En cuanto a los perpetradores de la violencia, Artículo 19 señala al Estado mexicano, por intermedio de sus autoridades, como el principal agresor de la prensa, con mil 559 agresiones, equivalentes a 45.75 por ciento del total.
“A manera de comparación, el Gobierno de Enrique Peña Nieto dejó un país en el que se cometieron al menos 2 mil 502 agresiones contra la prensa, incluso 46 asesinatos de periodistas y cuatro desapariciones”, refiere el documento presentado este martes. “Al cierre del Gobierno de López Obrador, se identifica que no pudo detenerse la violencia, por el contrario, hubo un incremento porcentual de 62.13 por ciento de agresiones contra la prensa respecto al gobierno anterior”.
Con respecto a los 46 asesinatos, en al menos 23 casos Artículo 19 “encontró autoría y vínculos directos de grupos delincuenciales, no descartando que hayan actuado en complicidad con autoridades o bien, con su aquiescencia”. En cuanto a las coberturas, 52.27 por ciento de las víctimas de asesinato durante el Gobierno de AMLO cubrían temas de seguridad y justicia, con 23 casos; seguidas muy de cerca de 40.91 por ciento quienes se dedicaban a informar sobre temas de corrupción y política, correspondientes a 18 casos.
Artículo 19 documentó que “durante este gobierno persistió la estrategia de silenciamiento mediante la violencia contra periodistas. Una prensa bajo amenaza constante también continuó padeciendo los controles económicos sobre los medios de comunicación por el uso de la publicidad oficial y la precariedad de los trabajadores de los medios. Por si fuera poco, el trabajo informativo tuvo que afrontar una hostilidad verbal sin precedentes del Ejecutivo Federal, reproducida por autoridades estatales y municipales”.
El tipo de agresiones más comunes durante el actual sexenio son: la intimidación y el hostigamiento, 880 casos (un 25.82 por ciento); seguido de amenaza, con 682 casos (un 20.01 por ciento), y el uso ilegítimo del poder público, que registró 432 casos (un 12.68 por ciento). Estas tres categorías representan el 58.51 por ciento del total de las agresiones que reporta Artículo 19. A este tipo agresiones le siguieron el bloqueo o la alteración de contenido, con 342 casos (un 10.04 por ciento); los ataques físicos a periodistas, con 295 casos (un 8.66 por ciento) y la privación de libertad, con 164 casos (un 4.81 por ciento).
“Destacan las agresiones en línea, que representaron uno de cada tres ataques contra la prensa durante el sexenio. Tal situación se complica a la luz de la falta de voluntad y de capacidades técnicas del Estado para dar con los responsables. Se vuelve aún más compleja dadas las facultades arbitrarias para la moderación de los contenidos de las plataformas de redes sociales, que terminan por eliminar materiales —en principio protegidos por la libertad de expresión— echando mano de criterios que no se han transparentado, sin garantías de debido proceso y en contradicción con el derecho internacional de los derechos humanos”, destaca el informe.
Artículo 19 consigna en ese sentido que “como parte del sello de este gobierno” se hicieron en el país “248 campañas de desprestigio, como forma de intimidación y hostigamiento a la prensa”. Además, añade la organización, “se documentaron 224 discursos estigmatizantes por medio de comunicaciones oficiales. Al mismo tiempo, registramos 179 agresiones en las ‘mañaneras’ y también identificamos que autoridades municipales y estatales de 20 entidades de la República repitieron 62 veces el mismo discurso estigmatizante: ‘hampa del periodismo’, ‘hipócritas’, ‘prensa fifí’, ‘conservadores’, ‘fantoches’, ‘doble cara’, ‘corruptos’”.
El reporte identifica un patrón que en los últimos cinco años y medio: el acoso judicial, del cual se han documentado 158 casos. “Esto es el equivalente a que cada mes se iniciaron, en promedio, 2.4 procesos contra periodistas y medios de comunicación por sus publicaciones o investigaciones”.
En cuanto a los perpetradores de la violencia, Artículo 19 señala al Estado mexicano, por intermedio de sus autoridades, como el principal agresor de la prensa, con mil 559 agresiones, equivalentes a 45.75 por ciento del total.
Después de las autoridades, particulares, como individuos o empresas, agredieron a la prensa en 673 ocasiones (19.75 por ciento). Les siguen integrantes de grupos de delincuencia organizada, con 280 casos (8.22 por ciento) y, finalmente, partidos políticos, con 148 casos documentados (4.34 por ciento).
En los casos documentados de violencia letal (46), las desapariciones (cuatro) y las privaciones de libertad de periodistas (165), así como 34 intentos de asesinato. “Estas violencias son posibles por las redes de complicidad entre autoridades y grupos delincuenciales. De acuerdo con información recabada por Artículo 19, se ha identificado a estos últimos como posibles autores materiales, pero en colusión con funcionarios, lo cual explicaría los altos índices de impunidad en los crímenes”.
Artículo 19 refiere que, desde la cobertura de corrupción y política, además de seguridad y justicia (la “nota roja”) entrañan el mayor riesgo de agresión. En este sexenio, mil 703 casos, es decir el 49.97 por ciento de los ataques, se hicieron en contra de quienes cubrieron nota política y de corrupción, mientras que 776 casos (22.77 por ciento) en cobertura de seguridad.
“Estas dos categorías juntas representan más del 72 por ciento de las agresiones totales. De tal suerte, la violencia contra la prensa en México, como se registra históricamente, busca evitar que se dé a conocer cierta información ahí donde se forjan las redes macrocriminales de los poderes políticos, económicos y criminales”.
La cobertura sobre derechos humanos ocupó el tercer sitio con 379 ataques (11.12 por ciento), seguida de la fuente de protesta y movimientos sociales con 363 (10.65 por ciento). En quinto lugar se ubicó la cobertura del sector privado, con 117 agresiones (3.43 por ciento), y finalmente se documentaron 70 agresiones (2.05 por ciento) a periodistas que cubren temas de tierra y territorio.
Otro de los aspectos que aborda el informe, es la asignación discrecional de publicidad oficial como “forma de censura sutil”. En este sexenio, refiere la organización al respecto, se perdió una oportunidad histórica para reglamentar esta publicidad.
Artículo 19 recuerda que en septiembre de 2021 la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Congreso federal subsanar graves deficiencias como la falta de criterios claros, objetivos y transparentes que presentaba la Ley General de Comunicación Social de 2018.
El gasto en publicidad oficial durante este sexenio (desde 2019 hasta 2023) asciende a 13 millones 566 mil pesos, que representa 83.10 por ciento menos del gasto del gobierno de EPN, que ascendió a 80 millones 282 mil pesos.No obstante, se indica que el actual gobierno ha subejercido el presupuesto destinado a la publicidad oficial, alrededor de 33.39 por ciento en promedio.
“Sin embargo, los problemas relativos al gasto en publicidad oficial no yacen sólo en limitantes al gasto, sino en su apropiada asignación y distribución”, se lee en el informe. “El gasto siguió concentrándose en gran medida: un pequeño grupo de medios de comunicación recibió la mayor parte de los recursos, lo que perpetuó la desigual distribución entre los medios”.
Por ejemplo, de 916 medios de comunicación que recibieron publicidad oficial en el periodo mencionado, los primeros 10 concentraron 47.08 por ciento de los recursos y el resto se dividió entre los otros 906. “Ello da cuenta de la continuidad en la estrategia de amordazamiento y control de líneas editoriales mediante el gasto de comunicación social”.
En cuanto a la precariedad histórica en el ámbito laboral, la situación no mejoró para las personas trabajadoras de la prensa, destaca el reporte. De acuerdo con encuestas realizadas por Artículo 19 en informes previos, de 674 periodistas, sólo 28.78 por ciento ha firmado algún contrato.
En el mismo sentido, 20.03 por ciento de las personas periodistas encuestadas informó no tener seguro social o gastos médicos, mientras que 41.69 por ciento tienen social o algún seguro privado de gastos médicos.
“A pesar de que en 2022 se dio a conocer por parte del gobierno federal el programa Seguridad social para periodistas por cuenta propia, éste, además de tener vacíos importantes como los criterios de selección, falta de difusión y de no cubrir el problema estructural de falta de derechos laborales y de seguridad social”, se lee en el texto.
Y se puntualiza: “En suma, las y los periodistas sigue afrontando condiciones de silenciamiento creadas sobre todo por actores estatales, a la par que una situación histórica de precariedad laboral que profundiza la vulnerabilidad del sector. A ello hay que sumar la falta de acceso a la justicia en los ataques perpetrados contra periodistas, lo cual crea un ciclo infinito de violencia. Poco ayuda en estas circunstancias un discurso estigmatizante del poder público, que lo único que provocó fue atizar las agresiones contra la prensa. Las cifras que denotan el incremento brutal de la violencia no mienten”.
AUTOR: REDACCCCIÓN.
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