Salvador Torres Arqués, exdirector de CAASIM fue detenido por uso ilícito de atribuciones y facultades; también fue capturado el expresidente municipal de Tizayuca Gabriel García Rojas.
Torres, funcionario de la administración priista del ahora embajador de México en Noruega Omar Fayad Meneses, es acusado de uso ilícito de atribuciones y facultades al otorgar un contrato por 44 millones 80 mil pesos por una consultoría que, presume la Unidad Especial para la Investigación del Maxiproceso de la Estafa Siniestra, fue inexistente.
En tanto, al exedil de Tizayuca la PGJEH le imputa peculado agravado y uso ilícito de atribuciones y facultades agravado por 82 millones de pesos, relacionados con observaciones a las cuentas públicas de 2017 a 2020 que incluyen 50 millones no comprobados y el pago por un inmueble cercano a los 16 millones de pesos cuya adquisición, con base en dictámenes de la Auditoría Superior de la entidad, no acreditó legalmente.
El militante del PRI ha sido alcalde en dos periodos, 2006-2009 y 2016-2020. En el pasado proceso electoral buscaba el tercero, pero cayó ante Gretchen Atilano Moreno del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), partido en el poder en el municipio y el estado.
Ambos políticos se acogieron a la duplicidad del término constitucional de 144 horas para que se defina su situación legal, por lo que la continuación de sus audiencias fue programada para los próximos 3 y 4 de julio de 2024, respectivamente, a las 14:00 horas.
Mientras tanto, permanecerán bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
En el caso del exdirector de CAASIM, fue detenido el viernes 28 de junio en la Ciudad de México. La operación por la que le imputan peculado ocurrió el 11 de marzo de 2022, cuando signó un contrato con la persona moral Nort Solutions S. de R.L. de C.V., por los 44 millones 80 mil pesos que le demandan.
Doce días después, como responsable de la administración de los recursos de dicho organismo descentralizado, el imputado solicitó que se realizara el pago inmediato del servicio, lo cual se hizo el mismo día mediante una transferencia bancaria a una cuenta del contratista.
Aunque esta empresa debería cumplir con la “prestación de servicios de consultoría y asesoría para la preparación, alineación, evaluación y gestión, con fines de certificación en atención al ciudadano en el sector público, del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales”, los agentes investigadores presumen que nunca se llevó a cabo.
“Dicho pago fue ilegal toda vez que se llevó a cabo sin que la persona moral brindara el servicio contratado, pese a que fue solventado con numerario que constituía un fondo público, ya que fue solicitado mediante oficio con fecha 24 de febrero del 2022 a la Secretaría de Finanzas Públicas del gobierno del estado de Hidalgo”, sostuvo la representación del ministerio público durante la audiencia inicial.
En el otro caso, el exalcalde García Rojas fue aprehendido el domingo 30 de junio en la colonia Pedregal de Tizayuca. Los dos se encuentran en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca, donde cumplen la medida cautelar que les fue dictada.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁXEL CHÁVEZ.
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