Hace más de una década, el abogado y empresario mexicano Omar Aguirre Barragán, ya fallecido, aprendió cómo realizar fraudes de tiempo compartido con estafadores instalados en Puerto Vallarta, incluidos estadounidenses. “Aproximadamente en 2012, Aguirre informó al CJNG sobre el fraude de tiempo compartido y buscó su apoyo para hacerse cargo de este plan altamente lucrativo que estaba en manos de rivales en Puerto Vallarta y otros lugares. Finalmente, el CJNG tomó un control y eliminó a Aguirre como intermediario innecesario”.
Apenas esta martes tres contadores mexicanos y cuatro empresas mexicanas fueron acusados de estar vinculados, directa o indirectamente, en este esquema fraude que es liderado por el Cártel Jalisco Nueva Generación, acusó el Departamento del Tesoro Estadounidense que emitió junto a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y al FBI un aviso a las instituciones financieras de ese país para alertar sobre este fraude.
La OFAC informó que esta acción fue coordinada con el Gobierno de México, particularmente con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), así como con socios del gobierno de Estados Unidos: FinCEN, el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y la Agencia Antidrogas (DEA).
Aunque existen diferentes tipos de fraude de tiempo compartido, los esquemas a menudo involucran lo siguiente: estafadores que afirman tener compradores listos hacen ofertas de compra no solicitadas a los propietarios de tiempo compartido; si se acepta la oferta, los estafadores solicitan a los propietarios de tiempo compartido pagos de tarifas e impuestos por adelantado, supuestamente para facilitar o acelerar la venta con garantías de reembolso al momento del cierre; una vez que se han realizado varios pagos a los estafadores, los propietarios de tiempo compartido eventualmente se dan cuenta de que las ofertas eran ficticias, que no hay compradores y que su dinero se ha acabado.
Al menos desde octubre de 2019 se identificó este modus operandi cuando seis mexicanos fueron acusados formalmente por un gran jurado federal en el estado de Luisiana de Estados Unidos de cometer fraude durante al menos tres años. Los acusados junto con otras personas idearon un esquema de telemercadeo para engañar a ciudadanos de Estados Unidos, Canadá y Sudamérica. Su plan consistía en hacer llamadas telefónicas a dueños de propiedades turísticas de tiempo compartido en Puerto Vallarta para inducirlos a pagar tarifas asociadas con la supuesta venta de su propiedad, para ello solicitaban un pago.
“Los acusados tergiversaron la existencia de un comprador para su tiempo compartido y solicitaron dinero a las víctimas para facilitar la venta. Solicitaron a los propietarios de tiempo compartido celebrar acuerdos para vender sus tiempos compartidos y pagar los supuestos ‘costos de cierre’ con transferencias electrónicas desde instituciones bancarias dentro de Estados Unidos a bancos mexicanos. No hubo compradores interesados, los cierres no se produjeron y los tiempos compartidos no se revendieron. En cambio, los conspiradores simplemente se embolsaron los honorarios adelantados. De las víctimas estadounidenses, 40 tenían 60 años o más, y la pérdida total estimada es de al menos 10 millones de dólares”, expone el Departamento del Tesoro Estadounidense en un informe sobre el caso.
El Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, explicó que los estafadores de los cárteles dirigen equipos sofisticados de profesionales que parecían perfectamente normales, pero que en realidad son blanqueadores de dinero capacitados por expertos para estafar a ciudadanos estadounidenses que buscan invertir en propiedades en Puerto Vallarta.
“Las llamadas y los correos electrónicos pueden parecer legítimos, pero en realidad son realizados por delincuentes apoyados por cárteles. Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea. El Tesoro y nuestros socios están desplegando todas las herramientas disponibles para interrumpir esta nefasta actividad, que financia el tráfico de drogas y el contrabando de personas, y alentamos al público a utilizar nuestros recursos para mantenerse alerta contra estas amenazas”, expuso Brian E. Nelson.
Por estos motivos, el Gobierno estadounidense sancionó este martes a los contadores mexicanos Griselda Margarita Arredondo Pinzón, Xeyda Del Refugio Foubert Cadena y Emiliano Sánchez Martínez “por haber actuado o pretendido actuar en nombre de, directa o indirectamente, del CJNG”.
Estos contadores, explica el Tesoro, operan desde Puerto Vallarta y ayudan en las actividades de fraude de tiempo compartido del CJNG. Destaca que tienen relaciones familiares con personas previamente sancionadas por EU. Arredondo, por ejemplo, es media hermana de un líder del CJNG, Julio César Montero Pinzón, alias “El Tarjetas”, a quien la OFAC sancionó previamente. Foubert a su vez es cónyuge de Sánchez y hermana de Manuel Alejandro Foubert Cadena, abogado mexicano vinculado a las actividades de tiempo compartido del CJNG.
La OFAC también sancionó a cuatro empresas mexicanas: Constructora Sandgris, S. de R.L. de C.V.—que supuestamente se dedica al comercio mayorista—por ser propiedad de Arredondo. Adicionalmente, se sancionó a Pacific Axis Real Estate, S.A. de C.V. y Realty & Maintenance BJ, S.A. de C.V.—que supuestamente se dedica a actividades inmobiliarias—por ser propiedad de Foubert. Y finalmente, la OFAC sancionó a Bona Fide Consultores FS S.A.S., una firma de contabilidad, por ser propiedad de Sánchez.
EL FRAUDE COMO NEGOCIO
El Gobierno estadounidense expone que hace más de una década, el abogado y empresario mexicano Omar Aguirre Barragán, ya fallecido, aprendió cómo realizar fraudes de tiempo compartido con estafadores instalados en Puerto Vallarta, incluidos estadounidenses. “Aproximadamente en 2012, Aguirre informó al CJNG sobre el fraude de tiempo compartido y buscó su apoyo para hacerse cargo de este plan altamente lucrativo que estaba en manos de rivales en Puerto Vallarta y otros lugares. Finalmente, el CJNG tomó un control y eliminó a Aguirre como intermediario innecesario”.
Omar Aguirre Barragán fue un abogado que se involucró con el CJNG, agrupación a la que adiestró sobre cómo realizar los fraudes de tiempo compartido en Puerto Vallarta, Jalisco, negocio en el que también involucró a su cuñado de origen canadiense, esposo de una de sus hermanas, según señala información recabada por el periodista Jorge Olmos.
De acuerdo con esta información, en un inicio, Aguirre Barragán trabajó en este tipo de estafas con el Cártel de Sinaloa, antes de 2008, pero más tarde, entre 2010 y 2014, se relacionó con el CJNG para llevar a cabo el mismo esquema de negocio ilícito.
En 2014, Aguirre Barragán fue detenido junto con otros integrantes de ese grupo criminal, entre ellos, Miguel Ángel Pérez Quintero, presunto jefe de plaza del CJNG en Puerto Vallarta. Pasaron tres años para que Aguirre Barragán, a quien no se le encontró droga al momento en que fue detenido, fuera sentenciado. Las condenas que recibieron los imputados fueron de los siete a los 13 años. Por lo que Omar fue ingresado al penal de Puente Grande y más tarde fue trasladado a un penal del estado de Tamaulipas.
El abogado habría obtenido su libertad entre 2019 y 2020, no obstante, durante un viaje que realizó entre Jalisco y la Ciudad de México, habría sido ejecutado por sujetos desconocidos, pero hasta el momento se desconocen los detalles del supuesto homicidio.
El CJNG es una violenta organización criminal transnacional con presencia a lo largo y ancho de EU que trafica una proporción significativa del fentanilo ilícito y otras drogas. En marzo de 2023, la OFAC señaló cómo “a medida que el CJNG ha ido consolidando territorio durante la última década, ha añadido otros delitos a su actividad principal de narcotráfico”.
“En destinos turísticos como Puerto Vallarta, el CJNG se ha involucrado fuertemente en el fraude de tiempo compartido, que a menudo apunta a ciudadanos estadounidenses. Este delito, que puede defraudar a las víctimas con los ahorros de toda su vida, resulta en otra importante fuente de ingresos para el cartel y fortalece su empresa criminal en general”.
El esquema descrito por EU señala que esta organización criminal transnacional opera call centers con estafadores que se hacen pasar por agentes de tiempo compartido. “Los estafadores atacan y defraudan a los propietarios estadounidenses de tiempo compartido en México a través de complejos esquemas de telemercadeo, suplantación de identidad y pagos por adelantado, que a menudo duran años, incluyendo estafas de salida de tiempo compartido, realquiler e inversión. Las víctimas de fraude de tiempo compartido en México a menudo son nuevamente atacadas después de estas estafas en esquemas de revictimización donde los perpetradores se hacen pasar por firmas de abogados con sede en Estados Unidos y autoridades estadounidenses, mexicanas e internacionales”.
“Las víctimas a menudo envían pagos a los estafadores a través de transferencias bancarias a través de bancos corresponsales estadounidenses a compañías fantasma mexicanas con cuentas en bancos o casas de bolsa mexicanas antes de que los fondos mal habidos sean lavados en México a través de compañías fantasma y fideicomisos adicionales controlados por miembros del cartel, sus familiares o lavadores de dinero de terceros, como contadores cómplices y otros profesionales”, refiere el reporte.
AUTOR: OBED ROSAS.
No hay comentarios:
Publicar un comentario