra donde se siembra la amapola y se procesa la heroína.
“Cuando reportaron la pérdida de su valiosa carga, el capo habría hecho una llamada al coronel de infantería José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón, para pedirle que recuperara la mercancía a como diera lugar. El Ejército era la fuerza de seguridad que tenía mayor autoridad en la ciudad; tal vez el narcotraficante no dimensionó la magnitud del operativo para recobrar la droga.
“‘Quien encabezó la operación para rescatar la droga fue el mismo Ejército’, señaló la fuente de información enterada de los hechos.
[…]
“De acuerdo con esta versión, en el momento en que los militares rescataban la droga de los autobuses, los normalistas a bordo se habrían dado cuenta de lo que estaban extrayendo de los compartimientos, imprevisto que detonó súbitamente la necesidad de desaparecerlos para no dejar testigos.
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“Según habría contado el capo a sus conocidos de confianza, su gente no intervino en la operación, dejaron todo en manos de los militares.
“El mismo personaje desconocería el paradero final de los normalistas, pero alguien le informó que supuestamente habían llevado al menos a un grupo de estudiantes a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería.
“‘Mi intención nunca fue que mataran a tanto cabrón, se excedieron, de haber sabido que iba a pasar eso…’, se habría quejado el capo, quien irónicamente no es ninguno de los detenidos por la PGR vinculados a la desaparición de los 43.
[…]
“En la Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas elaborada por la DEA, se afirma que la mayor parte de la heroína que se consume en Estados Unidos proviene de México y en menor medida, de Colombia.
“Según la DEA hasta 2015 Guerrero seguía siendo una plaza que controlaban el cártel de los Beltrán Leyva y sus socios, con una pequeña presencia del cártel de Sinaloa. Es significativo que en el reporte de esa agencia no existe una sola línea dedicada a Guerreros Unidos ni a los llamados Rojos, los únicos grupos en los que se enfocó la PGR en su investigación sesgada. El informante explicó que si bien las células criminales de Los Rojos y Guerreros Unidos tienen operaciones en Guerrero, son de poca escala y están por debajo del nivel de poder del capo en cuestión. (del libro de Anabel H., p. 323, 324, 325, 326).”
F) Todo parece indicar que, como afirma Anabel Hernández, la fuente de información enterada de los hechos era la DEA, pues ella o pertenece a esa agencia o colabora con ellos y, en este caso, como en otros, hay una clara intención de afectar instituciones de países independientes y mantener a sus autoridades bajo sospecha para poder ejercer a sus anchas, en territorios ajenos, la política de gobiernos hegemónicos e intervencionistas, como ha sido casi siempre en la historia.
16. Aquí abro un paréntesis para recordar que en los últimos meses de este año, se desataron, de manera sorpresiva y sin razón aparente, una serie de ataques en mi contra en el país y en el extranjero –en particular desde medios e instancias gubernamentales de Estados Unidos– cuyo propósito central ha sido sembrar la idea de que yo estaría involucrado en el narcotráfico; se ha propalado la mentira de que en la campaña de 2006 recibí dinero de la delincuencia y por ello estaría comprometido a darle protección.
Una versión, casi idéntica, fue difundida por un periodista muy famoso pero muy calumniador, llamado Tim Golden, irónicamente condecorado en dos ocasiones con el premio Pulitzer de periodismo; lo mismo hicieron el afamado periódico NewYork Times y la agencia Deutsche Welle, entre otros. En todas esas publicaciones hay una constante: citar como fuente principal a la Administración de Control de Drogas (DEA), agencia del Departamento de Justicia del gobierno de Estados Unidos.
Coincidiendo con el inicio de esta guerra sucia, se lanzó en redes sociales una campaña de más de 300 mil cuentas automatizadas que difundieron más de 30 millones de mensajes con la etiqueta #NarcoPresidenteAmlo.
Estas y otras operaciones de intoxicación de la opinión pública coincidieron con el proceso electoral que tuvo lugar en México en los últimos meses.
Por otra parte, 15 días antes de la elección presidencial del 2 de junio, Anabel Hernández, quien había participado desde el inicio en esa campaña difamatoria, publicó un libro titulado La historia secreta: AMLO y el cártel de Sinaloa. Se trata de un panfleto carente de pruebas y a todas luces difamatorio, cuyo propósito principal era dañar mi reputación.
17. Continuando con mi hipótesis de que se quiere acusar al Ejército sin fundamento de los hechos de septiembre de 2014 en Iguala, agrego que si además de lo sabido se presentaran nuevas evidencias que involucren a miembros de esa institución no habrá, como no la ha habido en ningún caso durante el gobierno que represento, encubrimiento o impunidad, pues la mejor manera de mantener la fortaleza y el prestigio del Ejército es actuar con rectitud y justicia y castigar a quienes incurren en abuso de autoridad y cualquier otro delito.
18. Sobre este asunto es indispensable recordar que en el sexenio de Felipe Calderón las agencias de Estados Unidos, con el consentimiento de las autoridades nacionales, operaron y dirigieron sin restricción alguna todo lo relacionado con el combate al narcotráfico; en ese tiempo fue cuando más enfrentamientos hubo entre las fuerzas armadas y la delincuencia organizada y desde luego, fue también el sexenio en que más creció el número de homicidios y la tasa de letalidad derivada de masacres. La prueba más contundente del abuso de la fuerza durante el gobierno de Calderón la encontramos en la serie sobre el índice de letalidad en enfrentamientos registrados entre las fuerzas armadas y la delincuencia. Este índice revela con mucha claridad lo funesto que fue el sexenio del gobierno usurpador, pues en los enfrentamientos –sobre todo en los años de 2010 y 2011–siempre fueron más los muertos que los heridos o detenidos; en palabras duras y crueles, se remataba a los heridos; fue una redición de la ley fuga del porfiriato.
A estos altos niveles de letalidad debe agregarse que en los últimos años del gobierno de Felipe Calderón, 2010 a 2012, los militares y marinos fallecidos en enfrentamientos fueron 171, un promedio de 57 por año, mientras que durante nuestro gobierno los miembros de las fuerzas armadas que han perdido la vida en esas circunstancias han sido en promedio 24 por año. Aunque los datos hablan por sí solos, es obvio que esta absurda y desquiciada estrategia no debe repetirse nunca más y que no se debe permitir jamás poner en riesgo de manera irresponsable ni la vida ni el prestigio de los integrantes de las fuerzas armadas, ni utilizarlas para cometer excesos, violar derechos humanos o ejecutar órdenes cobardes e inhumanas.
El general Felipe Ángeles decía: La política no es un fin, la revolución no es un fin: son medios para hacer hombres a los hombres. Nada es sagrado, excepto el hombre. Hay algo frágil, débil, pero infinitamente precioso, que todos debemos defender: la vida.
19. De esa época data el distanciamiento del gobierno de Estados Unidos con el Ejército Mexicano y el afán de venganza y descrédito que han emprendido desde los tiempos de Calderón (véase, en este caso, lo que sostengo en mi libro Gracias, recién publicado). La animadversión que en esa época sostenían las autoridades del país vecino en contra del Ejército Mexicano, e incluso su insistencia en atizar rivalidades entre ese instituto armado y la Marina de México, fueron ampliamente documentadas en los cables de Wikileaks publicados en La Jornada en el primer semestre de 2011; por ejemplo, en una nota del 12 de febrero de 2011 titulada Washington intentó incluir en el Plan Mérida un acuerdo antiterrorista. La preferencia del gobierno de Estados Unidos por la Secretaría de Marina de México en la cooperación contra el narcotráfico estaba de manifiesto desde 2006. Por ejemplo, en un cable de Wikileaks el embajador Antonio Garza sostiene que México es un socio esencial para la defensa interna estadunidense, y mientras que la Marina mexicana participa como un jugador entusiasta, la Secretaría de la Defensa apenas ahora empieza a admitir que esta cooperación puede ser benéfica, y agrega que tradicionalmente la Sedena es suspicaz y distante en parte para disimular su incapacidad. (La Jornada, 12 febrero 2011).
Recuérdese que Calderón y secuaces declararon la guerra al narcotráfico sin atender las causas, la pobreza y el abandono de los jóvenes, y con un gobierno totalmente infiltrado por la delincuencia, con funcionarios corruptos y cómplices de las organizaciones criminales y con una dependencia vergonzosa y subordinada a las agencias del gobierno de Estados Unidos. Pasado el tiempo y con los hechos puestos al descubierto, no es exagerado sostener que durante ese gobierno imperó en México un narcoestado.
Consciente o no, Calderón es responsable de la gran tragedia que significó esa etapa cuyo protagonista principal fue Genaro García Luna, nada menos que su secretario de Seguridad Pública, su brazo derecho –actualmente declarado culpable en Estados Unidos por asociación delictuosa y otros delitos graves relacionados con el tráfico de drogas y la violencia–. Muchos no saben que Genaro García Luna ingresó al Cisen desde el inicio del gobierno de Carlos Salinas de Gortari y que llegó a ser subdirector operativo de esa misteriosa institución; que en el desempeño de ese cargo, viajó a Tijuana y dejó en libertad a un agente de ese centro de espionaje, acusado de haber sido el segundo tirador en el asesinato, el día 23 de marzo de 1994, de Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la Presidencia de la República. Sobre esto último, no sé si estaba enterado o no Calderón, pero sigo pensando que nunca imaginó lo que habría de provocar con su guerra contra el narcotráfico y tampoco creo que haya actuado de manera deliberada ni directa en actos criminales. Más bien, sostengo que la falta de principios y el fanatismo conservador puede llevar a cualquier persona con poder a emprender acciones represivas con odio enfermizo para imponer el orden, aunque lo logre de manera inhumana y cruel, y Calderón tiene ese perfil extremista, es de los políticos más reaccionarios y autoritarios de México. También puede ser que con ese proceder pensara ganar la legitimidad que no obtuvo en las elecciones y que además quiso quedar bien con el gobierno de Estados Unidos. Pero el propósito de este desatino no era precisamente resolver un problema tan grave en ese entonces en el país ni hay constancia de que lo presionaran tanto del extranjero, de modo que siempre será un enigma el porqué de una actuación tan irresponsable. De lo que no existe duda es que no sólo fue una idiotez o un error garrafal sino una enorme y tremenda tragedia que afectó a muchos y al país. Todavía no se explica cómo en ese sexenio perdieron la vida, en dos accidentes aéreos, dos secretarios de gobernación y un alto funcionario responsable de la investigación de la delincuencia organizada, entre otros.
Cuando hablo de que la violencia en ese entonces no estaba desbordada, me apoyo en los datos oficiales de criminalidad; en 2004 y 2006, los tres últimos años de Fox, se registraron en promedio 27 homicidios diarios; sin embargo, luego de que Calderón declaró la guerra al crimen, en sus tres últimos años de gobierno –de 2010 a 2012–la cantidad de homicidios por día había aumentado a 72, es decir, un incremento de 266 porciento. Ahora, con todo lo que se sabe de García Luna, se puede deducir que este aumento en la criminalidad no sólo se explica por la consigna del mátalos en caliente, sino también porque se buscó el predominio de una banda que recibía protección del gobierno, al mismo tiempo que se actuaba para destruir a otras. Hay quienes dicen que esa era la supuesta estrategia para apaciguar al país. En la Corte de Nueva York, uno de los testigos protegidos en el juicio contra García Luna llegó a narrar que en una ocasión, cuando su jefe le preguntó si sabía para quién estaba trabajando, el testigo contestó: Sí, para gente de la AFI y de Genaro García Luna. No, le contestó el narco de mayor rango, estás equivocado …ni tú ni nosotros trabajamos para Genaro García Luna, él trabaja para nosotros (30 de enero de 2023). Es también sabido que a los delincuentes aliados se les uniformaba de policías para enfrentar y eliminar a miembros de otras bandas o cárteles. Además, la embajada estadunidense, la DEA y otras dependencias del gobierno de Washington decidían sobre asuntos de seguridad interior que sólo competen a México como país libre y soberano.
De modo que no descarto que la actuación de Calderón, además de otros motivos, haya tenido que ver con la mala decisión de permitir la intervención sin límite y prepotente del gobierno de Estados Unidos y de sus agencias, en particular de la DEA, en asuntos internos de México. Debe recordarse que con el usurpador prácticamente se entregó la Secretaría de Marina al gobierno de Estados Unidos: hasta antes del gobierno espurio, esta secretaría no tenía prácticamente funciones bélicas, estaba más orientada a la custodia de los puertos, las costas y el cumplimiento de las leyes pesqueras; su presupuesto anual en los tres últimos años de Fox, fue en promedio de 8 mil 762 millones 713 mil 973 pesos; sin embargo, en los tres últimos años de Calderón, de 2010 a 2012, reportó 17 mil 980 millones 576 mil 85 pesos; es decir, más del doble. Aclaro también que este aumento en el presupuesto no se orientó a obras portuarias sino fundamentalmente a la adquisición de armamentos y equipos de espionaje. Asimismo, todo indica que la decisión de reforzar la misión belicista de la Secretaría de Marina, estuvo relacionada con la dificultad que le representaba al gobierno de Estados Unidos subordinar por entero al Ejército Mexicano, institución con mayor nivel de independencia y nacionalismo.
En uno de los operativos conjuntos de la armada con el gobierno de Estados Unidos para eliminar a Marcos Arturo Beltrán Leyva en Cuernavaca, el embajador de Estados Unidos de ese entonces, Carlos Pascual, eufórico y sin recato alguno, llegó a declarar que la operación de detención de Arturo Beltrán Leyva (ABL) comenzó aproximadamente una semana antes de su muerte, cuando la embajada transmitió información detallada sobre su localización a la Semar. La unidad Semar ha recibido una amplia capacitación por NORTHCOM (Comando Norte) en los últimos años. Además sostuvo que el éxito de la operación contra ABL se suma a la agresiva actuación de la Semar en Monterrey contra las fuerzas de los Zetas y destaca su papel emergente como actor clave en la lucha contra el narcotráfico. La Semar está bien entrenada, bien equipada y ha demostrado ser capaz de responder rápidamente a la inteligencia procesable. Su éxito pone al Ejército (Sedena) en la difícil situación de explicar por qué se ha mostrado reacio a actuar sobre la base de una buena información de inteligencia y a llevar a cabo operaciones contra objetivos de alto nivel, esto, de acuerdo con el Cable 240473, difundido el 17 de diciembre de 2009. Recuerdo que en esos días, el 26 de enero de 2010, puse en mi cuenta de Twitter los siguientes textos:
Recomendaría, con todo respeto, al embajador de EU, Carlos Pascual, que no abuse de la evidente y lamentable debilidad de Calderón…(21:27-26/01/10)
No está bien que el embajador haga juicios sumarios, ni señalamientos sobre el Ejército Mexicano. Cooperación sí, intervencionismo no (21:45-26/01/10).
También es importante destacar que precisamente en esos hechos, cuando los marinos eliminaron a Beltrán Leyva, como nunca había sucedido en México –eso más bien correspondía a un proceder de agentes extranjeros–, a su cuerpo se le profanó, le pegaron dólares y le tomaron fotos que se difundieron sin escrúpulos ni recato alguno. Sobre este mismo caso resultó muy lamentable que posiblemente en venganza, en Paraíso, Tabasco, fueron eliminados familiares de un marino que había participado en el operativo contra Beltrán Leyva.
En los tiempos de Calderón, en Estados Unidos se formó a todo un cuerpo de élite de la Armada de México para combatir a narcotraficantes en todo el país y se le equipó con aviones, helicópteros, drones y armamento de lo más sofisticado. En ese tiempo se aplicó el Plan Mérida y eran constantes los operativos conjuntos del gobierno de México y de Estados Unidos, como el llamado Rápido y Furioso, que consistió en introducir armas de contrabando con sensores; según estos genios, esas armas irían a parar a manos del crimen organizado y así descubrirían y aprehenderían a los delincuentes; al final, los resultados fueron desastrosos porque al estar el gobierno completamente infiltrado por los capos, las armas fueron despojadas de los rastreadores y terminaron, en efecto, en poder de la delincuencia, pero fueron usadas para causar la pérdida de vidas, tanto mexicanas como estadunidenses; esto condujo a una investigación judicial en Estados Unidos, pero como involucraba a autoridades del más alto nivel de los dos gobiernos, se decidió archivarla.
Otra actitud imperdonable fue la de apostar al aniquilamiento de personas como escarmiento o mensaje de intimidación. Hablando de esa práctica criminal a la que le llamaban mano dura, un oficial del Ejército me confesó que en esos tiempos les llegaba de arriba esta instrucción: ustedes hagan su trabajo y nosotros nos ocupamos de los derechos humanos.
20. De igual manera, en el asunto de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, es el momento de revisar el comportamiento de quienes han conducido las exigencias de supuesta justicia; sobre todo, sus vínculos con el gobierno de Estados Unidos y sus agencias. Basta revisar cómo personajes de estas organizaciones de derechos humanos participaron, defendieron y celebraron la aprobación de la resolución del Tribunal Colegiado de Circuito de Tamaulipas, elaborada con el lenguaje de ellos y consultada seguramente con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de México, por tratarse de un asunto delicado. Téngase en cuenta que la sentencia fue trascendente pues se decidió dejar en libertad a presuntos responsables de los hechos de Iguala con la coartada de la tortura, que en algunos casos la hubo, aun cuando estaba de por medio el crimen contra los normalistas de Ayotzinapa, cuya causa ellos sostienen defender para castigar a los responsables y que prevalezca la justicia sobre la impunidad.
En esta reflexión, creo que hay gente inocente, bien intencionada y con elementos suficientes para desconfiar del Ejército y del Estado autoritario que predominó en México por décadas; pero también hay gente conservadora, odiadota nuestra, como es público y notorio el caso de Emilio Álvarez lcaza y otros falsarios, pequeñoburgueses, como se decía antes, aspiracionistas y aduladores del dinero y defensores de la oligarquía. Todo ello debe seguirse debatiendo, porque basta de simulaciones e hipocresías, cuando está de pormedio la verdadera defensa del pueblo pobre y humillado de siempre.
21. Pero siempre he creído que en este penoso, triste y manoseado asunto lo primero y lo más importante es saber la verdad y, sobre todo, el paradero de los jóvenes. Por ello, puntualmente informo acerca de lo que hemos realizado con ese propósito, hasta ahora: inicio afirmando que nunca hemos dejado de buscarlos; tanto en la primera etapa que comprende desde nuestra llegada al gobierno hasta la renuncia del fiscal especial, Omar Gómez Trejo: en un inicio se encontraron dos partes de los cuerpos que luego de ser identificados por expertos de la Universidad de Medicina de Innsbruck, de Austria, se llegó a la conclusión de que se trataba de los jóvenes que en vida llevaban como nombre Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Joshivani Guerrero de la Cruz; los restos del primero se localizaron el día 26 de noviembre de 2019 en Cocula, Guerrero, paraje de la Carnicería, y fue certificado por la institución antes referida el 18 de junio de 2020; la otra parte del cuerpo de Joshivani se encontró el 22 de octubre de 2020 en un sitio ubicado en Cocula, Guerrero, barranca La Carnicería, y fue identificado por la prueba de ADN de la Universidad de Medicina de lnnsbruck, dada a conocer el 31 de mayo de 2021. Estos hallazgos fueron el resuItado de la colaboración del testigo colaborador con el seudónimo de Juan, quien participó en la localización de estos jóvenes.
Como resultado de la resolución del Poder Judicial en este periodo salieron de la cárcel, con el supuesto de que fueron torturadas, por lo menos 65 personas, sin que el entonces fiscal especial haya saneado y perfeccionado la investigación para ejercer nuevamente la acción penal.
Pese a ello, actualmente se tienen 119 detenidos; entre los cuales se encuentran el ex procurador Murillo Karam; Gualberto Ramírez Gutiérrez, ex titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la PGR, más otros cinco servidores públicos de esa institución; 60 policías municipales; 17 militares procesados y 35 integrantes de la delincuencia organizada. En total, tanto en prisión como en libertad condicional por órdenes de los jueces, se encuentran procesadas 142 personas relacionadas con el caso Ayotzinapa.
A partir de la llegada del nuevo fiscal especial, Rosendo Gómez Piedra, en octubre de 2022, y del subsecretario de Gobernación Arturo Medina Padilla, en octubre de 2023, y con la colaboración de todos los miembros del gabinete de Seguridad del gobierno federal, se han realizado 42 entrevistas a 15 prisioneros e informantes que hoy se encuentran en libertad; desde el inicio de esta administración se han logrado 197 órdenes de aprehensión y se han interpuesto 45 recursos contra resoluciones de jueces del Poder Judicial Federal.
Desde octubre de 2023, con la información de testigos y participantes voluntarios se han realizado 280 excavaciones con la participación de 270 elementos de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía Especial, y con la cooperación de la Guardia Nacional y las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional.
Asimismo, se envió al Congreso de la Unión una ley de amnistía, que fue aprobada, cuyo propósito es poder contar con mayor información sobre este caso en especial y con otros de igual importancia en la impartición de justicia.
En cuanto a la información solicitada por los representantes de las madres y los padres de Ayotzinapa por parte de la Secretaría de la Defensa, es conveniente aclarar que, desde el principio de esta administración, esa secretaría ha entregado a la Fiscalía Especial 33 tomos con diversas documentales. Aquí agrego el último informe que le solicité al general Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, denominado: Actuación del personal militar en los sucesos del Caso Ayotzinapa (Anexo 6).
Asimismo, los padres y madres de los jóvenes desaparecidos han visitado las instalaciones militares de Iguala, Guerrero, y siempre se les ha respondido a todas sus solicitudes de información; incluso se les ha permitido entrar a los archivos, y sigue en pie el ofrecimiento de que vuelvan a revisar todo lo que consideren necesario con el apoyo de especialistas en el manejo de documentos de la academia y de universidades.
Hacia adelante, en el tiempo que me queda como Presidente de la República, continuaremos la búsqueda de los jóvenes estudiantes desaparecidos y no descansaremos hasta conocer toda la verdad sobre este doloroso, injusto e indignante suceso.
Espero que antes de mi último informe podamos, para satisfacción de las madres, padres y familiares y del pueblo de México, cumplir el compromiso de encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa y saber con mayor precisión lo sucedido; es decir, la irrefutable y auténtica verdad de los hechos.
Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACIÓN.
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