Almaden Minerals inició un arbitraje contra el gobierno de México por la cancelación del proyecto minero en Ixtacamaxtitlán, cuyos habitantes solicitan reclamarle por los daños ocasionados.
En un pronunciamiento, la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua, respaldada por 15 organizaciones, demanda ser escuchada en este arbitraje internacional que inició Almaden Minerals para exigir al gobierno de México el pago de al menos 200 millones de dólares luego que se cancelaron sus concesiones de extracción de oro y plata en esta entidad.
“Solicitamos a las autoridades competentes (Secretaría de Economía, Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional, Subsecretaría de Comercio Exterior y al presidente Andrés Manuel López Obrador) que atiendan la presentación de pruebas y el testimonio de las comunidades indígenas que fueron afectadas por el proyecto minero”, reclama.
Esta organización señala que, hasta este momento, las actividades de la empresa canadiense en ese municipio generaron daños a la población, impactos a la salud, al medioambiente, opacidad, criminalización y estigmatización de personas defensoras, ruptura del tejido social y captura corporativa.
“Alzamos la voz para exigir que todos los daños que provocó Almaden Minerals Ltd. en el municipio de Ixtacamaxtitlán sean reparados y que las comunidades indígenas sean quienes reciban una indemnización y no las corporaciones millonarias”, exponen en este escrito.
Además, la Unión de Ejidos Atcolhua propone que el Tribunal de Arbitraje permita que puedan presentar su opinión escrita (amicus curiae) como población afectada por el proyecto minero y en calidad de parte no contendiente.
“Consideramos que estos procesos de arbitraje no deberían ser usados por las corporaciones para iniciar demandas en donde no se considera vinculante la opinión de las comunidades afectadas por proyectos de inversión, poniendo en riesgo la protección de los derechos humanos”, agrega.
La empresa, cuya filial es Minera Gorrión, informó que el 27 de junio solicitó un proceso de arbitraje contra el estado mexicano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) que es un mecanismo del Banco Mundial, invocando el Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), del cual México y Canadá forman parte.
Esto luego de que, en 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó las concesiones mineras otorgadas por la Secretaría de Economía, las cuales fueron autorizadas sin que se realizara consulta previa, libre e informada y sin consentimiento de la comunidad nahua y ejido Tecoltemi.
La empresa ha anunciado que cuenta con un financiamiento de 9.5 millones de dólares para sostener el proceso de arbitraje a través de la firma de abogados Boies Shiller Flexner.
La Unión de Ejidos sostiene que el comunicado con el cual la empresa da a conocer este proceso de arbitraje invisibiliza los derechos de las comunidades y las afectaciones que ya dejó en el territorio y que han sido documentadas tanto por esa organización a lo largo de diez años de lucha, como por la Evaluación de Impacto a los Derechos Humanos realizada a las comunidades.
Asimismo, recuerda, autoridades federales ambientales y de pueblos indígenas llevaron a cabo estudios en torno a los impactos ambientales y sociales en Ixtacamaxtitlán por la minería, concluyendo que esta actividad económica no es factible en la región.
Este pronunciamiento es respaldado por las organizaciones Servicios Ambientales Amelatzinhualahtoc A.C., Unidad Indígena Totonaca Náhuatl (Unitona), la Brigada de Defensa del Territorio Xochilteca, Cambiemos Ya la Ley Minera, el Centro de Estudios Ecuménicos, el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (Cesder).
Del mismo modo, firman esta postura el Colectivo Regional en Defensa de los Bosques y Territorio de la Sierra Norte de Puebla, el Consejo Maseual Altepetajpianij el Consejo Tiyat Tlali, la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske, Poder, la Organización Independiente Totonaca, el Movimiento Atzin, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario y Fundar Centro de Análisis e Investigación.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.
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