En la región de la Montaña y Costa Chica, en Guerrero, “el Estado usa a estas organizaciones criminales para amedrentar e impedir que las comunidades se organicen”, denuncia Sergio Ocampo, periodista especializado en derechos humanos.
Y plantean que los cuatro niveles de gobierno (comunitario, municipal, estatal y federal) deben acudir a los pueblos para conocer en realidad “de qué carecen y qué les duele”, así como ofrecer soluciones, en lugar de estar ausentes.
La contrainsurgencia se ha aplicado desde la lucha de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas en los setenta, pasando por la Guerra Sucia, Ayotzinapa, los asesinatos del activista Antonio Vivar, del líder social Arnulfo Cerón y recientemente del alcalde de Malinaltepec, Acasio Flores, y del consejo de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Leonel Félix, asegura el periodista Sergio Ocampo Arista.
El fundador de la CRAC y consejero del nuevo sistema de justicia Seguridad de Resguardo Territorial Indígena (Serti) en Malinaltepec, Félix Galeana Neri, ubica tres etapas de la presencia de la delincuencia: un primer momento a principios de los noventa, cuando comenzaron los asaltos, asesinatos y violaciones; después, hace cinco años, cuando el crimen organizado llegó a la región para extorsionar a los transportistas y, por último, la actual violencia y despliegue de grupos.
Hasta hace 10 años, la Montaña y la Costa Chica eran las últimas de las siete regiones de la entidad consideradas seguras y libres de la operación de grupos de la delincuencia, en parte por la creación de sistemas de justicia comunitarios, mismos que, según los entrevistados, el gobierno infiltró y dividió.
Su población Nahua, Ñuu savi y Mé phááá también se ha caracterizado por su lucha en contra de la instalación de las mineras, la defensa de sus ríos, por sus manifestaciones culturales y la preservación de sus lenguas maternas.
La media de la población en ambas regiones es de muy alto grado de marginación, por lo que es difícil explicar la penetración de las organizaciones criminales y de la violencia, expusieron.
Pueblos rebeldes
“El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que no hay zonas controladas por la delincuencia, pero ahí está la información. No es nuevo esto, es un proceso de contrainsurgencia que realiza el Estado mexicano en pueblos históricamente rebeldes”, sostiene Sergio Ocampo Arista.
Ocampo Arista ha recorrido desde los noventa todas las regiones del estado para dar cobertura a los movimientos sociales, incluida la guerrilla, y las violaciones a los derechos humanos.
–¿Qué está pasando en la Montaña y la Costa Chica? –se le pregunta.
–En los últimos años hemos sido testigos de que empresas transnacionales, mineras canadienses, sobre todo, pretenden explotar a cielo abierto los recursos mineros, pero estas comunidades se han opuesto principalmente en estas regiones.
Ocampo dice que desde 1995, cuando se fundó la CRAC, a las localidades les ha costado mucho trabajo lograr algo de paz.
El Estado siempre ha utilizado a los grupos delincuenciales para debilitar a los pueblos, asegura. Ya lo hizo en las luchas de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas; primero permitió la siembra de la mariguana y después la amapola.
“Últimamente Guerrero ha sido noticia, por un lado, el caso Ayotzinapa, donde el presidente le da duro a los compañeros del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que precisamente han estado al tanto de lo que sucede en la Montaña, no sólo desde la fundación de la CRAC, sino de los crímenes de los últimos años”.
El periodista recuerda que cuando fue asesinado Acasio Flores Guerrero, alcalde de Malinaltepec, el 20 de junio último, el Centro Tlachinollan jugó un papel importante porque fueron los pobladores quienes pidieron su intervención para apaciguar a sus captores, pero fue demasiado tarde.
En una reconstrucción del crimen basada en testigos, Tlachinollan asentó que esa tarde el alcalde estaba solo y en total desventaja frente a gente armada y embozada en la oficina de la delegación de la colonia Guadalupe, adjunta a Alacatlazala.
“Entre los golpes que le propinaban se escuchó una detonación de arma de grueso calibre. Nadie imaginó que en ese instante habían asesinado al presidente municipal”, según la organización.
A Sergio Ocampo le preocupa la situación, advierte, porque las comunidades indígenas otra vez vuelven a sufrir la represión por parte del Estado vía los grupos delincuenciales.
“El Estado usa a estas organizaciones criminales para amedrentar e impedir que las comunidades se organicen”, asevera.
Puso como ejemplo la localidad de Tilapa, en el municipio de Malinaltepec, donde en abril pasado habitantes y autoridades comunitarias se agruparon para crear un nuevo sistema de justicia llamado “Seguridad de Resguardo Territorial Indígena” para proteger su territorio y nuevamente defender su seguridad.
“Aquí nunca pasaba nada”
Félix Galeana Neri fue parte del proceso de la organización de un sistema de seguridad y justicia comunitaria que derivó en la CRAC. En abril último fue nombrado consejero del sistema de seguridad y justicia Serti en Tilapa, Malinaltepec.
Recuerda que en los años ochenta y hasta principios de los noventa, como trabajador del Instituto Mexicano del Café y supervisor de Diconsa en San Luis Acatlán, podía transitar de manera libre por los pueblos de la Costa Chica y Montaña.
“Aquí nunca pasaba nada, estaba tranquilo en toda la región, podías caminar en la noche, desplazarte de un lugar a otro”.
Pero entre 1993 y 1994, dice, empezaron los asaltos en los caminos, los asesinatos y la violación de mujeres.
Ahí empezó la unión regional de ejidos, campesinos y comisarios de la Costa Chica y Montaña que derivó en la conformación de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias en 1995 en Santa Cruz del Rincón.
A la organización se sumaron productores de café.
“Entonces se empezó a frenar el delito, se empezó a detener a la gente mala. Dicen los cuentos que mucha gente no tiene hambre, no buscan el pan de cada día, sólo le gusta matar y violar”.
Hace cinco años comenzó a llegar el crimen organizado. A los sitios de taxis les llegó una notificación de que cada concesionario tenía que aportar mil pesos cada mes.
“‘Alguien que no quiera pagar la cuota, dennos los nombres, nosotros nos encargamos', eso nos decían”, recuerda Galeana Neri.
Para los transportistas era mucho dinero porque sólo les alcanzaba para llevar el pan de cada día a sus hogares. Aun así y ante la indefensión, pagaron durante dos meses la extorsión.
“Fue otro fenómeno más agresivo, que nunca habíamos visto”, dice.
De nuevo el pueblo se empezó a organizar; hubo quienes no quisieron por miedo.
Los que entraron a la defensa argumentaron que si se dejaban extorsionar eso los iba a afectar a largo plazo, por lo que pidieron a la autoridad comunitaria que tuviera la mano firme.
La estrategia fue que la delincuencia viera un pueblo unido. Los taxis redujeron a la mitad su circulación y dejaron de aportar dinero.
“Así veníamos, pero gracias a dios siempre hemos rogado a nuestro señor Jesucristo que nos cuide, que nos vigile, y entonces eso ayudó y no abusaron más”, señala el consejero de la organización de seguridad comunitaria.
La defensa de la biosfera y de la vida
El 8 de abril, en la presentación al público del Serti, se recordó que hace 11 años los pueblos de la Montaña y Costa Chica iniciaron su organización para la defensa del territorio en contra de la minería y de la imposición de una reserva de la biosfera, lo que dio paso al Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADET).
Pero que ahora, dijeron, se enfrentaban a una nueva y más peligrosa amenaza, esta vez relacionada con la violencia a manos de grupos criminales.
“No sólo por los caminos, también en el interior de las comunidades hay gente que trabaja no para la comunidad, sino para el crimen”.
La ausencia de autoridades y de seguridad la están cubriendo hombres y mujeres de las comunidades, señaló el defensor de derechos humanos.
–¿Se ha pulverizado la lucha social en la Montaña y Costa Chica de Guerrero? –se le pregunta a Sergio Ocampo.
–La lucha social siempre va a darse por los pueblos. Es como una guerra, en algunos lugares están derrotados, en otros lugares están fragmentados. Ha habido desaparición de dirigentes y el Estado está presionando para que eso ocurra, pero no, los pueblos se reorganizan y buscan nuevas formas de lucha, siempre ha sido así.
Ocampo añade que, en este momento, los pueblos entraron en un proceso de aparente concordancia con el poder al participar en el proceso electoral, “pero no se te olvide que cerca de 50 millones de mexicanos no votaron; puede ser la gente pensante o la que tiene menos información, no sabemos”.
El hecho de que se haya ganado la presidencia de México con 36 millones de votos no significa que se está logrando la desaparición del neoliberalismo, acota. “Ahí está Larrea y Carlos Slim, que son el mejor referente de que en este país los proyectos capitalistas siguen vigentes”.
El periodista dice creer que “todos esperamos que Claudia dé un paso adelante y no siga la estrategia de abrazos no balazos”, pero que también se sabe que matar a los dirigentes de los grupos delincuenciales tampoco es el camino. “Lo que no queremos es más sangre, simplemente queremos que se implemente una estrategia que proteja al pueblo, una estrategia inteligente”.
Para Félix Galeana, la violencia y los conflictos –principalmente agrarios– en las comunidades “se han dejado crecer por el gobierno, que no revisa de fondo lo que quiere la gente, dónde le duele, por qué se levantan en armas”.
“El gobierno tiene todos los recursos, pero no voltea a ver al pueblo. No lo van a entender, porque hay crímenes que tienen que ver y deben prevenir los cuatro niveles de gobierno”, es su reclamo.
Y contrasta mencionando lo que funciona en Tilapa, donde “el comisario es el pueblo, conoce a los vecinos. Aquí en Tilapa hay 13 delegaciones, una comisaría municipal y más de 5 mil habitantes, entonces nos conocemos y nosotros vemos qué trabajo hace cada uno, entonces nos vigilamos”.
Pidió que autoridades estatales y federales vayan a las delegaciones, a las comisarías, con los regidores y que escuchen la voz de la gente.
Dijo que los sistemas de seguridad no trabajan en contra de la ciudadanía ni en contra del gobierno, sino que ayudan a prevenir los delitos.
La violencia ha sido muy difícil de controlar, vemos que ya matan a candidatos y eso no se vale. La política es un juego, como un partido de basquetbol, el que tiene el bueno gana o a veces no, pero hasta ahí.
Félix explica que las comunidades no buscan enemigos, sino una autoridad que regrese al pueblo, que recurra a las comunidades “donde estamos puestos para ayudarlos”.
Y pide a las autoridades que, al acudir a los pueblos, hagan reuniones e informen a la gente lo que está pasando en el país, en el estado y en las propias regiones.
“Si el gobierno se metiera de fondo a conocer las causas ahí tendría la solución, pero siempre dice que no tiene tiempo, que no hay dinero, que no hay programa, y así se va alargando la situación”.
Puso como ejemplo el conflicto agrario que existía en Tilapa y Tierra Colorada que duró 80 años y que cobró la vida de una decena de pobladores por la falta de acuerdos y las posturas opuestas de las partes.
Ahí es, dice el consejero del Serti, donde el gobierno debe poner mucha energía. “Cuando ambas partes pelean tierras, proponer salidas, repartir en partes iguales, comprar tierras a algunas de las partes”, y otras salidas a los conflictos, como compensar con obras.
“Hay que entrar hasta la cocina de los problemas, hasta ver qué le duele a esta gente, qué le duele a la otra parte”, opina el líder comunitario, “pero no, esperan hasta que haya sangre, hasta que haya muertos, hasta que haya lágrimas”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUIS DANIEL NAVA.
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