En la disputa por quién será el sexto integrante de la Sala Superior del Tribunal electoral para calificar la elección presidencial se mencionan cinco nombres de magistrados que podrían ocupar esta vacante.
El conflicto inició cuando el juez Rodrigo de la Peza López, titular del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, concedió una suspensión provisional a una organización para que la Sala Superior del Tribunal Electoral designara a las dos personas magistradas que le faltan para integrar por completo el pleno de la Sala y poder así calificar la elección presidencial. La falta de magistrados se debe a una omisión del Senado de hacer estos nombramientos pendientes desde noviembre.
El sexto pasajero en la calificación presidencial
En la disputa por quién será el sexto integrante para calificar la elección presidencial se mencionan cinco nombres de magistradas y magistrados que podrían ocupar esta vacante: Gabriela Eugenia del Valle Pérez, de la Sala Regional Guadalajara; Claudia Valle Aguilasocho, de la Sala Monterrey; Enrique Figueroa Ávila, de la Sala Xalapa; María Silva Rojas, de la Sala Ciudad de México y Alejandro David Avante Juárez, de la Sala Toluca.
Y es que el artículo 167 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que para hacer la declaración de validez de presidenta o presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos o para declarar la nulidad de tal elección, la Sala Superior deberá sesionar con la presencia de por lo menos seis de sus integrantes. El Pleno de esta Sala Superior debe tener en total siete integrantes.
Sin embargo, desde noviembre de 2023, la Sala Superior del Tribunal Electoral trabaja de manera incompleta, debido a que se terminaron los periodos de los magistrados José Luis Vargas e Indalfer Infante, por lo que deben ocupar una vacante antes de la calificación.
Por este motivo, para ocupar la vacante, el artículo antes referido establece que la nueva magistratura debe ser elegida primero por antigüedad en su labor jurisdiccional o en su caso de ser la persona de mayor edad. Las y los cinco magistrados antes mencionados fueron designados el 17 de marzo de 2016.
Así, quienes se disputan la vacante son las magistradas Gabriela Eugenia del Valle, quien es cercana a la magistrada Janine Otalora y nació el 4 de enero de 1964, y Claudia Valle, cercana al magistrado Felipe De la Mata y que nació el 20 de octubre de 1972, por ser las de mayor edad, pero que forman parte de grupos contrarios dentro del Tribunal Electoral.
Así lo explicó el senador Germán Martínez en entrevista con Grupo Fórmula,en la que señaló: “hay una omisión del Senado de la República y de Morena (por designar a los magistrados faltantes), ese es un hecho y el otro hecho es que aquí está la ley y que se necesitan 6 (magistrados) y que hay dos asuntos importantes: calificar la elección y la sobrerrepresentación”.
La división dentro del Poder Judicial se hizo evidente incluso cuando la magistrada Janine Otalora señaló que tanto ella como el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón se opusieron a la presentación de la denuncia penal contra el juez Rodrigo de la Peza López, mientras quienes votaron a favor de la presentación de esta denuncia fueron la magistrada presidenta Mónica Soto y los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes Barrera.
El pleito entre un juez y el Tribunal Electoral, el origen
Todo comenzó desde el pasado fin de semana cuando el juez Rodrigo de la Peza López, titular del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, concedió una suspensión provisional a una organización para que la Sala Superior del Tribunal Electoral designara a los dos magistrados que hacen falta para integrar por completo al organismo electoral.
En su resolución, el juez Peza López dio 24 horas al Tribunal para acatar la medida o de lo contrario atenerse al pago de una multa.
La noticia la dio a conocer el senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de la Unión, quien aseguró que lo hecho por el juez era indebido y violaba la Constitución.
“En una intromisión indebida, el juez viola el Art. 99 de la Constitución y el 167 de la Ley Orgánica de ese Poder. El Tribunal Electoral es la máxima autoridad jurisdiccional y dispone de autonomía e independencia”, escribió el senador en su cuenta de X, antes Twitter, al insistir que situaciones como esta son las que los han orillado a impulsar una reforma al Poder Judicial.
Ante esta situación, las y los magistrados del Tribunal Electoral se reunieron de emergencia el pasado lunes 1 de julio de 2024, encuentro en el que decidieron desacatar la orden del juez y proceder penalmente en su contra ante la Fiscalía General de la República (FGR), al considerar que el juzgador no tenía competencia para imponer en su contra medidas cautelares en materia electoral, mismas que fueron consideradas “injustificadas y excesivas”.
“El TEPJF rechaza de manera categórica el infundado actuar del referido Juez de Distrito al pretender imponer, por encima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley orgánica y el propio reglamento, las determinaciones que, para el adecuado funcionamiento de este órgano, competencialmente atañen exclusivamente a la Sala Superior”, señaló el Tribunal Electoral mediante un comunicado.
A esta medida se sumó Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría de Gobernación, que anunció que solicitaría juicio político en contra del juez Rodrigo de la Peza, al asegurar que lo hecho por el juzgador violó la Constitución.
“El día de hoy solicitaremos su juicio político por violar la constitución. Es evidente que actúa por consigna, escribió Alcalde en su cuenta de X.
Ese mismo día, el Gobierno Federal concretó su petición de juicio político contra Rodrigo de la Peza al presentar su solicitud formal ante la Cámara de Diputados y asegurar que “sus decisiones han estado cargadas de sesgos y excesos que han sido denunciados públicamente, pero no atendidos por el órgano de control del Poder Judicial y el Consejo de la Judicatura Federal”.
“Por eso se acude al poder donde reside la representación popular, y que sean las diputadas y diputados quienes determinen si ha existido en sus decisiones un ejercicio excesivo de facultades o invasión de competencias de otros poderes o autoridades; como su reciente intromisión en asuntos de jurisdicción exclusiva del Tribunal Electoral”, escribió Alcalde Luján.
De esta forma, la secretaria volvió a hacer referencia a la propuesta de reforma presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero de 2024 ante el Congreso de la Unión, conocido como Plan C, por la que busca que todas las personas juzgadoras, magistradas y ministras del Poder Judicial de la Federación sean elegidos mediante voto popular.
Una reforma judicial que fue impulsada debido al “deterioro” de las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial tras la llegada de la ministra Norma Piña a la presidencia de la Suprema Corte, tal y como lo aseguró el senador Ricardo Monreal durante el segundo foro abierto sobre la reforma judicial.
El jueves 4 de julio, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México revocó la suspensión provisional otorgada por el juez Rodrigo de la Peza al considerar que la Sala Superior tiene hasta el 6 de septiembre para calificar la elección, “de tal modo que no se advierte un daño inminente porque ahora la Sala no esté integrada por el mínimo de seis”.
Ante esta situación, el presidente López Obrador consideró que ya no es necesario llevar a juicio político a De la Peza, por lo que adelantó que retirarían su petición al Congreso de la Unión.
“No, no, no, si ya se resolvió, ya para qué. Qué bueno. Para qué va a estar uno en puerta de autoridad, como se decía antes”, dijo el mandatario en su conferencia de prensa del 5 de julio de 2024.
¿Cómo se resolverán los asuntos relacionados con la elección presidencial?
Para resolver todas las impugnaciones relativas a la elección presidencial, el 17 de junio la Sala Superior del Tribunal Electoral acordó la creación de una Comisión Especial -integrada por los magistrados Felipe De la Mata y Fuentes Barrera- que tiene como objetivo regular la instrucción, sustanciación y elaboración del proyecto de sentencia de las quejas interpuestas contra la validez de la presidencia de México.
Para llevar a cabo la sustanciación de estos asuntos, la Comisión convocará a la celebración de una audiencia pública para desahogar las pruebas ofrecidas por las partes, por lo que la ciudadanía podrá conocer todos los elementos aportados.
De esta forma se notificará a las partes con 24 horas de anticipación y se llevarán a cabo las audiencias públicas de pruebas dentro de los 20 días siguientes al inicio de funciones de la Comisión.
Según el acuerdo, las partes podrán solicitar la celebración de audiencias públicas de alegatos, en las que podrán destacar o enfatizar oralmente los argumentos presentados en sus demandas ante las y los magistrados de la Sala Superior.
Para realizar esto deberán solicitar audiencia por escrito, antes del cierre de instrucción correspondiente, para la que se citará a las partes en la fecha y hora correspondiente, aunque únicamente la parte solicitante de la audiencia tendrá derecho a hablar para exponer sus alegatos.
No obstante, todas las partes podrán solicitar derecho a voz, para lo cual deberán seguir el procedimiento antes mencionado.
En caso de que las partes lo consideren necesario, podrán solicitar una segunda audiencia de alegatos, mismas que quedarán registradas en el acta que se levantará sobre la calificación de la elección presidencial.
Durante este procedimiento, el Tribunal Electoral hará una invitación a la ciudadanía en general y a las instituciones académicas para que comparezcan ante la Comisión como amigos de la Corte (amicus curiae) con la finalidad de que también presenten sus conocimientos técnicos y jurídicos sobre los medios de impugnación, para que puedan ayudarle a resolver los asuntos relacionados a la elección presidencial.
Este sábado 6 de julio, los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, integrantes de la Comisión, aceleraron el paso y llevaron a cabo una sesión para el desahogo y certificación de las pruebas ofrecidas en contra de la elección presidencial por Xóchitl Gálvez, excandidata presidencial por el PRI-PAN-PRD, y diversos partidos políticos y terceros.
Sin embargo, pese a que las personas que interpusieron las impugnaciones fueron notificadas de la hora y lugar, Gálvez Ruiz no acudió a la audiencia pública para presentar los alegatos de su impugnación.
A través de sus redes sociales, la senadora dijo que no se presentaría como protesta porque el Tribunal Electoral supuestamente violó sus propios acuerdos.
“Explico: el Tribunal había determinado habilitar un micrositio para subir toda la información relacionada a las impugnaciones y una vez habilitado, 20 días después, se realizaría el desahogo de pruebas. Sin embargo, fui citada de un día para otro sin que se cumpliera el acuerdo“, denunció.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MAZA.
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