“Se le hizo justicia al ejido Tenochtitlán y resolvió un problema que tenía más de cuarenta años”, a pesar de las “triquiñuelas” por parte de la empresa, dijo el ejidatario Mario Valdez, ante la resolución de la magistrada Araceli Cubillas Melgarejo.
Con la sentencia a su favor, se ordena a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano que realice los deslindes territoriales necesarios para delimitar las tierras de los ejidatarios que fueron explotadas a pesar de no estar en el plano del proyecto minero.
Los ejidatarios iniciaron la lucha legal contra la minera en 2011, cuando se percataron de que las mediciones y colindancias no coincidían con las tierras en su posesión, además de que había un faltante de aproximadamente 2 mil hectáreas que en ese entonces poseía Grupo Peñoles y que en 2006 fueron vendidas a la minera canadiense.
La primera resolución a su demanda, interpuesta en el Tribunal Unitario Agrario, fue a favor de la minera, por lo que los ejidatarios solicitaron la revisión de la sentencia, la cual fue finalmente revocada por el Tribunal Superior Agrario y dio inicio a otra lucha legal para exigir que se cumpliera la resolución federal.
Durante la batalla jurídica, la minera intentó criminalizar a los ejidatarios de Tenochtitlán y demandó a 16 campesinos en junio de 2013, luego de que policías estatales reprimieran un bloqueo que instalaron los pobladores para cerrar el paso entre el ejido y la minera.
AUTOR: REDACCIÓN.
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