Los magistrados descartaron la posibilidad de sancionar a López Obrador; asimismo, eximieron a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, así como a Morena y al PVEM.
Por unanimidad –aunque con dos votos concurrentes--, la Sala Especializada sostuvo que, cuando llamó a votar para los candidatos que “están por la transformación” para alcanzar la mayoría necesaria a la aprobación de las reformas constitucionales, López Obrador realizó un “uso indebido de programas sociales y coacción al voto”, violó los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad, usó recursos públicos, realizó promoción personalizada y difundió propaganda gubernamental en periodo prohibido.
Acto seguido, los magistrados descartaron la posibilidad de sancionar a López Obrador, pues refrendaron que “en cuanto a las infracciones que se acreditaron por parte del presidente de la República, no resulta aplicable dar vista, por el régimen especial para sancionar a la persona titular del Poder Ejecutivo”.
En su resolución, elaborada con base en una denuncia presentada por el PRD, los magistrados de la sala eximieron a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, así como a Morena y al PVEM, por los delitos señalados, pues consideraron que ellos no llamaron a votar a su favor ni tuvieron conocimiento previo de las declaraciones del mandatario.
En estas conferencias matutinas, López Obrador llamó la ciudadanía a votar masivamente “por la transformación” para alcanzar las dos terceras partes de diputados y senadores en el Congreso, necesarias a la adopción de las reformas constitucionales que presentará en el arranque del periodo legislativo de septiembre de 2024, justo antes de concluir su mandato.
De acuerdo con la resolución aprobada hoy, el presidente vulneró los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad atribuible a su cargo “porque sus manifestaciones fueron de naturaleza electoral”; aparte, utilizó los recursos públicos a su disposición para difundir sus declaraciones, a través de las redes sociales y los medios del gobierno federal.
El TEPJF también consideró que realizó promoción personalizada, ya que sus mensajes tuvieron el propósito de “evidenciar los logros y las acciones de su administración y generar una adhesión o simpatía por parte de la ciudadanía”, y que realizó uso indebido de programas sociales y coacción al voto al emplear “una línea argumentativa tendiente a condicionar la vigencia o beneficios de programas sociales a que una determinada opción política obtenga la mayoría calificada en el Congreso de la Unión”.
La resolución de la Sala Especializada se suma a una decisión anterior, tomada por la Sala Superior del TEPJF el 27 de mayo de 2023, cuando ordenó a la Presidencia de la República a que baje los videos de las mismas conferencias de los 9 y 11 de mayo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
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