El Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata denunció que desde 2018 han sido asesinados 56 de sus militantes.
La organización que pertenece al Congreso Nacional Indígena (CNI) denunció que en seis años han sido asesinados 56 de sus militantes y de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (Crac-Pf) y 23 se encuentran desaparecidos.
De los crímenes, ambas organizaciones han responsabilizado al “grupo paramilitar” Los Ardillos que, de acuerdo a un mapa de las instituciones de seguridad estatales, tienen presencia en municipios de las regiones Montaña alta, Montaña baja, Centro y Costa Chica.
De acuerdo con el reporte ministerial, el ataque armado ocurrió sobre la carretera interestatal Chilapa – Atzacoaloya, cerca de una tienda de materiales de construcción. Dos tripulantes de una camioneta pick up color blanca fueron atacados a balazos alrededor de las 9:00 horas, cuando se dirigían a la cabecera municipal a realizar unas compras, informó el Cipog-Ez.
Las víctimas fueron identificadas como María de Jesús Pasado, de 43 años, originaria de la comunidad de Alcozacán, y su ahijado Alberto Berales, de 25 años, promotor del Cipog-Ez, originario de la comunidad de Buenavista, ambos pertenecientes al municipio de Chilapa de Álvarez.
Apenas el martes 16 de julio, el Cipog-Ez denunció en un comunicado que el delegado del CNI y dirigente de la organización, Jesús Plácido Galindo y Francisco Vázquez Mendoza fueron amenazados con "partirles la madre".
Les dijeron que los tienen ubicados y que ya le bajen de huevos, indica el texto.
“Es de todos sabido el panorama del estado de Guerrero donde el crimen organizado está por encima de cualquier institución y autoridad, e incluso, éstas mismas son la delincuencia y forman parte de los grupos narco-paramilitares que azotan a nuestro estado”.
La organización acusó que les queda claro que las llamadas provienen de un grupo narco paramilitar que por han asesinado, torturado y aterrorizado a las localidades de la región, valiéndose de la red de complicidad que han tejido con autoridades y policías municipales, estatales, con la Fiscalía general estatal y el gobierno del estado.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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